Los dos grandes temas de la vida nacional, como sabemos, son la inseguridad y la corrupción. Desde hace algunos años nos hemos convencido de que eso es lo más importante que debemos resolver, y alrededor de ellos se definió la elección de julio. El nuevo gobierno ha propuesto 50 puntos para enfrentar la corrupción, algunos mejores que otros y, aunque algunos de los integrantes de la próxima administración no dan mucha confianza, habrá que esperar para confirmar la eficiencia de las propuestas.
En cambio, en cuestión de seguridad el asunto se ve mucho más confuso. Durante la campaña se habló de amnistía, sin aclarar muy bien el tema. En las semanas siguientes, se ha propuesto regular los estupefacientes, también sin llegar a detalle. Se organizaron foros de pacificación, que no parecen avanzar mucho. El presidente electo, una vez reunido con los secretarios de Defensa y Marina, ha acordado que las Fuerzas Armadas seguirán apoyando en seguridad pública, por el momento.
Ya comentamos que el triunfo abrumador de la elección ha puesto al nuevo gobierno en problemas, porque no esperaban tener tanto apoyo (y tanta responsabilidad) tan pronto. Sin embargo, creo que existe la posibilidad de construir una estrategia exitosa, con base en todos los fragmentos enumerados.
Aunque la creencia popular es que la violencia en México es responsabilidad del gobierno federal, y específicamente de la decisión de Felipe Calderón de enfrentar al narco, y de Peña Nieto por continuarlo, la evidencia parece apuntar más bien a una falta de capacidad institucional para garantizar la seguridad. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, México destina a seguridad, justicia y defensa, una cantidad miserable: 1.4 por ciento del PIB, tal vez la más baja entre países grandes en el mundo. Además, hay una falta de coordinación espectacular entre entidades y federación, y peor si incluimos municipios.
Por lo mismo, la oportunidad que tiene López Obrador es insuperable. Contará con el control directo de 21 entidades federativas: cinco que ganó su partido, y 16 donde ganaron el Congreso local, las senadurías, y la mayoría de los diputados federales. El gobernador(a) de cada uno de esos 21 estados tendrá que acatar órdenes de López Obrador, o se quedará sin presupuesto, sin control político del estado y, con suerte, hasta sin chamba. En eso, AMLO tiene un poder que no tuvieron ni Calderón ni Peña Nieto, que nunca lograron que los gobernadores asumieran su parte de responsabilidad en la lucha contra el crimen.
Debería ser ya evidente que estamos teniendo un alza en delitos del fuero común, amparados en la ola de violencia del crimen organizado. Eso debería poder resolverlo el gobierno local, con apoyo de la federación. En la lucha contra el crimen organizado, además del apoyo de las Fuerzas Armadas (que afortunadamente ya se ha acordado), conviene una estrategia de acotamiento de espacios, que creo que podrá llevar a cabo Alfonso Durazo.
La regulación-legalización de enervantes, aunque será un proceso lento, servirá para reducir un poco el mercado ilegal, y especialmente para evitar que decenas de miles de jóvenes acaben en la cárcel por tontos, y no por criminales. En esta dirección, conviene que el asunto de la amnistía empiece a tomar forma: para quienes fueron detenidos por consumo de pequeñas cantidades, para las comunidades que sirven de parapeto a criminales, etc.
Vea usted: Fuerza suficiente para enfrentar al crimen organizado, inteligencia para acotar espacios, coordinación de verdad con los gobernadores, y amnistía para los extremos más débiles y abusados de la cadena. De verdad que López Obrador tiene una oportunidad extraordinaria para empezar a resolver uno de los problemas más importantes para los mexicanos. Espero que así sea.