El domingo 27 de mayo los ciudadanos colombianos votarán por su próximo presidente de entre seis candidatos. Al menos 36 millones de personas –casi tres cuartas partes de la población total del país– forman el padrón electoral, que se concentra en Bogotá y Medellín. Esta campaña presidencial se ha caracterizado por la crispación entre la derecha y la izquierda, las discusiones sobre la instrumentación de los acuerdos de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC y el peso creciente de la crisis venezolana. Asimismo será la primera, en mucho tiempo, en la que el resultado no está decidido.
Los punteros son Iván Duque (partido Centro Democrático) y Gustavo Petro (coalición Colombia Humana), con dos mujeres como candidatas a la vicepresidencia: Marta Lucía Ramírez con Duque y Ángela María Robledo con Petro. Duque, un hombre joven de 41 años, exsenador, cuenta con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe y ha sido enfático en que su prioridad será modificar los acuerdos de paz. Petro, de 57 años, fue alcalde de Bogotá y participó anteriormente como candidato en las elecciones presidenciales de 2010.
La ubicación de Petro en el segundo lugar de la contienda es una sorpresa en un país considerado conservador: responde al número cada vez mayor de colombianos que se definen de izquierda (que pasó de 20 por ciento en 2012 a 30 por ciento en 2016, según el Barómetro de las Américas). Petro ha buscado impulsar la inclusión social –necesaria en un país con graves desigualdades–. Sin embargo, también provoca desconfianza entre las clases medias urbanas por su pasado como guerrillero del M-19 y por su reivindicación de aspectos del legado del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Venezuela ha tenido un papel primordial en esta contienda. El colapso económico social y económico del país vecino ha provocado la salida de más de un millón de ciudadanos. Colombia ha otorgado residencia temporal a más de 150 mil de ellos y se especula que hay cientos de miles más indocumentados en su territorio. Durante la campaña, los opositores a Petro lo acusan de que promovería la implantación de un régimen similar al venezolano. No obstante, las empresas calificadoras de riesgo mantienen su confianza en la estabilidad del país y de sus políticas macroeconómicas (Colombia ha solicitado su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE).
El aspecto que más preocupa y divide a la sociedad es el futuro de los acuerdos de paz. La justicia transicional para juzgar los crímenes más graves del conflicto es el aspecto más criticable porque puede abrir la puerta a la impunidad. También quedan por resolver las políticas de combate a las drogas y la renovación institucional de la democracia colombiana.
El Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha escrito que la historia le hará justicia a Santos, quien jugó su capital político al negociar el acuerdo con las FARC. No obstante, las condiciones que tiene enfrente son adversas. El presidente está muy debilitado en el último tramo de su mandato por su involucramiento en el caso Odebrecht. Un peligro que no se ha descartado es también que excombatientes retomen las armas, alegando el incumplimiento de los acuerdos y frente a la posibilidad de que los procese la justicia.
Los últimos sondeos publicados señalan que ninguno de los candidatos obtendrá más de 40 por ciento de los votos. Las encuestadoras estiman un promedio de 34 por ciento de las preferencias para Duque frente a 23 por ciento de Petro. Los demás candidatos se encuentran por debajo de 20 por ciento. Es sintomático que el único candidato que defiende mantener los acuerdos con las FARC, Humberto de la Calle –el exnegociador de los mismos– se encuentra rezagado en el quinto sitio. Sin un ganador con mayoría simple, se convocará a una segunda vuelta el 17 de junio. En la confrontación entre Duque y Petro es más probable el triunfo del primero. Este escenario sería consistente con el resultado del referéndum de 2016 y con el ánimo de la mayoría de la población, que niega la incorporación de la guerrilla a la vida política institucional.
El presidente Santos ha dicho que los acuerdos son vinculantes para los tres gobiernos que lo sucedan. Sin embargo, la llegada al poder de un opositor a los acuerdos, que son el intento más exitoso para alcanzar una paz, podría impedir que se cerrara uno de los capítulos más violentos en la historia de Colombia y uno de los principales riesgos de inestabilidad en Latinoamérica.