Opinión

Los rumbos del poder

Se acerca una fecha que significó, a lo largo de muchos años, un día de resguardo y reflexión en torno de un copioso número de datos y memorias, así como anuncios y presagios casi jamás cumplidos, todos como parte de lo que otrora fue el reverencial informe del presidente de la República, que puntualmente se rendía ante el Congreso General el 1 de septiembre.

La sumisa posición del Legislativo ante un informe que enaltecía la figura presidencial, constituyó sin duda una práctica política del México contemporáneo que atentaba contra los principios más elementales de la República, y que en mérito de las circunstancias históricas conforme a las cuales se desenvolvió nuestro sistema gubernativo, atentaba en contra de la pantomima con apelativos de democracia en la que se mantenía adormilado al pueblo de México.

Desde la administración del presidente De la Madrid y hasta la pasada del presidente Calderón, la importancia del informe presidencial fue menguándose de distintas formas, hasta ver subsanada su razón de ser a través de la reforma constitucional de agosto de 2008, por medio de la cual se modificó el artículo 69 de la misma Carta Magna y con ésta, el formato escrito conforme al cual no sólo se recibiría, sino que incluso se podría cuestionar y ampliar el informe a petición de las cámaras del Congreso.

A pesar de la bondadosa intención de la reforma constitucional, que permitía la interacción de los dos poderes entorno del tópico central consistente en el estado de la Nación, materia sustancial que integra el informe, lo cierto es que la trascendencia del acto protocolario desde el punto de vista político y civil ha venido sufriendo una decadencia que bien vale la pena cuestionar.

Ante la preeminencia que han revestido los acuerdos interpartidistas en la conformación de una agenda política plural, no cabe duda de que el México de este siglo ha cambiado para bien, con relación al México presidencialista del siglo XX. Nuestra democracia es más real, como quiera que se desee ver.

Paralelamente, los mecanismos constitucionales para lograr el ejercicio equilibrado de poder por cuenta del titular de la administración pública, han dado cabida a la concepción y creación de múltiples organismos autónomos (varias veces criticados en este espacio) con los que los tres poderes tradicionales conviven y con respecto de los cuales deben hacer cumplir la ley.

A pesar de que ha habido un gran logro en la consolidación de procesos legislativos complejos, que permiten apreciar la materialización de un nuevo orden de cosas en pro de un México que habrá de irse dibujando en el futuro, no puede dejar de considerarse un descontento de los mexicanos en contra de su clase política, y no es extraño en función de sucesos extraordinarios que hemos conocido recientemente.

Es por eso que resulta pertinente valorar qué tan oportuno y necesario sería retomar las formalidades que permiten conocer, de voz del presidente de la República, no sólo la información y el conocimiento de aquellas políticas que transversalmente unificarán el rumbo de conformidad con el cual podrían avanzar todos los órganos constituidos en la necesaria persecución del bienestar común de todos los mexicanos, sino también ese mensaje que acerca a la clase política con el pueblo; palabras que dan certidumbre alrededor del rumbo que sigue el ejercicio de la función gubernativa y, con ello, las decisiones que habrán de tomarse para beneficio de todos los mexicanos.

Ante la evidencia del cambio estructural de nuestra democracia, y siempre dejando a un lado el presidencialismo arraigado que obligaba a la presentación de los diputados ante ese omnipotente Ejecutivo de la Unión, es válido pensar que resulta necesario rescatar a la figura de unificación política a la que corresponde la ardua y difícil tarea de aplicar la ley.

Se ha presentado la iniciativa correspondiente que pronto podría discutirse, por medio de la cual se retomaría la discusión en torno de la necesidad y forma que debe revestir, en su caso, el informe presidencial. Asumiendo la noticia con la frialdad y objetividad que debe corresponderle, y siempre insertos en este nuevo México de alternancias y de respeto por el ejercicio más prudente del poder, ojalá que se favorezca el cambio o la permanencia de cualquier medio que permita, auténticamente, la consolidación de instituciones jurídico-políticas serias, con las cuales se logre identificar el pueblo de México en lo referente a la indispensable labor que realiza su gobierno. En nada beneficia a nuestra naciente democracia un latente estado de inconformidad derivado de un silencio que fue autoimpuesto.

Twitter: @Cuellar_Steffan