Sería un gran ejercicio de democracia participativa que el 21 de marzo los mexicanos –después de un amplio proceso de deliberación pública– definieran qué tipo de política quieren para combatir la inseguridad: si el modelo de Guardia Nacional que ha propuesto López Obrador, o una vía alterna como profesionalizar las policías. Hacerlo así haría corresponsable a la población de una decisión con fuertes implicaciones y quizá detonaría mayor participación para apoyar al gobierno, a las policías y a las Fuerzas Armadas en la labor diaria de combatir el crimen organizado.
En los próximos días se presentará ante el Pleno de la Cámara de Diputados un dictamen para reformar el artículo 35 constitucional en materia de consultas populares. Contiene cambios que pueden ser positivos: reducir del dos al uno por ciento el número de firmas de la lista nominal requeridas para que se solicite una consulta; la Corte debe interpretar la constitucionalidad de las preguntas que se hagan con un criterio garantista; las consultas podrán ser cada año (en lugar de cada tres como establece la ley vigente); y la participación requerida para que una consulta sea válida pasa del 40 al 34 por ciento.
Para que una consulta genere conciencia social y sea una forma real de democracia del pueblo, como dice AMLO, se requieren varios elementos. Primero, que haya un amplio debate en plazas públicas, redes sociales, medios de comunicación y foros políticos. Una conversación que erradique el denuesto y propicie el aprendizaje colectivo. Asimismo, el diálogo no sólo debe ser una perorata de deseos, sino también de evidencia: ¿Qué dicen los números? ¿Cuál es el proyecto técnico? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué dejaremos de hacer para poner un peso aquí en lugar de allá?
Si AMLO quiere realmente que el pueblo decida, una segunda condición es que el acceso a la votación sea universal; eso es, que haya casillas en todas las regiones del país, como ocurre en una elección organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE). La propuesta ya establece que el INE sea quien organice las consultas, pero no se aclaran las modalidades: ¿Será con la cobertura de casillas de una elección federal –la última con más de 150 mil– o con mil, como fue el caso de las dos consultas que ha organizado Morena?
Para que haya cobertura universal se requiere tiempo para organizar y fechas certeras. El dictamen aprobado hace dos semanas –que se someterá a votación, aunque todavía se puede modificar– no establece fecha fija, pero López Obrador ya informó que la nueva consulta será el 21 de marzo.
El INE no puede organizar una consulta nacional con tres meses de anticipación. Por supuesto que se puede hacer una consulta en menor escala; eso es, centros de votación en ciertas zonas densamente pobladas. Sin embargo, esto no se trataría de la voluntad del pueblo, sino la opinión de algunos mexicanos –quizá cientos de miles, quizá algunos millones.
Otro elemento para que las consultas fortalezcan la democracia del pueblo y no sean meros ejercicios de propaganda, es que las preguntas sean imparciales para que estimulen el pensamiento crítico. Ojo, el gobierno puede tener cierta preferencia, pero sesgar las preguntas no contribuye a un ejercicio honesto de reflexión pública. Que las preguntas sean neutrales no significa que el gobierno lo sea: el cuestionario puede ser imparcial y el presidente hacer campaña hacia alguna de las opciones, como otros grupos y organizaciones cabildear por la respuesta que prefieran.
La consulta del aeropuerto, por ejemplo, ofrecía información incompleta y sesgada. En ningún momento brindaba los beneficios que el proyecto de Texcoco ofrecía para que los participantes pudieran contrastar y tomar una decisión bien informada. Sobre la alternativa (Santa Lucía), la convocatoria era más bien un manifiesto que daba respuesta a las objeciones que se habían señalado sobre ese proyecto.
Otro problema que impide una reflexión es la cantidad de preguntas. En la consulta de fines de noviembre hubo diez temas en la papeleta que incluían temas diversos como infraestructura, atención a grupos vulnerables, salud y telecomunicaciones. No hay forma que se invite a una reflexión cuando se carece de información sobre un gran número de opciones.
Se corre el riego del mismo problema para la consulta anunciada para el próximo 21 de marzo, ya que se incluirán preguntas para ver si se inician proceso de investigación a expresidentes por haber seguido "políticas neoliberales que han empobrecido a millones de mexicanos", así como si se mantiene un consejo asesor empresarial que apenas designó hace pocos días. El tema de la Guardia Nacional es demasiado importante para mezclarlo con otros asuntos.
Finalmente, se daría una señal de confianza si se enuncia de forma clara que una consulta popular no podrá usarse para permitir la reelección del presidente. López Obrador ya lo aseveró en su mensaje de toma de protesta; nada estorba que se establezca en la misma Constitución.