Tercos y vengativos

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El Sistema Nacional Anticorrupción es una transformación enorme. Por primera vez contamos con una construcción jurídica que puede permitirnos resolver el problema fundamental que tenemos: no contar con un Estado de derecho. Como cualquier ley, lo que este sistema hace es cambiar los incentivos, es decir, los costos de las decisiones de cada persona. Hasta ahora, había una muy baja probabilidad de castigo para alguien que optara por utilizar su puesto público en su beneficio. Por eso es raro encontrar un exgobernador que tenga que trabajar, o descendientes de algún presidente que no tengan la vida resuelta.

El Sistema Nacional Anticorrupción pudo avanzar gracias al duro golpe que la opinión pública propinó al presidente Peña Nieto con motivo de la 'casa blanca', pero también gracias a que la Red para la Rendición de Cuentas había redactado la esencia de esa construcción jurídica, y a que otras organizaciones civiles se sumaron y promovieron la reforma constitucional que se aprobó en mayo de 2015. Para sacar adelante la traducción de esa reforma en leyes, las organizaciones decidieron promover una iniciativa ciudadana. Entiendo que por razones de mercadotecnia, adoptaron la idea de 3de3, que no tenía mucho que ver con el sistema anticorrupción, pero que había sido el lema de una de las organizaciones. Esto implicaba suponer que los mexicanos estaban más dispuestos a firmar 3de3 que una iniciativa contra la corrupción, y eso sólo ocurriría si nos moviese más la sed de venganza y la humillación pública que la justicia ¿Es así?

En cualquier caso, sea por ese nombre, o porque el tema de corrupción realmente movía a los mexicanos, más de 600 mil personas firmaron la iniciativa ciudadana, y eso obligó a los políticos a proceder con las leyes que no querían sacar. Y aquí, creo, hubo un nuevo momento de terquedad: durante las negociaciones en el periodo ordinario, y rumbo al extraordinario de la semana pasada, se dedicó demasiado esfuerzo al asunto de las tres declaraciones. Digo demasiado, porque no puedo entender cuál es la importancia de dichos documentos. No es una práctica corriente en países menos corruptos, ni ha probado tener alguna utilidad aquí. Ya lo comentaba hace meses: varios políticos entregaron 3de3 mintiendo por completo, sin que eso tuviese efecto.

El fin de la corrupción no va a venir de declaraciones, sino de un sistema diferente, como el que se promueve con la reforma constitucional y las leyes que ahora le dan forma. En ese tramado jurídico, las declaraciones son contingentes. Tienen utilidad, pero no es necesario que sean públicas, salvo la de intereses. La tenaz insistencia en ello de parte de algunos ciudadanos me pareció, y sigue pareciendo, inexplicable. Lo que queríamos los ciudadanos era terminar con el negocio de los políticos, y le exigíamos a ellos que lo aceptaran. ¿Para qué además cebarnos en un tema de poca utilidad y gran fricción?

La tenacidad o terquedad de este grupo obtuvo una respuesta de peor nivel: la venganza de un grupo de senadores que incorporó un artículo 32 en la Ley de Responsabilidades que hace impracticable el tema de las declaraciones. Tal y como quedó redactado, 20 millones de beneficiarios de Progresa-Oportunidades, miles de becarios y cientos de miles de trabajadores de empresas que venden al gobierno tendrán que entregar declaraciones similares a las de los políticos.

Terquedad de un lado, venganza del otro, y en manos de esas dos o tres decenas de personas se nos está yendo el esfuerzo más importante y prometedor de la historia de México.

Devuelva el Ejecutivo la ley, y haya serenidad e inteligencia en ambos lados.

Profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey

Twitter: @macariomx

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