Otro yerro de la consulta popular
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Otro yerro de la consulta popular

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Otro yerro de la consulta popular

03/10/2017
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México
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El 15 de septiembre fue el último día para presentar solicitudes para llevar a cabo consultas populares el 1 de julio de 2018, día de la elección federal, tal como lo marca la Ley Federal de Consulta Popular. Sólo se recibió una petición firmada por legisladores del PRI y del Partido Verde para obligar a legislar el Mando Único policial.

Llaman la atención tres cosas. Una, que siendo uno de los instrumentos más potentes de participación ciudadana, sólo se haya recibido una petición (en 2014 se recibieron cuatro). Dos, la poca atención que recibió la única solicitud presentada siendo que aborda un tema de enorme trascendencia. Y tres, que la petición del PRI no es viable porque ninguna consulta popular puede implicar cambios constitucionales y sin enmienda a la Carta Magna no se puede implementar el Mando Único a nivel nacional.

La consulta popular da voz a la gente para fomentar cambios a temas concretos. Hay dos restricciones. Primero, algunos temas no son objeto de consulta popular tales como la restricción de los derechos humanos, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado y la seguridad nacional. Segunda restricción, la consulta sólo aplica para cambios legales, no constitucionales. Pero los partidos generan expectativas imposibles de cumplir. En 2014, por ejemplo, el PRD y López Obrador, cada uno por su lado, prometieron a sus seguidores que “echarían pa’ tras” la reforma energética mediante una consulta popular sin comprender que ello era inviable porque implicaba cambiar la Constitución.

Que la consulta popular no sea vinculante para reformas constitucionales deriva de la redacción de la ley en la materia, cuyo artículo 5 dice que “serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como los actos administrativos del Ejecutivo federal, siempre que sean de trascendencia nacional”. Pero las reformas constitucionales son actos del Constituyente permanente, pues requieren para su aprobación de la concurrencia de ambas cámaras del Congreso federal, así como de al menos 16 legislaturas estatales.

Dicho de otra forma: una consulta popular no puede tener impacto sobre las normas constitucionales sin obligar también a las legislaturas estatales a acatar el resultado de la consulta, cuando su ratificación es necesaria para que se reforme la Constitución, como lo establece el artículo 135 constitucional.

Si implementar el Mando Único policial en todo el país significa cambiar el artículo 115 constitucional que establece que los municipios tendrán a su cargo la seguridad pública (policía preventiva, municipal y tránsito), ¿qué busca el PRI con solicitar una consulta que es inviable jurídicamente y que será desestimada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, igual que hizo con las cuatro peticiones de 2014?

Además de la irresponsabilidad de los partidos de pedir lo imposible, llama la atención la escasa participación verdaderamente ciudadana. En 2014 hubo cuatro solicitudes de consulta, pero todas organizadas por partidos. En 2017 sólo hay una petición y también es de un partido político. Ojo, los partidos pueden apoyar su petición de consulta si juntan 33 por ciento de las firmas de legisladores de cualquier cámara, o bien, si recopilan 2.0 por ciento de firmas respecto a la lista de electores (casi 1.7 millones).

¿Dónde están esas voces que quieren opinar y participar? ¿Por qué no organizaron ninguna consulta al margen de los partidos? Vemos muchas peticiones de cambios legales a través de change.org, pero no se materializan en peticiones concretas con impacto legal. Aunque todo mundo habla de la necesidad de que haya cauces de participación ciudadana y exaltan a la sociedad civil como la solución de los problemas, los instrumentos disponibles son escasamente usados. Por ejemplo, el presupuesto participativo existe en la Ciudad de México desde hace varios años, pero la participación es sumamente baja (en 2017 fue de 3.8 por ciento).

Tiene razón el PRI y el presidente de la República en empujar una iniciativa de ley para que haya Mando Único policial. Es la ruta correcta que ha sido bloqueada por otros partidos que prefieren un Mando Mixto. Pero ello no justifica que el PRI solicite un ejercicio de consulta popular sin base jurídica porque debilita la figura y la trivializa. Ya lo hizo en 2014 cuando propuso reducir los plurinominales siendo la pregunta doblemente inviable, tanto por la materia como porque también implicaba cambios constitucionales. ¿Qué ganó ese partido entonces y qué gana ahora cuando sabe que su solicitud es improcedente? Quizá presionar a los otros partidos para que se apruebe el Mando Único.

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Twitter: @LCUgalde

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Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.