Opinión

Los municipios narco en Guerrero

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Narcomantas en Acapulco. (Cuartoscuro)

¿Es cierto el argumento de los grupos sociales en Guerrero de que en las condiciones actuales no puede darse la elección estatal en junio por la presencia y penetración del crimen organizado? Según investigaciones federales y de la Fiscalía General de Guerrero, la afirmación tiene sustento. Incluso, los pilares del presidente Enrique Peña Nieto en el gabinete, los secretarios de Gobernación y de Hacienda, le han sugerido que actúe en contra de los grupos criminales que controlan más de una docena de municipios que tienen actualmente dominio sobre 25 por ciento del electorado en el estado, como una señal de depuración del Estado contra la delincuencia organizada.

Son los narcomunicipios, expuestos en un informe que entregó la Fiscalía General de Guerrero al Cisen en mayo pasado sobre la penetración del narcotráfico en las alcaldías, incorporado a los expedientes criminales en la PGR, y que refleja lo poco que se ha hecho en diez meses para desmantelar su red de protección institucional. Para comprender la magnitud del problema, se puede hacer un ejercicio que permite aproximarse a la realidad que enfrentan los ciudadanos y la autoridad en Guerrero, donde la restauración del Estado de derecho se ha congelado.

La empresa de estudios de opinión Parametría elaboró un informe de las dificultades que están enfrentando las casas encuestadoras para medir las tendencias electorales en el estado, que no han podido realizar entrevistas en 18 municipios, que representan a 17 por ciento del electorado, y enfrentado dificultades en otros 15 donde se concentra 6.0 por ciento del voto. Al cruzar esta información con los documentos de la PGR, el Cisen y la Fiscalía General de Guerrero, ese problema lo tienen alcaldías gobernadas por el PRD y el PRI –el PAN no tiene presencia en el estado–, penetradas por al menos seis organizaciones delincuenciales. Es decir, el problema va más allá de los partidos.

Entre los 18 municipios de “alto riesgo” para los encuestadores registrados por Parametría, nueve de ellos, donde se encuentra casi 7.0 por ciento de los votantes, están controlados por ocho bandas criminales: Guerreros Unidos, Los Rojos, La Familia Michoacana –que existe bajo ese nombre fuera de Michoacán–, Los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de los Beltrán Leyva, Los Granados y Los Ardillos. Y en cinco de ellos, los alcaldes fueron señalados de tener nexos con criminales.

Uno es Ignacio de Jesús Valladares Salgado, en Teloloapan, en cuya demarcación opera La Familia Michoacana; el segundo es Rey Hilario Serrano, de Coyuca de Catalán, identificado como vínculo con Los Caballeros Templarios y que tiene cuatro averiguaciones previas; el tercero es Mario Alberto Chávez Carbajal, de General Heliodoro Castillo, al que se le relaciona con Los Rojos; el cuarto es Leopoldo Ramiro Cabrera, de Leonardo Bravo, señalado por tener vínculos con la misma organización; y Feliciano Álvarez Mesino que fue alcalde de Cuetzala del Progreso hasta abril de 2014, cuando lo detuvieron por su presunta responsabilidad en delitos del crimen organizado.

Otros municipios bajo esta categoría son Arcelia y Tlachapa, donde el control lo tiene Johnny Hurtado Olascoaga, que se separó de La Familia Michoacana para acercarse al Cártel Jalisco Nueva Generación, el responsable de la ola de secuestros en Valle de Bravo el año pasado. Entre los municipios de “riesgo moderado” señalados por Parametría, sobresalen Zapotitlán Tablas, bajo el dominio de Ulises Espinobarros, jefe de plaza de Los Rojos, y quien es el principal acaparador de goma de opio en la región de La Montaña, donde se cruza la actividad criminal con organizaciones como la Policía Comunitaria, y la guerrilla del ERPI. Su segundo en Guerrero, Enterbio Reyes Olivo, controla Copanatoyac, también clasificado como “riesgo moderado”.

En municipios de “bajo riesgo” sobresale entre la documentación gubernamental el caso del alcalde de Taxco, Salomón Majul González, quien pidió una licencia temporal a finales de marzo pasado, y señalado por la Fiscalía de Guerrero y el Cisen por nexos con Guerreros Unidos. Según los expedientes, esta banda criminal también tiene relación con el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, sobre quien existen seis averiguaciones previas por el delito de homicidio en contra del empresario Pioquinto Damián Huato –actual candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de la capital–, en enero del año pasado.

Crescencio Reyes Torres, alcalde de La Unión de Isidro Montes de Oca, y su hermano Pedro, expresidente estatal del PRD y actualmente en la lista de diputaciones plurinominales por la circunscripción de Michoacán, fueron denunciados en enero del año pasado por Servando Gómez Martínez, La Tuta, de colaborar con Los Granados y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Otro municipio clasificado de “bajo riesgo” es gobernado por Eric Fernández Ballesteros en Zihuatanejo, presuntamente vinculado con Los Rojos, y que solicitó licencia al cargo en enero pasado.

El árbol de Guerrero en el entorno electoral está lleno de ramas criminales, pero las autoridades federales y electorales sólo han visto a los maestros disidentes como obstáculo para la realización de la jornada electoral. El problema oculto, sin embargo, es la delincuencia organizada. La recomendación al presidente Peña Nieto es que dé luz verde para desmantelar las redes de protección institucional de los criminales en Guerrero, pero aún no toma ninguna decisión. El tiempo sigue corriendo, pero contra el proceso electoral de junio.

Twitter: @rivapa

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