Hemos insistido mucho en que el nuevo arreglo político de México, creado en 1996 para abrirnos a la pluralidad, se ha agotado. En buena medida, esto ocurrió por la decisión de las fuerzas políticas de restringir la apertura después de la elección de 2006. La reforma política de 2007-2008 fue un retroceso que no sólo dañó seriamente al IFE (hoy INE), sino que convirtió al TEPJF en un elemento dañino. En los diez años que siguieron a ese error, la inercia evitó mayores problemas, pero en 2016 las cosas cambiaron.
Creo que en 2016 llega a su fin el experimento de pluralidad electoral con impunidad política. Finalmente, los electores decidieron castigar en serio a los saqueadores, y el PRI perdió siete de 12 elecciones estatales. En donde eso ocurrió, empezó la persecución de los gobernadores. Es importante recordarlo, porque no se detuvo a Javier Duarte o Roberto Borge por deseo del gobierno federal, ni es por ello que otros están prófugos o semiarraigados (el otro Duarte, Yarrington, etcétera). Desde ese momento, el PRI había ya perdido 2018, aunque hayamos tardado en darnos cuenta. En 2017, para no ser barridos, aplicaron una estrategia de división y ataque en Estado de México y de plano se robaron Coahuila, como no había ocurrido en décadas.
En ambos casos, el TEPJF validó las acciones del gobierno federal, o del PRI, que es lo mismo. Ya desde antes, este órgano jurisdiccional se había dedicado a minar la credibilidad del INE, anulando sus decisiones. Esta semana, decidieron obligar al Instituto a registrar como candidato a Jaime Rodríguez, El Bronco, quien había simulado o falsificado la mitad de los apoyos conseguidos con ese fin. El argumento de su defensa es que el INE no le dio derecho de audiencia en cada uno de esos apoyos, de forma que no pudo corregir a tiempo. Se extiende con ello el criterio de 'debido proceso', como tradicionalmente se ha extendido el de amparo, para validar acciones claramente ilegales y dolosas. No es nuevo en el sistema jurídico mexicano, y seguramente sobrarán abogados que lo verán normal, compatible con la chicanería cotidiana.
El problema es que se trata de un órgano establecido para juzgar acciones dirigidas al acceso al poder, no es del ámbito familiar o mercantil. Los errores o interpretaciones que ese órgano cometa se reflejarán en la legitimidad del mismo Estado. Dicho más claramente, el TEPJF ya no sólo mina la legitimidad del INE, sino del Estado mismo, y todo indica que lo hace siguiendo instrucciones de ese mismo Estado. Sería pecar de ingenuidad imaginar que los fallos de Coahuila o de El Bronco resultan de peculiares visiones del derecho electoral, producidas por juristas serios e independientes.
No tengo idea de cómo el registro de este nuevo candidato afecta o beneficia al resto. Estoy convencido de que una persona que busca llegar al poder simulando y comprando no puede considerarse opción. Pero sobre todo me preocupa que un gobierno que vive ya en el margen de la legitimidad intervenga de esta manera en el proceso que culminará en su reemplazo. Hace tiempo le había comentado que un triunfo del PRI en 2018 difícilmente sería aceptado por la mayoría de los ciudadanos. Ahora me parece que hemos pasado a la imposibilidad. ¿Es imaginable que el candidato que hoy está en tercer lugar, a 20 puntos del primero, pueda alcanzarlo y ganarle con margen suficiente como para evitar una disputa en tribunales? Y si no es así, ¿qué legitimidad tendrá este Tribunal, después de lo que hemos visto? El TEPJF ha enterrado a Meade.
Insisto en lo que he comentado con usted esta semana: es necesario entrar de fondo a la construcción de un nuevo arreglo político.