Opinión

Los sismos de septiembre fragmentaron a la sociedad del sistema político

09 octubre 2017 5:0
 
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Sismo

Los dos sismos del 7 y 19 de septiembre pasado revivieron las escenas de devastación y pánico que muchos mexicanos que vivíamos en la Ciudad de México experimentamos en el terremoto de 1985; las heridas de ese y las de otros sismos previos, no se han borrado de nuestras mentes y corazones; a pesar de la “cultura antisísmica” que se ha desarrollado en el país desde hace 32 años, y que evidentemente evitó muchas muertes en septiembre pasado, a la hora de la verdad nos aterrorizamos; aún no existe una conciencia plena en la sociedad de que la Ciudad de México está asentada en una zona lacustre, y que las ondas de cualquier sismo en la República, tiene una fuerte repercusión en nuestra ciudad, especialmente en las colonias Condesa-Hipódromo, Roma, en el Centro Histórico y en el sur de la misma; de aquí que entre otras razones, 3 mil edificaciones pudieran estar “al borde del colapso”.

También los sismos afectaron de manera significativa a los Estados de Puebla, Oaxaca y Chiapas, principalmente, los movimientos telúricos despertaron solidaridad y movilización sin precedentes de una parte importante de la población para remover escombros, dotar de alimentos, agua, productos de higiene personal, cobertores, colchonetas y catres, y casas de campaña a miles de damnificados, y equipos e instrumentos diversos a los rescatistas que salvaron vidas o recuperaron cadáveres entre los escombros de las edificaciones destruidas. Asimismo, se recibió un apoyo extraordinario de brigadistas especializados en labores de rescate y búsqueda de Israel, Japón, EUA, Colombia, Honduras, el Salvador, Guatemala, España, Panamá y Chile, principalmente, así como de diversos grupos de rescatistas de México.

Después de los temblores, acudieron a los sitios de desastre voluntarios de diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas y ciudadanos a título personal, para atender a una comunidad conmovida y lastimada por los sismos; arquitectos e ingenieros, médicos, enfermeras, terapeutas, trabajadoras sociales y artistas, relatores de cuentos infantiles y grupos musicales, que buscaron alegrar a la gente en desgracia. La solidaridad y los exhortos “para mantener a México de pie” fueron objeto de elogios de propios y extraños.

En este contexto, cabe destacar que la enorme ayuda de los jóvenes no solo fue por solidaridad, también está relacionada con la desconfianza existente respecto a la eficiencia y la honestidad de las instituciones gubernamentales, una especie “de vigilancia sobre sus acciones”. No obstante, existen dudas si la admirable solidaridad que han mostrado los jóvenes seguirá en el futuro próximo, no existe una respuesta contundente al respecto, lo que sí es seguro es que los jóvenes se convirtieron en una fuerza de esperanza para la población y las autoridades deberán estar atentas a que su vigor se convierta en una opción política que podría retar a los gobiernos para que cumplan sus tareas, y de no hacerlo, ellos les pedirán cuentas.

En este ámbito, se observó una notoria ausencia de funcionarios públicos, legisladores y políticos por temor a rechiflas y agresiones. Ciertamente, el Delegado de Xochimilco, se presentó 3 días después del sismo del 19 de septiembre a San Gregorio, una población devastada de esa demarcación, fue insultado y agredido con piedras por sus habitantes, huyó en una camioneta. Igualmente un secretario de Estado fue abucheado por la ciudadanía. “El sismo está por desencadenar una enorme descarga política, ya modificó el aparato social de el país, está liberándose una fuerza que marca el grado de hartazgo de un pueblo que ha entendido la ecuación en la que la corrupción más impunidad da igual a la pobreza”.

Los sismos sacaron a la luz pública un sinnúmero de irregularidades en la construcción de inmuebles en la Ciudad de México, y una distribución irregular de las despensas destinadas a los damnificados y, sobretodo, un descontento generalizado de la población contra el gobierno, legisladores y políticos, principalmente. Se evidenció que diferentes empresas constructoras hicieron caso omiso de los reglamentos de construcción vigentes después del terremoto de 1985, tampoco construcciones previas a ese año fueron reforzadas.

Por lo demás, resulta inaudito que edificios construidos hace un año se desplomaran o sufrieran daños estructurales. Hubo negligencia y corrupción de autoridades que no exigieron y vigilaron el cumplimiento de las normas, lo que causó la muerte de muchas personas. El caso más patético fue el derrumbe de una escuela en la Delegación Tlalpan al sur de la ciudad, en el que perecieron 19 niños y 7 adultos. El titular del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea), instancia perteneciente al Gobierno de la Ciudad de México, confirmó que el Colegio carecía del permiso de uso de suelo requerido para operar como escuela y adicionalmente arriba del inmueble se construyó un departamento en el que residía la propietaria de la escuela; la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México tiene abierta dos carpetas de investigación contra las autoridades de ese plantel: una por falsificación del documento de uso de suelo, y otra, por posibles irregularidades en la edificación del inmueble. La sociedad clama por que se aplique a los responsables de esta tragedia la pena máxima de cárcel.

El Jefe de la Ciudad de México informó que después del sismo del 19 de septiembre existen cerca de 8 mil inmuebles con daños, y de ellos más de 300 en grave riesgo; otras fuentes no oficiales, consideran que 3 mil edificaciones “están al borde de colapso”.

En este marco, el gobernador del Estado de Morelos (próximo a la Ciudad de México) y su esposa han sido acusados de lucrar con el apoyo que ha llegado a la entidad tras el sismo, las autoridades estatales han retenido toda la ayuda y la han trasladado a las bodegas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde es reempaquetada en cajas de esa dependencia, seguramente para ser usadas con fines electorales. “Miles de personas mediante la página electrónica Citizen Go, firmaron la petición: no robe la ayuda para los afectados por el terremoto, mientras que mediante Change. org, también otros miles firmaron una solicitud de juicio político en contra del gobernador”.

Los sismos provocaron que afloraran reclamos añejos de la ciudadanía contra la clase política, entre los principales, que se destine el presupuesto de los partidos políticos a los damnificados de los sismos y otros desastres naturales. Es irrefutable el oneroso dispendio de la clase política con los recursos públicos obtenidos de los impuestos y que se destinan a inútiles precampañas y campañas electorales, acarreos, mítines, promoción de imagen y toda una serie de actividades que en este momento de hartazgo ciudadano, son insoportables.

Los partidos políticos queriendo “jalar agua para su molino” han aceptado demagógicamente esta petición ciudadana a sabiendas de que no se podrían destinar recursos públicos, provenientes de los causantes en virtud de que este cuantioso monto “está etiquetado”; la forma para asignar los recursos a los partidos está en la Constitución, no está sujeto a una decisión unilateral de los partidos, ni tampoco del Instituto Nacional Electoral; cuyo presidente ofreció una salida jurídica para destinar parte del presupuesto a los damnificados. Igualmente los dirigentes de los partidos, que están de acuerdo en destinar los recursos que se les asignan para las campañas a favor de los damnificados, saben que “para modificar las reglas del juego electoral solo pueden presentarse las propuestas 90 días antes de que comience el proceso, mismo que ya se inició”, la propuesta de los partidos no es válida de inmediato. Por su parte el expresidente del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, consideró que sería irresponsable y demagógico pretender eliminar al 100% los recursos destinados, a los partidos ya que se agravaría el problema de el financiamiento ilegal que existe y la corrupción en las campañas; la única vía es que los partidos renuncien a las prerrogativas que les corresponden del último trimestre del año; apuntó que otro camino sería modificar en el Presupuesto de Egresos, la fórmula de financiamiento ordinario de partidos, lo que se ve como algo no viable en el Presupuesto del 2018.

Los partidos aparentando ser solidarios con los electores también los apoyan en sus peticiones de eliminar a los legisladores plurinominales y eliminar una serie de privilegios que tienen los legisladores, evaluados como verdaderos actos de rapiña. El partido Morena ha retomado con vehemencia sus iniciativas que tomará “como presidente” Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de vender el avión presidencial, revisar las concesiones petroleras y otras acciones fundamentadas en la mística trasnochada de tan ilustre político. En los próximos meses se verá si AMLO y otros presidenciables se mantienen como viables.

En las dos últimas semanas ha fluido mucha información contradictoria sobre la reconstrucción de las ciudades devastadas. El Presidente de México ha anunciado que ya se ha iniciado el proceso de reconstrucción que tendrá un costo de alrededor de 2 mil millones de dólares por daños a viviendas, escuelas, hospitales y al patrimonio cultural. Se han prometido múltiples apoyos y ayudas en colaboración con el sector empresarial, los economistas evalúan los daños del sismo en alrededor de uno por ciento del PIB del 2018. Aún estamos en situación de emergencia. 

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