Costa Rica es uno de los países latinoamericanos en los que se celebran elecciones presidenciales este año. El 4 de febrero se realizó la primera vuelta; el primero de abril tendrá lugar la segunda. En ella participan dos candidatos con el mismo apellido. Por un lado, el candidato oficialista, Carlos Alvarado Quezada, escritor y exministro de gobierno, del Partido Acción Ciudadana. Por otro, Fabricio Alvarado Muñoz, predicador evangélico y exdiputado, del Partido Regeneración Nacional.
Esta elección es un punto de quiebre con respecto a la vida institucional de Costa Rica, pues se ha convertido en una contienda entre la política secular y la política confesional, con ecos del enfrentamiento entre católicos y liberales de finales del siglo XIX, como el mismo presidente Luis Guillermo Solís ha reconocido.
Costa Rica es el único país del continente americano –y uno de los pocos en el mundo– donde el catolicismo todavía es la religión oficial del Estado (art. 75 de la Constitución de 1949), pero donde se garantiza y se practica la libertad de cultos. Como ha ocurrido en el resto de la región, las denominaciones evangélicas y pentecostales han avanzado en los últimos treinta años. En Costa Rica 62 por ciento de la población es católica, 25 por ciento protestante y evangélica y 13 por ciento de otras denominaciones o no creyente (Pew Research, 2014).
Un aspecto a tener en cuenta es que, a pesar del papel central de la Iglesia, los sacerdotes tienen restricciones para ejercer derechos políticos plenos (no pueden presentarse como candidatos), mientras que a los pastores de otras confesiones cristianas sí se les permite. Su participación en la política secular y el número de adeptos ha favorecido la proliferación de partidos con agendas muy agresivas que promueven mantener referencias a Dios en la Constitución, la preservación de los valores cristianos y la importancia de la familia tradicional.
Hasta hace algunos años, las opciones políticas evangélicas tenían presencia mínima en el Congreso; su éxito se limitaba al carisma de un predicador. Alvarado Muñoz, durante su tiempo como diputado, formó parte de un bloque 'provida', opuesto a legalizar uniones entre personas del mismo sexo, al mismo tiempo que repartía Biblias en el Congreso. Su esposa, Laura Moscoa, ha protagonizado episodios/trances en las redes sociales que moverían a risa –como 'hablar lenguas'–, de no ser porque se trata de la cónyuge de un potencial jefe de Estado.
La aprobación del matrimonio igualitario –y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que lo ampara– fue el catalizador de la alianza entre católicos y evangélicos. Catapultó a Alvarado Muñoz a la segunda vuelta y puede ser la razón principal de su eventual triunfo. En el análisis de las encuestas más recientes, Fabricio tiene una ventaja de más de diez puntos sobre Carlos (56 contra 44 por ciento).
El caso de Costa Rica, pese a su singularidad, no es único. Los ciudadanos de las democracias americanas están votando por opciones políticas confesionales por afinidad, por su novedad o simplemente por hartazgo con los políticos tradicionales, como lo mostró la elección de Jimmy Morales (también evangélico) en Guatemala en 2015.
México no es ajeno. Dos partidos políticos –que en las elecciones presidenciales de este año irán juntos por primera vez– irrumpen con formas y un lenguaje similar. Una de estas agrupaciones es abiertamente confesional (Encuentro Social), la segunda no, pero su nombre evoca al sustrato guadalupano (Morena). Su candidato presidencial, puntero de la contienda y posible presidente de la República, es ambiguo sobre sus creencias e insiste en la moralidad pública. Su toma de protesta como candidato de Encuentro Social se asemejó más al ungimiento de un rey israelita que a la investidura de un líder político. La antítesis del laicismo histórico del Estado mexicano.
En las sociedades secularizadas se da por hecho la separación entre lo político (esfera pública) y lo religioso (esfera privada). El avance de partidos de tendencia confesional pone en riesgo este supuesto, que ha ordenado los sistemas políticos democráticos. Se trata de un peligro tan grave y cercano para la región, como lo ha sido el autoritarismo en Venezuela. Es paradójico que la pluralidad religiosa, que favoreció el avance de la democracia y las libertades en Europa, sea hoy uno de los síntomas de su erosión en Latinoamérica.