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Opinión

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16/01/2018
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No es el nombre de un programa social, sino la meta de participación ciudadana para evitar un conflicto postelectoral. Es el porcentaje de votación que haría de la elección un éxito democrático al margen del ganador. Es la tasa que nos liberaría del yugo del desacato de los resultados o de la frustración cuando gana el partido en el poder. Salvo 1994, cuando votó 77 por ciento de la lista nominal de electores, nunca se ha superado 64 por ciento. Cuando votan muchos, se celebra la fiesta democrática, no quién gana. Cuando votan muchos, los pleitos entre partidos pasan a segundo término y el votante se convierte en el centro de atención.

Hay mucha preocupación en segmentos del círculo rojo respecto al desenlace de la elección. A algunos les preocupa el ganador: que si López Obrador sería radical y revertiría la reforma educativa; que si Anaya carece de principios y es más peligroso que López Obrador; que si Meade es más de lo mismo. Pero el problema de fondo es que las campañas y el resultado electoral de 2018 polaricen a la sociedad, generen frustración respecto al ganador y dudas de la veracidad del resultado. Una elección cuestionada genera tensión social y es semilla de ingobernabilidad para el nuevo gobierno.

Que las elecciones no produzcan legitimidad es un problema histórico de México –el primer conflicto postelectoral del México independiente ocurrió en 1828, apenas la segunda elección presidencial en la cual compitieron Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza–. Por varias décadas del siglo XIX hubo levantamientos armados y guerras civiles para protestar por los resultados de las elecciones. Con el Porfiriato
–por razones obvias– aminoraron los líos electorales, pero se reavivaron con la Revolución y volvieron a retroceder durante la fase hegemónica del PRI en el siglo XX, para renacer nuevamente en 1988, 2006 y el fenómeno se ha acrecentado desde entonces.

Quien desconoce resultados –no sólo ha sido López Obrador, también el PAN y el PRI en elecciones locales– lo hace por buenas y malas razones. Por una parte, la legislación electoral estimula el litigio sin atacar causas de problemas (por ejemplo, el financiamiento ilegal de campañas); asimismo, hay factores que han desnivelado la cancha del juego y que dan razones válidas para impugnar (por ejemplo, el clientelismo electoral que con frecuencia beneficia al partido en el gobierno). Pero también hay malas razones detrás del desacato: por ejemplo, culpar a los otros de mi derrota como una salvaguarda para continuar con mi carrera política. Un factor estructural –quizá el más relevante– que estimula el conflicto es que en México ganan candidatos con apenas un tercio de la votación, a pesar de ser rechazados por la mayor parte del electorado (por ejemplo, los casos del Estado de México y Coahuila, en 2017).

Como ya no hay tiempo para componer las causas que pueden propiciar un conflicto en julio de este año, quedan dos vías para cruzar el río sin hundirse. Una, apostar para que gane el candidato 'políticamente correcto' para que haya percepción de justicia, una suerte de júbilo de que finalmente la democracia está al servicio del pueblo. La otra, que voten muchos para neutralizar cualquier intento de los partidos de desconocer el resultado. Ojo, no sólo desconocería el resultado López Obrador si pierde, también podría hacerlo el PRI (algo inaudito como partido en el gobierno pero que no debe descartarse).

El desafío mayor de la elección de 2018 es contener los vicios de la democracia adolescente y cruzar el río para hacerle una cirugía mayor a partir de 2019. El gran riesgo es que las pasiones se desborden y no lleguemos al quirófano a tiempo. Que los vicios de una democracia sin Estado de derecho acaban por matarla. Que el desencanto propulse el revanchismo social si gana la oposición, o el cinismo y la parálisis si gana el partido en el poder.

Por ello, el mejor antídoto es apostar por colocar al votante como centro de la fiesta democrática y propiciar la mayor votación de la era moderna. Setenta por ciento o más sería una meta que podría exorcizar el temor de una elección conflictiva y sembrar júbilo por la participación y no por el ganador.

En 1994 hubo tambores de guerra por el levantamiento armado en Chiapas y por el asesinato del candidato presidencial del PRI. La alta votación de aquel año (77 por ciento) contribuyó a distender el ambiente político y social. En las otras elecciones presidenciales se han alcanzado cifras menores: 64 por ciento en 2000, 58 por ciento en 2006 y 63 por ciento en 2012. Si en 2018 votara más de 70 por ciento del electorado, las urnas se llenarían de energía ciudadana y esa sería la noticia de la mañana siguiente. Acaso organismos de la sociedad civil, cámaras empresariales y activistas de toda estirpe –derechos humanos, género, ambiente– podrían ser parte de este esfuerzo colectivo para blindar la elección.

Twitter: @LCUgalde

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Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.