El Paquete Económico para 2019 –Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos– es responsable fiscalmente y se basa en criterios realistas (aunque algunos consideran optimista el precio del petróleo de 55 dólares). Que sea un Paquete Económico prudente y responsable genera confianza en los mercados, pero dice poco respecto a la calidad del gasto y su eficacia para incentivar la creación de empleo y combatir las causas estructurales de la pobreza.
Entre 1997 y 2018, el gasto neto del sector público aumentó 100.5 por ciento en términos reales, pero el crecimiento económico fue mediocre, la desigualdad se mantuvo como el problema histórico más agudo del país y la inseguridad sólo aumentó (aunque ciertamente se redujo la pobreza extrema y mejoró la cobertura de diversos servicios).
Que el impacto del gasto sea limitado es resultado de una mala planeación, de la multiplicación de programas sociales en estados y ayuntamientos que se duplican con los federales, de la omisión del Congreso para dar seguimiento al ejercicio del gasto con profesionalismo y oportunidad, de la creciente corrupción que ha encarecido la obra pública y minado los fondos de los programas sociales, entre otros.
El problema se gesta durante la negociación del Presupuesto. En las últimas dos décadas, la Cámara de Diputados se ha visto el ombligo: en lugar de revisar en su conjunto la propuesta que envía el Ejecutivo, se ha focalizado en revisar los rubros de atractivo político susceptibles de negociación: carreteras y caminos rurales, programas sociales, obras hidráulicas, arte y cultura, así como universidades públicas. A la vez, dieron un cheque en blanco al gobierno en el resto del Presupuesto. Los diputados se han focalizado en construir la bolsa negociable (también llamada piñata) y han descuidado revisar el Presupuesto de forma integral
En los últimos 21 años, la Cámara de Diputados ha modificado, en promedio, sólo el 3.5 por ciento de la propuesta del Ejecutivo, equivalente a 142 mil millones de pesos (base 2018). Es previsible que ese margen de influencia se reduzca significativamente y sea de algunas decenas de miles de millones de pesos. La propuesta del Ejecutivo, por ejemplo, elimina los fondos de los llamados "moches", entre ellos partidas que los diputados asignaban de forma libre a estados y municipios, una práctica perniciosa que surgió desde mediados de la década pasada y que se institucionalizó durante el sexenio que acaba de concluir.
Es previsible que muchos diputados se resistan a perder influencia en reasignar fondos y etiquetar proyectos. Lo harán por buenas y malas razones. Unos porque genuinamente buscan mejorar la asignación del Presupuesto e insertar programas o modificar montos relevantes, otros porque simplemente querrán llevar agua a su molino: fondos para sus clientelas políticas o para su beneficio personal. Confiemos en lo que ha dicho el presidente de la Comisión de Presupuesto, de que lucharán para erradicar malas prácticas.
Que el gobierno pueda eliminar "los moches" significa también que no necesita negociar su presupuesto porque cuenta con los votos para aprobarlo con el apoyo de Morena y sus aliados (como antes el PRI). Y ello plantea la cara negativa de la hegemonía presupuestaria: que muchas deficiencias o partidas injustificables son aprobadas.
Hay dos rubros inadmisibles políticamente en medio de tantos recortes: que se hayan aumentado 53 por ciento la partida de comunicación social que el propio López Obrador prometió reducir a la mitad; y dos, que se haya dejado pasar el tiempo sin modificar la Constitución para reducir a la mitad el financiamiento de los partidos públicos y ahorrar cinco mil 500 millones de pesos, aproximadamente.
¿Volveremos al modelo que existió antes de 1997 cuando el PRI era un partido hegemónico y la propuesta del presidente se aprobaba casi en sus términos? ¿O presenciaremos un ejercicio de reflexión y análisis de cada rubro de gasto? ¿Será Morena sensible a las demandas de la oposición como muchos de sus integrantes exigían a gritos –literalmente– desde la tribuna frente a legisladores del PRI que prestaban oídos sordos en las décadas de los ochenta o noventa?
El proceso de desahogo de iniciativas legislativas durante los últimos meses sugiere que la negociación del Paquete Económico será una recreación de lo que ocurría antes de 1997: más un ejercicio de imposición que de negociación, quizá con algunas concesiones a demandas de otros partidos o de agentes afectados (por ejemplo, la UNAM). Y también como antes de 1997, el gobierno no tendrá que recurrir a "los moches" para que su presupuesto sea aprobado.