Opinión

Los riesgos

 
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Donald Trump

La crítica principal al sistema político mexicano del siglo XX fue la enorme concentración de poder en manos del presidente sexenal, quien sin contrapeso alguno hacía y deshacía a placer, generando enorme grado de incertidumbre, injusticia y abuso de poder en toda la estructura institucional del sistema. Las crisis de 1982 y 1995 fueron generadas de manera fehaciente por la insensatez de gobernantes incapaces de ser cuestionados y controlados por contrapesos políticos con la fuerza para contener la irracionalidad de individuos frustrados por el fracaso de sus proyectos personales. Esa ausencia de frenos institucionales llevaron al país una y otra vez a tirar por la borda oportunidades valiosas de desarrollo, y al empobrecimiento de las mayorías.

La transición democrática mexicana se centró fundamentalmente en restarle poder al presidente todopoderoso, suponiendo que con ello se restablecería en automático un equilibrio de poderes lo suficientemente sólido como para darle funcionalidad al sistema, y evitar los abusos del mandatario en turno. Por supuesto que al no existir un acuerdo explícito en ese sentido, las fuerzas políticas se movieron libremente y el resultado fue un verdadero desastre sistémico. El Congreso y los gobernadores se quedaron con grandes tajadas del poder y presupuesto, y el Poder Ejecutivo vio disminuir de manera significativa sus facultades legales y extralegales, pervirtiendo de origen el nuevo modelo democrático.

Las administraciones de Fox, Calderón y Peña Nieto se vieron atadas de manos ante legislaturas paralizantes y gobernadores voraces saqueadores del erario sin límite alguno. Los beneficios de los entonces fuertes excedentes petroleros no sirvieron para el desarrollo nacional y se dilapidaron como en las épocas de López Portillo. La falta de reformas estructurales hechas a tiempo dañaron la perspectiva económica del país, y las luchas políticas internas impidieron avanzar en los cambios profundos que el país requería.

El Pacto por México en la administración Peña Nieto llegó tarde. No por ello era necesario, pero su instrumentación en condiciones adversas limita enormemente sus efectos inmediatos. En medio de esta realidad, la disminución del poder de la figura presidencial resulta sumamente preocupante. Las complicaciones en el escenario económico internacional, la baja popularidad del presidente y el affaire Trump terminaron por debilitar aún más no sólo a Peña como primer mandatario, sino a una institución que, como la presidencia de la República, requiere de una solidez mínima para garantizar la gobernabilidad del país en su conjunto.

En el último tramo del sexenio y con la sucesión presidencial en marcha, es indispensable contar con un Poder Ejecutivo capaz de articular políticas de Estado que permitan la instrumentación de las reformas aprobadas, y con el funcionamiento de un sistema político lo suficientemente estable como para procesar demandas sin que éstas desborden a la autoridad y se conviertan en focos de violencia crónica como los generados por los fenómenos Ayotzinapa, CNTE y otros más ligados a esta lógica del martirio colectivo como agenda política. Es hora de que el presidente retome el control de muchas áreas delegadas a funcionarios que no han cumplido con su encargo, y que éstos enfrenten a los medios desgastando su imagen y no la de su jefe.

Es cierto que la mayoría de los países de Latinoamérica están en una condición mucho más riesgosa que la nuestra, pero México se juega en esta ocasión no sólo su reputación internacional por su disciplina financiera de más de una década, sino su futuro inmediato como país que, sin crecer lo que requiere, ha avanzado significativamente en distintas zonas de su territorio aunque dejando en el abandono a aquellas otras que se resisten al cambio. El riesgo es grande. Y la pérdida podría ser enorme.

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