Opinión

Los riesgos que vienen después del sismo

   
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El terremoto de la semana pasada deja varios temas en la agenda pública. Aprovecho este espacio para llamar la atención sobre dos. El primero, si la pérdida de vidas pudo –al menos en parte– evitarse. El caso del edificio casi nuevo que se derrumbó en la colonia Portales, dejando dos muertes, ha alertado a la opinión pública. La información que se ha difundido sobre este edificio (Residencial San José, de seis pisos, construido por Canada Buiding Group) sugiere que faltaban vigas de resistencia, un requisito contemplado en las normas de construcción actuales.

En particular resulta necesario evaluar en qué medida hay corrupción en el monitoreo del cumplimiento de estándares de construcción (determinar si, con el objetivo de reducir costos, las empresas incumplieron las normas, o si el colapso de edificios se debió, por el contrario, a causas de difícil diagnóstico). Si hubo mala fe por parte de los constructores, también será necesario pasar a un segundo nivel de análisis, y determinar si las autoridades responsables simplemente no cuentan con protocolos efectivos de monitoreo o si, por el contrario, están siendo omisas o incluso se dejan corromper por las empresas constructoras.

La corrupción gubernamental en este aspecto es un fenómeno recurrente, no sólo en México sino alrededor del mundo. De acuerdo con un estudio que apareció en la revista Public Choice, en 2007, existe una relación estadística entre el grado de corrupción gubernamental y el número de muertos tras un sismo: en los países donde los altos mandos del sector público son más propensos a aceptar sobornos, los terremotos tienden a generar un mayor número de muertes. El citado estudio se elaboró a partir del análisis de 344 terremotos registrados en 75 países. Al tratarse de un estudio estadístico, es posible controlar las diferencias que hacen imposible hacer comparaciones válidas entre sismos con características distintas, como el ocurrido el martes pasado y el terremoto de 1985.

Dicho lo anterior, el sistema de inspección que opera en la ciudad de México parece, a primera vista, vulnerable a la corrupción. Si bien tenemos normas adecuadas, y muy probablemente se cumplen en la mayoría de los casos, la puerta sigue abierta para las empresas codiciosas que quieran ahorrarse unos pesos, usando materiales de menor resistencia. Lo anterior, porque la reglamentación contempla un sistema de inspecciones fundamentalmente operado por particulares, quienes son directamente contratados por las empresas constructoras. Este sistema inevitablemente implica un conflicto de interés: las empresas que busquen saltarse alguna norma pueden buscar a un inspector que tenga fama de ser poco puntilloso, o incluso contratar un dictamen a modo.

La tragedia no fue mayor porque en este sismo –a diferencia del de 1985, que afectó sobre todo edificaciones de más de seis pisos– colapsaron primordialmente edificios de pocas plantas. Este fenómeno refleja en alguna medida las características propias del sismo (en particular que en esta ocasión la distancia con el epicentro fue menor). Sin embargo, también es probable que las menores afectaciones a los rascacielos sean un resultado lógico del mayor interés que tienen las grandes empresas, que participan en proyectos de mayor calado, en resguardar su reputación y cumplir los estándares de seguridad (incluso en el contexto de un sistema de monitoreo laxo).

El segundo tema que quisiera resaltar se relaciona con el alto número de inmuebles que permanecerán desocupados y los riesgos que ello supone para la seguridad pública y la gobernabilidad de la Ciudad de México. Los edificios desocupados o muy deteriorados constituyen una gran oportunidad para grupos mafiosos: pueden operar como bases para el narcomenudeo y otros delitos, o simplemente para llevar a cabo lucrativas ocupaciones ilegales. Héctor de Mauleón y otras voces ya han alertado en este sentido sobre las prácticas de organizaciones como Unión Tepito (organización que, dicho sea de paso, pareciera entenderse muy bien con algunas autoridades). Estas organizaciones ya operan en las zonas más afectadas por el sismo, incluyendo las colonias Roma y Condesa, y seguramente están evaluando las oportunidades que abre el desalojo forzoso de edificios.

Lo ideal sería demoler todos aquellos edificios que no reúnan condiciones adecuadas para volver a ser habitados legalmente. Una construcción que permanece demasiado tiempo abandonada inevitablemente termina por convertirse en un riesgo (ahí está, por ejemplo, el tétrico Condominio Insurgentes, en la colonia Roma, que ha sido ocupado por un conjunto de intereses y que lleva décadas de deterioro sin poder ser demolido).

Por supuesto, la responsabilidad por atender estos dos temas no debe quedar sólo en el gobierno. Así como nos hemos organizado como sociedad para apoyar las labores de rescate y distribuir ayuda en los primeros días, es importante que demos seguimiento a acciones de protección y carácter preventivo, que nos hagan menos vulnerables a este tipo de desastres. Nadie mejor que la sociedad civil, por ejemplo, para recopilar y difundir información sobre el desempeño que las construcciones de distintas empresas tuvieron durante el sismo (habrá casos que denunciar, así como seguramente algunas empresas destacarán por haber entregado en los últimos años edificios que salieron intactos, incluso en las colonias de mayor riesgo). De igual forma, dependerá en buena medida de los vecinos vigilar y alertar sobre lo que ocurre en los inmuebles desalojados.

Twitter: @laloguerrero

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