Opinión

Los militares 

 
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 [El acto se realizó en el Campo Militar número 1, bajo el mando del subsecretario de la Sedena, Virgilio Daniel Méndez Bazán / Cuartoscuro]  

Desde el momento en que las Fuerzas Armadas mexicanas fueron incorporadas a la lucha contra la delincuencia organizada, su tarea tradicional de apoyo a la población en casos de desastres naturales se modificó sustancialmente. Y es que durante la época de la llamada 'guerra sucia' en la década de los 70 del siglo pasado, cuando el Ejército participó en la liquidación de los grupos guerrilleros, la visión de los militares como parte del aparato de represión del Estado mexicano dañó severamente la imagen de estos cuerpos de seguridad. A partir de ese momento, las Fuerzas Armadas fueron modificando su vinculación con la sociedad mexicana.

Cuando Felipe Calderón decide enfrentar al crimen organizado a partir de 2007, el problema se centra en la ausencia total de policías estatales o municipales capaces de hacer frente a los grupos delincuenciales fuertemente armados, y la insuficiencia de la Policía Federal, por lo que se ve obligado a utilizar de nuevo al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina para contener el embate de estas fuerzas irregulares que amenazaban la seguridad interna del país. El debate sobre la pertinencia o no de esta acción aún se mantiene, pero lo que es indudable es el enorme poder demostrado por el crimen organizado, y su capacidad de control político y económico en diversas entidades de la república.

La estrategia de seguridad de Calderón y después del propio Peña Nieto suponía la temporalidad de la presencia militar a partir de la creación de policías estatales certificados capaces de cumplir con las labores de seguridad realizadas por el Ejército de manera emergente.

En la mayoría de los casos esto no sucedió así. La irresponsabilidad política y el saqueo presupuestal de muchos gobernadores limitaron significativamente la creación de los cuerpos de seguridad estatales y obligaron a las Fuerzas Armadas a mantener sus tareas de seguridad como la última línea de combate entre ciudadanos y delincuentes. El desgaste para éstas era ya considerable.

Sin un marco jurídico adecuado, y teniendo que enfrentar a poderosos combatientes armados, los militares terminaron haciendo de todo.

Pelear contra criminales, vigilar ciudades y en algunos casos hasta dirigir el tránsito ante la ausencia total de autoridad alguna. De esta forma hombres y mujeres entrenados para el combate en situación de guerra fueron obligados a comportarse como policías y además ser vigilados por las organizaciones de derechos humanos sin contar con un marco preciso de sus límites de actuación. Por ello el reclamo del secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, en el sentido de legislar urgentemente una Ley de Seguridad Interior que fije límites y responsabilidades a todas las partes involucradas.

Si bien es cierto que es indispensable que las policías estatales cumplan con su labor de manera efectiva, también lo es el hecho de que mientras no se encuentre un mecanismo alternativo para desarmar y anular el potencial bélico de los grupos delincuenciales, tanto la Policía Federal, pero principalmente las Fuerzas Armadas, tendrán que seguir haciendo frente a la amenaza que representan estos ejércitos paralelos capaces de desafiar al Ejército mexicano. Es cierto que las fuerzas castrenses deberán de mantener sus tareas de apoyo a la población en casos de emergencias por desastres naturales, pero su formación como ejército de combate con tecnología de punta para anular la capacidad bélica del crimen organizado, deberá mantenerse e incrementarse día con día.

Apostar por soluciones mágicas al tema de la inseguridad en el país como lo es el de la legalización de la drogas, es no reconocer la complejidad de un problema que pasa no sólo por el narcotráfico, sino también por el desmoronamiento del Estado de derecho y la ausencia de cuerpos de seguridad y justicia confiables y eficientes.

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