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10/10/2018
Actualización 10/10/2018 - 13:09

Hace ya muchos años que en esta columna insistimos en el absoluto descontrol de los gobernadores. Hemos recordado que sólo en dos ocasiones hemos vivido en México bajo el federalismo: cuando perdimos la mitad del territorio, en 1846-1848, y a partir de 1998, bajo el experimento democrático. En ambos casos, en lugar de que eso significara un equilibrio del poder central, produjo una dispersión del abuso. Mientras las autoridades locales estuvieron controladas desde el centro, ya sea bajo el porfiriato o el priato, las cosas más o menos funcionaron. Cuando tuvieron las manos libres, los gobernadores (en general) saquearon con todo placer. Algunos, incluso, perdieron la razón por completo, y sus desfalcos se miden en miles de millones de pesos.

El IMCO ha publicado un estudio en el que revisan presupuestos y cuentas públicas de los estados, y los resultados son abrumadores. En primer lugar, suelen subestimar sus ingresos, de forma que cerca del 20 por ciento de lo que recaudarán no queda registrado en el presupuesto, y por lo tanto no tiene un destino claro. Cuando ese dinero llega (porque llegará), el gobernador tiene las manos libres para usarlo en lo que le plazca. Eso puede ir desde robo directo hasta financiamiento electoral, pasando por lo que a usted se le ocurra.

En los gastos, hay datos sorprendentes. Guerrero presupuestó 20 mil pesos para ceremonias oficiales, y acabó gastando 134 millones en ese rubro, es decir: un millón de pesos cada tres días en algo que es esencialmente inauditable. Salvo que se demuestre lo contrario, se lo robaron todo. Yucatán gastó en ese mismo renglón una cantidad equivalente a su gasto en infraestructura. En otras comparaciones absurdas, Baja California egresó en viáticos el triple de lo que gastó en salud; Quintana Roo gastó en publicidad el equivalente al 80 por ciento del gasto en protección ambiental; Coahuila, el equivalente al gasto en seguridad pública.

Este trabajo del IMCO no resulta fácil porque las entidades no publican su información completa (algunos no la publican de ninguna manera), ni de forma accesible. Un tercio de las entidades tienen la información disponible a todo público, la mitad hay que buscarla, y los restantes no se encuentran. Apenas 14 entidades publican información que puede armonizarse en la mitad o más de los rubros.

En resumen: esto es un desorden monumental. Y todo esto antecede al nuevo gobierno, debe quedar claro. De hecho, tal vez todo esto produce al nuevo gobierno. La rebelión de los votantes desde 2016 apunta a un rechazo total a los gobiernos locales, transformado en la avalancha electoral de julio pasado. Una vez más, el federalismo fracasa en México.

Entiendo que hay muchas personas que quieren defender esta forma de gobierno, pero la evidencia que tenemos en nuestro país no ayuda mucho. En las dos ocasiones en que se ha experimentado con él, nos ha ido mal. En la primera, perdimos la mitad del territorio; en la segunda, la pluralidad (al menos). Pero esto también debe dar señales a quienes llegan a gobernar. No olvidemos que López Obrador puede controlar directamente 21 entidades federativas, ya sea porque su partido ganó la gubernatura o el Congreso local. Considerando los datos del IMCO y la experiencia histórica, sería muy absurdo que hubiera manos libres a los gobernadores, específicamente a los 21 que pueden controlarse desde el centro.

Casi la mitad del gasto del gobierno ocurre a través de los gobiernos estatales. Buena parte del problema de seguridad es también su responsabilidad. Ahí tiene una oportunidad López Obrador. Y si los ciudadanos creen que esto debe ser diferente, ya tendrán oportunidad de volver a votar. Si de verdad queremos federalismo, construyámoslo desde abajo y con contrapesos.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.