El futuro de los apátridas en la era de nacionalismos
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El futuro de los apátridas en la era de nacionalismos

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El futuro de los apátridas en la era de nacionalismos

09/08/2018
Actualización 09/08/2018 - 14:42

La apatridia es un grave problema en el mundo. Hablamos con frecuencia de refugiados e inmigrantes, pero igual de alarmante es la gente que no tiene nacionalidad, ni identidad ni protección de ningún Estado. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de diez millones de personas en el mundo son apátridas. En casi todos los casos enfrentan discriminaciones y padecen injusticias; como la mayor parte de ellos no tienen derechos no pueden trabajar legalmente ni casarse, mientras que sus hijos no pueden inscribirse a ninguna escuela.

En algunos casos, un individuo nace apátrida. En otros, el Estado que lo protege desaparece –como ocurrió cuando se desintegró la antigua Yugoslavia o incluso la Unión Soviética–. Pero hay casos en que el Estado de origen despoja a un individuo o a un grupo étnico o religioso –comúnmente minoritario– de su nacionalidad.

Los acontecimientos más recientes y más dramáticos sobre este tema tienen lugar en países asiáticos. La semana pasada, el Estado indio de Assam (noreste del país), que gobierna el partido nacionalista hindú BJP –el mismo del primer ministro indio Narendra Modi– publicó el Registro Nacional de Ciudadanos, que establece como requisito para otorgar la ciudadanía probar la residencia antes de 1971. Ese año fue cuando llegaron millones de personas de Bangladesh a Assam, como consecuencia de los horrores de la guerra de independencia de su país. La situación es compleja porque se trata de una región fronteriza entre India y Bangladesh, en la que más de la tercera parte de los treinta millones de habitantes del estado son musulmanes.

Para el gobierno de Assam, los musulmanes son ilegales y están supuestamente relacionados en algunos casos con grupos terroristas yihadistas. Por lo tanto, ante la puesta en marcha del registro, “un verdadero indio no debe inquietarse, pues contará con todas las oportunidades para inscribirse”. Esta disposición implicaría que cuatro millones de personas podrían perder la nacionalidad india y se convertirían en un grupo numeroso de gente sin nacionalidad en el mundo. ¿A dónde pensará deportarlos el gobierno de Assam de proseguir en este empeño? Bangladesh –el Estado del que se presume que son originarios– no los reconoce como ciudadanos e India no podría forzar en ningún caso al país vecino a aceptarlos. La situación en India con los musulmanes de Assam podría desestabilizar una vez más a Bangladesh.

El paralelo con la crisis de los rohingya es indiscutible. En 1982, Myanmar (Birmania) –un Estado de mayoría budista–, despojó de la nacionalidad a los rohingyas, una minoría musulmana, y provocó su salida hacia Bangladesh, país vecino donde la mayoría profesa el Islam. Como resultado, los rohingyas son la población apátrida más grande en su número, contando un millón de personas, de las cuales más de 700 mil viven en campos de refugiados.

La comunidad internacional ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación sobre la apatridia. La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración universal de los derechos del hombre señalan el derecho de todas las personas a poseer una nacionalidad. De la misma manera, en la ONU se han adoptado dos convenciones sobre el tema: la de 1954 sobre el estatuto de los apátridas y la de 1961 para reducirla. En estos convenios se ha establecido también que todas las personas tienen derecho a que el Estado donde viven les otorgue un título de identidad que acredite su residencia. Además, con independencia de que los reconozcan como sus ciudadanos o no, los Estados tienen que respetar los derechos humanos de las minorías que habitan en su territorio. Desafortunadamente, la comunidad internacional no ha sido contundente: menos de la mitad de los Estados miembros de la ONU las han ratificado, lo que limita la efectividad de las convenciones.

Las medidas nacionalistas en India se suman a lo que ocurre en otros países del sureste asiático, de Myanmar e Indonesia a Filipinas. Esta tendencia de medidas políticas discriminatorias –que cuentan con el apoyo de las mayorías étnicas y religiosas– en la región más poblada del mundo es alarmante. De seguir en este camino, es probable que las personas apátridas o en riesgo de serlo se encuentren entre la disyuntiva de partir al exilio –en condiciones adversas– o de resistir con medios violentos en su tierra de origen. Los dramas individuales y familiares podrían multiplicarse y conducir a conflictos cada vez más serios entre Estados.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.