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19/12/2017
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La Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán del 2014 hizo necesaria la movilización masiva de elementos de fuerzas del orden. (Cuartoscuro)
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En contra de la opinión de diversos grupos, se aprobó la Ley de Seguridad Interior. Los opositores se quejan, en principio, de que la ley lo que hace es reconocer la situación actual, pero no cambiarla. Tienen razón, pero no sé si eso es motivo de queja. Tenemos la tradición de promulgar leyes que son más bien aspiraciones utópicas que normas destinadas al cumplimiento. En esa perspectiva, la queja tiene sentido.

Es evidente el problema de seguridad, pero no estoy seguro de que tengamos un diagnóstico consensuado, y por lo mismo, propuestas convergentes de solución. Algunos insisten en que se trata de una guerra, y por ello proponen soluciones propias de ese tipo de conflictos, incluyendo amnistías. Otros suponen que la inseguridad tiene su origen en la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, de forma que imaginan que con retirarlas se resuelve el conflicto. Estas dos perspectivas coinciden en la idea de que la Ley de Seguridad Interior no tiene utilidad alguna. Los impulsores de estas interpretaciones también creen que el Ejército es una especie de enemigo del pueblo.

Otros pensamos que la inseguridad tiene su origen en una ausencia del Estado. El fin del autoritarismo y el centralismo abrieron huecos que no fueron llenados por otros niveles del Estado: ni gobernadores ni presidentes municipales. Los espacios fueron ocupados por grupos de criminales, que paulatinamente han intentado suplir al Estado mismo, cobrando impuestos (extorsión) e impartiendo justicia (levantones, asesinatos, fuerzas comunitarias). Estos vacíos, para recuperarse, requieren mucha fuerza, y eso es lo que Ejército y Marina han ofrecido. Visto así, la Ley de Seguridad Interior, imperfecta, es necesaria.

Como hemos comentado en muchas ocasiones, es imposible resolver un problema que no se ha planteado bien. De hecho, la solución depende de lo que se defina como problema, y las perspectivas son determinantes en ello. Visto desde la academia, en la ciudad de México, el fenómeno es muy diferente de lo que perciben los habitantes de Ciudad Victoria, Tamaulipas, o Chilpancingo, Guerrero. Con todos los defectos que puedan tener, los gobernadores reúnen una gran cantidad de información, y han sido prácticamente unánimes en la exigencia de la ley. No hay duda de que ellos deberían enfrentar al crimen, pero no lo han hecho. No han logrado construir cuerpos confiables de Policía, y sin las Fuerzas Armadas no podrían mantener un mínimo de gobernabilidad en sus estados. Alguna responsabilidad deberían tener, por omisos, pero no creo que el Congreso deba cargarle el costo de esa omisión a los ciudadanos, cancelando la única barrera frente a los criminales.

Sigo pensando que la solución al problema de la inseguridad pasa por contar con fuerzas de seguridad pública en cantidad suficiente. No es guerra, es crimen. La actual administración cometió el error de no continuar el esfuerzo de construcción en la Policía Federal, que hoy podría ser del doble de la actual. Eso puede lograrse en menos de cinco años. Puede, como ha sugerido Alejandro Hope, construirse una unidad central de policía nacional que provea de recursos humanos y materiales a las policías estatales y municipales, manteniendo el control administrativo y de asuntos internos, pero dejando lo operativo a los otros órdenes de gobierno. No parece imposible hacerlo al ritmo de 10 mil elementos anuales. En diez años, estaríamos hablando de un escenario en el cual las fuerzas armadas podrían, sin dificultad, dejar las funciones actuales.

Pero si la interpretación es que se trata de una guerra, que el Ejército es el enemigo, que amnistiar es solución, o peor, que todo depende de quién sea el comandante supremo, entonces el problema no es la ley. Y entonces activismo y golpismo son difíciles de distinguir.

Twitter: @macariomx

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Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.