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08/03/2018
Actualización 08/03/2018 - 10:45

Como hemos comentado en muchas ocasiones, nuestro problema es de reglas y no de personas. Indudablemente hay personas que hacen más o menos difícil la aplicación de las reglas, pero nadie, por muy comprometido, capaz y voluntarioso, logrará resolver el problema de impunidad que está detrás tanto de la corrupción como de la inseguridad, el gran lastre que enfrentamos hoy.

Lo importante es tratar de imaginar algunos caminos de solución a la situación actual. Para ello, no podemos olvidar que las reglas se construyen con base en una interpretación común del mundo, y se aplican gracias a la estructura de poder. Dicho de otra manera, no podemos inventar reglas que nos parezcan razonables a nosotros, y esperar que los demás las acepten. Las ideas deben ser consistentes con el cuento que nos permite vivir juntos. En el siglo XX, el cuento dependía de la Revolución, y las reglas eran consistentes con él, y aplicadas por la estructura de poder construida y controlada por los ganadores de las guerras civiles, transformadas por ellos en Revolución.

La disputa entre dos narraciones diferentes, especialmente a partir de 1986, nos abrió el camino de la pluralidad política y la dispersión del poder, pero también nos dejó sin una lógica única que diera consistencia a las reglas. En consecuencia, la dilución de las narrativas y la dispersión de la estructura de poder provocaron que las reglas fuesen cada vez más un asunto opcional. Ni las reglas no escritas del viejo régimen ni las medio escritas del nuevo, se pueden aplicar de manera general.

Esto lo que quiere decir es que se perdió la legitimidad del Estado, tanto en su faceta de autoridad, basada en la narración, como en la coercitiva, basada en la estructura de poder. Recuperar la legitimidad para el Estado es el paso indispensable, que debe consistir tanto en una nueva narración como en una nueva estructura de poder. Permítame hablar primero de lo segundo: es imposible continuar con PGR, PGJs, Ministerios y Policías como hasta ahora. Es imposible rescatar el honor del Poder Judicial en toda su base, aunque hasta hoy la cúpula (SCJN) se salve. Precisamente de esa cúpula debemos partir para reconstruir el Poder Judicial, aunque no podemos hacer lo mismo con la procuración de justicia y la seguridad pública. En este caso, es imprescindible tirarlo todo, movernos hacia el esquema de fiscalías, y tratar de que arranquen con una legitimidad a toda prueba.

Podemos utilizar el mismo proceso que en 1996 permitió la construcción de un IFE ciudadano, que gozó de amplia legitimidad. Fue así porque resultó de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, y contó con el respaldo de la ciudadanía. La selección de las personas resulta de la mayor importancia en este tipo de procesos. No se puede jugar a colocar políticos en las fiscalías, especialmente la general y la anticorrupción. Adicionalmente, tanto esas fiscalías como el Poder Judicial reconstruido deben contar con recursos muy superiores a los actuales. No olvide que somos uno de los países que menos invierte en seguridad y justicia en todo el mundo, por eso no es sorpresa que tengamos los problemas que tenemos.

Esa transformación de la estructura de poder es condición necesaria, pero no suficiente para dotar de legitimidad al Estado. Es indispensable que podamos construir una narración que dé coherencia a las reglas. Se trata de una narración mínima, no de un gran mito fundacional al estilo de los que poblaron el siglo XIX. Aun así, no es un tema menor, de forma que intentaré proponerle ideas la próxima semana.

Espero que pensar en este tema le ayude a ver las elecciones de forma distinta. Es muy importante hacerlo.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.