Durante la semana hemos comentado varios elementos que, cuando se suman, nos obligan a concluir que el dilema que resultará de la elección del 1 de julio será bastante serio. Ayer jueves decíamos que AMLO ha hecho una oferta muy transparente al electorado, aunque sus asociados y testaferros intenten endulzarla. El tipo de oferta es muy relevante por las personas que llegarán al Senado, amparadas por su coalición, de las que hablamos el lunes. El miércoles revisamos cifras, muy preliminares, que apuntan a que Morena y aliados pueden tener cerca de 40 por ciento de las curules. Esto porque, como vimos el martes, hay indicios de que el PRI se habría estancado en tercer lugar, y estaríamos en una competencia de dos, AMLO y Anaya. Faltan cuatro meses y pueden ocurrir muchas cosas, pero supongamos, para el análisis, que todo esto que hemos comentado se hace realidad.
Si gana López Obrador la presidencia, entonces tendrá ese 40 por ciento de votos en el Congreso, y el Frente tendrá una participación similar. El resto formará parte de un PRI desfondado, y de independientes sin mucha posibilidad de participar, si no es en alianza legislativa. La posibilidad de que AMLO pueda entonces detener el funcionamiento del Congreso y gobernar a golpe de decretos es muy elevada. Algo así hizo en el gobierno de la Ciudad de México, con sus bandos, y ya Morena practicó el boicot en la Asamblea en estos años. No olvidemos que en 2006 intentaron impedir la toma de posesión de Felipe Calderón, argumentando un fraude inexistente. Tanto, que ahora Germán Martínez es parte de la lista de Morena al Senado.
El tipo de gobierno que AMLO intentaría construir, decíamos ayer, es muy claro: de un solo hombre, amparado en la moralidad que trataría de convertir en Carta Magna. En el actual entorno de debilidad institucional, no va a ser fácil oponerse al autócrata, especialmente si el Congreso es nulificado por la vía mencionada. La parálisis legislativa, la debilidad institucional, la crisis de seguridad y corrupción (que no va a terminar así nada más) y la misma promesa de la 'Constitución Moral', son excusas geniales para convocar a un nuevo régimen. Insisto, también en Venezuela pensaron que eso no pasaría.
Pero suponga que López Obrador no gana. Imagine que pierde, como de costumbre, la elección. Sin duda alegará fraude. Pero ahora no lo hará con menos de 30 por ciento del Congreso, sino con el 40 por ciento o más. Y si bien el PRI en 2006 decidió ponerse del lado institucional, para construir su retorno al poder, es muy posible que ahora no lo haga, si las cuentas que vimos el miércoles se hacen realidad. No es lo mismo tener 25-30 por ciento del Congreso, que 10-15 por ciento, y menos de la mitad de los gobernadores. Si hace 12 años el cuento del fraude estuvo a punto de convertirse en ruptura constitucional, a lo mejor ahora sí les alcanza.
En una palabra, el dilema de la elección presidencial se llama: gobernabilidad. Si las reglas del periodo actual se han agotado, habrá que construir un nuevo arreglo para continuar funcionando. En el primer caso, el triunfo de AMLO, esas reglas se ven claras, pero no atractivas (al menos para esta columna). En el segundo, si AMLO es nuevamente derrotado, entonces el triunfador habrá sido Ricardo Anaya (otra vez, siguiendo la hipótesis de esta semana), que con una fracción importante en el Congreso, pero dispersa en varios grupos, tendría que buscar la construcción de ese arreglo, indudablemente negociando al interior de su grupo y con el PRI e independientes, pero sin llegar a las dos terceras partes que requiere una reforma constitucional. Cuatro meses para conocer el escenario.