Opinión

Los moches


 
Investigar las acusaciones de los llamados “moches” en la Cámara de Diputados y sancionar si se ha cometido algún delito es de la mayor importancia no sólo para que el PAN detenga su caída libre en la percepción pública como un partido que tolera la corrupción y aun la práctica, sino también para que el Congreso inicie una transformación interna y recobre la confianza ciudadana. Si el Poder Legislativo tolera la impunidad mediante la falta de acciones contundentes para aclarar cualquier sospecha de corrupción en su interior, aun se trate de calumnias, carece de la autoridad y legitimidad para exigir honestidad al gobierno y fiscalizar sus cuentas públicas.
 
 
Debemos evitar descalificar el mensaje a partir de las motivaciones del mensajero. Ciertamente quienes al interior del PAN han exigido castigo a los presuntos culpables se ubican mayormente en los grupos adversarios de Gustavo Madero, presidente de ese partido, en la medida que el principal acusado, Luis Alberto Villarreal, es cercano aliado. Pero esa es una coyuntura política: el tema nodal es descifrar qué tan profunda y real es la acusación de que diputados federales del PAN (y también de otros partidos) cometen el delito penado en el Código Penal de tráfico de influencias y extorsionan a alcaldes y otros funcionarios para gestionar recursos presupuestales a cambio de comisiones.
 
El fenómeno de los “moches” se ha venido gestando desde la década pasada. La acusación en contra de diputados del PAN es la más notoria que ha salido a la luz pública —aunque sigue siendo retórica y política mientras no se haga una denuncia formal y se presenten pruebas. El problema existe no sólo en el ámbito federal sino también en las legislaturas de los estados. Y no sólo se trata de extorsión, eso es, de legisladores que condicionan recursos a cambio de comisiones.
 
 
El problema inicio al revés: gobernadores que sobornaban o premiaban a legisladores aliados para gestionar recursos para hospitales, carreteras u otros destinos. De ahí siguió otra práctica creciente en muchas entidades cuando los gobernadores descubrieron el camino fácil para destrabar iniciativas de ley: pagar por los votos de los legisladores de oposición. El año pasado, por ejemplo, se reveló por medio de un audio que en Zacatecas el gobierno del Estado pagaba a diputados de oposición para aprobar el presupuesto presentado por el gobernador, sin cambiar una coma. En esa grabación diputados del PAN, PRD y PT se quejan de que aún no les llega el pago de 100 mil pesos por haber aprobado el presupuesto de 2013.
 
 
La importancia del caso de los moches trasciende por lo tanto al PAN: se trata de una oportunidad para detener la corrupción y degradación que sufren muchos poderes legislativos en México. Podría servir como ejemplo para detonar una espiral virtuosa que llevara a los congresos a legislar códigos de ética y conducta; a revisar los códigos penales para tipificar con claridad este tipo de conductas; a transparentar el proceso de negociación política de los presupuestos; y a regular mejor los procesos de licitación de obra pública en los estados y municipios ( las acusaciones en contra de diputados del PAN no sólo es porque cobran comisiones para gestionar recursos, sino además porque obligan a los alcaldes beneficiados a contratar determinadas constructoras para que realicen las obras en los municipios).
 
 
Finalmente, investigar los moches sería muy útil a los panistas. Su partido se desdibuja cada vez más y parece a los ojos de la población como un intento fallido de integridad. Es una lástima porque a su interior hay muchos líderes y militantes frustrados que podrían dar la batalla para recuperar la esencia que caracterizó a ese partido antes del 2000. Desafortunadamente, este fin de semana en su Consejo Nacional, en lugar de “agarrar el toro por los cuernos” e investigar qué pasa con las acusaciones de corrupción (como lo hacía antes en contra de sospechas de corrupción en los gobiernos del PRI), el PAN prefirió darle la vuelta y sólo crear una comisión que elaborará propuestas para transparentar entregas de recursos a estados y municipios.
 
 
Si el PAN ha dejado pasar otra oportunidad para combatir la impunidad, los otros partidos en el Congreso pueden todavía hacerlo. Algunos legisladores como Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del PRD en Diputados, han planteado que la PGR investigue. Muy benéfico sería que él mismo propusiera también crear una comisión especial de diputados que se allegara de información para evitar que este asunto se olvide como tantos otros. Aunque no contara con facultades sancionatorias, un grupo de esa naturaleza podría obligar a que la PGR investigue.