La gran transformación que está significando el nuevo gobierno hace muy complicado, si no es que imposible, elaborar escenarios del futuro próximo con algún detalle. En años normales, uno puede construir un rango de crecimiento, o de inflación y tasas de interés, de unas pocas décimas. Ahora, con la desaparición de grandes proyectos de infraestructura, y su sustitución por otros (todavía imaginarios), eso no se puede. Si le sumamos la hecatombe del sector público, o le agregamos la incertidumbre de nuestro principal socio comercial, cualquier cosa es posible.
Precisamente por eso, me parece que lo mejor que podemos hacer es intentar identificar la transformación institucional, para sobre ella tener un terreno más firme en el que puedan construirse escenarios detallados. Ayer comentamos con usted la dificultad de caracterizar al propio presidente, centro de (casi) todo el poder político del país. Ese debe ser el punto de partida de nuestro análisis.
Si, como esta columna ha creído desde hace tiempo, López Obrador es un priista de los años setenta, convencido de que debemos regresar a esa época, entonces se entiende que la subordinación que busca en todas las instancias responde a esa lógica. No olvidemos que desde 1935 hasta los primeros años noventa, todo dependía del presidente, todo: la economía (con una fuerte presencia del gobierno, y el resto ocupado por grupos político-empresariales), la seguridad, la justicia, el Congreso, los gobernadores. Todo, pues.
Era un régimen autoritario, en un país cerrado al mundo, en el que no florecía la oposición, pero la subordinación pagaba bien. Nadie se rebelaba ni opinaba en contra (apenas en los ochenta empieza de verdad la crítica). Si el presidente tenía moderación personal, el país podía funcionar, pero conforme se alcanzaban los límites económicos, la necesidad de moderación era mayor. No fue el caso de Echeverría y López Portillo, ambos inmoderados, y ambos ocupantes de la silla presidencial en tiempos en los que ya no había margen. Los dos terminaron con serias crisis económicas y políticas. La segunda fue definitiva.
El escenario optimista que tenemos es precisamente ése. López Obrador intentará reconstruir el México del viejo régimen, pero no existe margen para ello. No habrá crisis de fin de sexenio, sino de inicio. El 32 por ciento de la producción en México va al mercado exterior directamente, y el impacto indirecto debe rondar 10 puntos, de forma que menos del 60 por ciento de la economía está disponible para jugar. El libre flujo de capitales, que fue lo que hundió a Echeverría y López Portillo, es hoy todavía más ágil y sensible. Ignoro si ya entramos en ese camino, o lograremos sortearlo unos meses más. Ya veremos.
El escenario pesimista es que la transformación no busque regresar a México al viejo régimen, sino llevarlo a experimentos populistas más recientes, como el socialismo bolivariano del siglo XXI. La gran diferencia es que estos experimentos han destruido por completo países como Cuba o Venezuela. Varios colaboradores cercanos de López Obrador realmente creen que eso deberíamos hacer. Dudo que él esté convencido.
Sin embargo, queda imaginar qué ocurrirá si avanzamos por el escenario que hemos calificado de optimista: la reconstrucción del viejo régimen en condiciones imposibles. Cuando ocurra el choque con la realidad, ¿cuál será la reacción de López Obrador? ¿Corregir, o moverse al escenario pesimista, es decir, escuchar las sirenas y destruir por completo la nave?
Es posible que haya otras rutas, pero lo que yo veo no me permite darles un peso relevante. Creo que debemos ser optimistas y empezar a trabajar para que la crisis de 2019 nos regrese, con una nave maltrecha, al rumbo que teníamos. Momento de construir diques, pues.