Opinión

Los riesgos del híper reformismo


 
 
Aplaudo las reformas legislativas que han ocurrido bajo el Pacto por México. Pueden contribuir a cambiar el rostro de México en las próximas décadas.
 
 
Pero advierto que, en contraste al problema de parálisis legislativa del pasado, hay ahora una congestión de muchos asuntos muy relevantes que deben ser implementados o que esperan turno en el Congreso. El riesgo no son las reformas, sino la cantidad y el ritmo.
 
 
Mientras la aprobación de leyes y cambios constitucionales se celebra con euforia, en el futuro pueden sobrevenir diversos problemas, el más importante de ellos la falta de recursos económicos, humanos y políticos para hacerlas realidad.
 
 
Algunas reformas no requieren una reconfiguración burocrática o de métodos de trabajo —por ejemplo, la de telecomunicaciones incorpora a pocos jugadores en su implementación y puede dar resultados con relativa rapidez y generar mayor competencia en la TV una vez que se abra la licitación de una nueva cadena nacional. Pero otras como la educativa incluye a millones de niños, maestros, burócratas y padres de familia y demanda una inversión financiera y política de dimensiones aún desconocidas.
 
 
La evaluación de los maestros requiere un despliegue de planeación y ejecución del cual carecen muchos gobiernos estatales (los responsables de realizarla). Cada año se deberán evaluar a más de 300 mil y contar con mecanismos de formación docente y de concursos de plazas. Asimismo, los gobernadores deberán contar con la fuerza política y la determinación para no sucumbir ante la presión sindical. Si el Estado mexicano ha sido incapaz de certificar a las policías del país conforme se comprometieron los gobiernos federal y estatales en 2010, ¿podrá hacerlo en el caso de los maestros? ¿Podrán y querrán algunos gobernadores ejecutar las sanciones que la ley incluye?
 
 
Bajo la prisa de la “luna de miel” del Pacto por México, el Estado corre el riesgo de asumir más compromisos de los que puede cumplir. Además de las reformas ya promulgadas, esperan aprobación en el Congreso otras muy trascendentes como la energética, la fiscal, el Código Único de Procedimientos Penales, la secundaria de telecomunicaciones que vence el 8 de diciembre, así como una política-electoral cuyo contenido aún se desconoce pero que puede incluir la creación de un instituto nacional de elecciones.
 
 
Casi todas ellas implican una reorganización de burocracias, reglamentos y modos de operar. La energética implica una reorganización interna de Pemex y el diseño de nuevas modalidades de contratación; la fiscal reconstruir programas sociales para la pensión universal y el seguro de desempleo; la del código penal no sólo reescribirlo, sino sobre todo garantizar que durante los próximos años cada entidad del país sea capaz de adaptar su sistema judicial para modernizarlo de acuerdo a la nueva legislación.
 
 
Además de los recursos humanos y financieros, las reformas requieren atención política para no desviarse o atorarse. Reuniones de gabinete, seguimiento, recursos presupuestales, negociaciones, uso de la fuerza, talento humano. Focalizarse en muchas reformas a la vez implica menos atención para cada una y riesgo de una aplicación parcial o fallida. Sólo un ejemplo del sexenio anterior: a pesar de las muy pocas reformas estructurales, el gobierno fue incapaz para empujar en tiempo quizá la más trascendente de ellas, la de juicios orales en materia penal, que se empantanó por falta de atención e interés del gobierno. (La nueva administración debe sumar a su lista de pendientes la encomienda de asegurar que en 2016, como dice la reforma, en todo el país opere el sistema de juicios orales. Tarea titánica de construcción de infraestructura, de capital humano y de nuevos procedimientos).
 
 
Hay algo peor que la parálisis legislativa que México padeció durante casi 20 años: que la prisa legislativa sature de obligaciones al Estado mexicano y ello lo atrofie para llevarlas a buen puerto. La desilusión que hubo durante años por la falta de acción legislativa podría convertirse en desilusión por la incapacidad ejecutoria de los gobiernos. No todas las reformas requieren la misma inversión de recursos, pero la hacendaria, la educativa y la energética son de enormes dimensiones.
 
 
La ventana de oportunidad política puede cerrarse a fin de año —los 120 días que mencionó el presidente Peña Nieto en su primer informe de gobierno. El dilema que enfrenta el gobierno y los partidos es cumplir con una agenda legislativa abultada, incluso con el riesgo de que se aprueben algunas reformas de dudoso beneficio, o acotar la agenda a los temas más relevantes. No significaría “tirar la toalla”, sino reconocer que la eficacia de gobierno requiere poner la energía en asuntos que merecen y pueden atenderse.
 
 
Twitter: @LCUgalde