En menos de seis semanas, Andrés Manuel López Obrador habrá producido un daño patrimonial a una de las instituciones más importantes del gobierno: la Presidencia de la República. Sin razón alguna, más allá de la flagrante demagogia, despojará al cargo político más importante del país de oficinas, equipos y seguridad. Reponer ese patrimonio, en el futuro, tendrá un costo elevado.
Todos los gobiernos del mundo cuentan con residencias oficiales, que suelen incluir oficinas, espacio para recepciones, y áreas para seguridad y comunicaciones. Además, es frecuente que tengan edificios de carácter histórico que pueden usarse para funciones protocolarias. En México, lo primero es la residencia de Los Pinos, y lo segundo, el Palacio Nacional. Éste no tiene condiciones adecuadas para la operación diaria, ni mucho menos para servir como residencia.
Todos los gobiernos tienen también aeronaves dedicadas al uso del jefe de gobierno, cuyo tiempo se considera suficientemente importante como para no perderlo en pasillos y salas de abordaje. Tal vez más importante, se reduce con ello el riesgo de seguridad, implícito en cualquier espacio público. Además de las aeronaves, se cuenta con un área para recepciones oficiales en algún aeropuerto.
Finalmente, los jefes de gobierno suelen contar con un equipo de seguridad especial, porque el costo político, económico, y de seguridad pública que implica un magnicidio es demasiado elevado. Frecuentemente, ese mismo cuerpo de seguridad cubre a sus familias, y a funcionarios de primer nivel.
Todo esto desaparecerá en México, uno de los países más grandes del mundo, medido como se quiera, por la decisión de un demagogo. No existe ganancia alguna en ello. El desgaste del Palacio Nacional, los gastos de instalación, las dificultades logísticas, mostrarán por qué Lázaro Cárdenas decidió construir Los Pinos y convertirlo en residencia oficial. Las complicaciones en desplazamientos, recepciones internacionales, y reducción de presencia de funcionarios en entidades federativas, harán evidente la necesidad de la flota aérea. Pero, por encima de todo eso, espero que no tengamos que lamentar la desaparición del Estado Mayor Presidencial, con algún susto a un funcionario, familiar, o al mismo presidente.
Confundir austeridad con miseria no es una brillante idea. De hecho, Los Pinos es una residencia bastante moderada. Es mucho mayor su espacio de oficinas que como residencia, e incluso esa área se aleja mucho de la ostentación. Las áreas del Palacio Nacional que podemos ver en las ceremonias oficiales son notoriamente más lujosas.
Los transportes aéreos del gobierno mexicano tampoco tienen nada de extraordinario. No conozco el nuevo avión, que nunca fue más caro que el de Obama, como decía el demagogo, y repitieron tantos. El anterior era bastante sencillo, lo mismo que el hangar presidencial.
Del Estado Mayor Presidencial sí se puede uno quejar, porque se trata de un cuerpo excesivo para la seguridad de un presidente. Pero su tamaño respondía más a la preocupación de que Miguel Alemán tenía de un levantamiento armado (es decir, de Lázaro Cárdenas), que a cualquier otra cosa. Reducir su tamaño hubiese sido una buena idea. Sustituirlo por un cuerpo equivalente al servicio secreto estadounidense, por ejemplo, también. Borrarlo y encomendar la seguridad del presidente a 20 civiles, y la de los funcionarios a la providencia, es una tontería.
Un Congreso digno de su nombre impediría este daño patrimonial. El presidente no puede decidir ni dónde se instala ni cómo se traslada ni mucho menos cómo quiere sus cuerpos de seguridad. Es un servidor del Estado, no un patrón de hacienda. Y los congresistas serán tan responsables del daño patrimonial como el demagogo mismo. Pero es que tal vez ellos tengan alma de peón, y quieran congraciarse con el hacendado.