Opinión

Los gobernadores necesitan incentivos, no más reglas

 
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Por César Velázquez Guadarrama.

A finales del mes de abril el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, la cual entre otros objetivos busca controlar el endeudamientos de los gobiernos estatales y municipales, el cual ha crecido enormemente en los últimos años. Esta ley es una más de las decenas de actos legislativos, regulaciones y controles que desde 1995 se les han impuesto a los estados y municipios del país para vigilar su deuda y su gasto público.

En la literatura académica existen varias formas de controlar la deuda de los gobiernos subnacionales: la imposición de reglas, la disciplina del mercado y la cooperación de los distintos niveles de gobierno en un sistema de federalismo fiscal eficiente. La experiencia y la academia también señalan que la imposición de reglas y controles en ocasiones no suele funcionar pues los actores siempre encuentran la forma de evadir las reglas, algunas veces incumpliendo la ley otras haciendo uso de vacíos legales. En México, no tengo que decirlo, tenemos decenas de este tipo de casos. Por otra parte, el mercado no funciona de la manera más adecuada cuando existe la posibilidad de que los acreedores pueden ser rescatados por un tercero (restricción presupuestaria blanda) como es el caso de México en donde los gobiernos estatales siempre pueden recurrir al gobierno federal. De hecho, de una manera velada, el gobierno federal constantemente lo hace. No olvidemos por ejemplo como la administración actual le perdonó a los estados su deuda ante el SAT contraída por no pagar los impuestos retenidos a sus empleados.

Lo anterior no quiere decir que no deban existir reglas o que el gobierno federal no deba fungir como un seguro de las entidades ante shocks económicos o naturales pero es claro que nos hemos olvidado de generar los incentivos adecuados para que los gobiernos estatales hagan un uso adecuado de los ingresos públicos simplemente porque así les conviene. Si se hace un buen uso de los recursos, los problemas de deuda disminuirían considerablemente. Una forma muy simple de crear los incentivos adecuados es que el generar crecimiento y desarrollo socioeconómico (buen uso del gasto), o en su caso no generarlo (mal uso del gasto) tenga consecuencias en los ingresos de los gobiernos estatales pues a los políticos les es muy costoso no tener recursos para gastar.

El problema es que en México no sucede lo anterior pues las transferencias intergubernamentales y que en promedio representan alrededor del 85% de los ingresos de los estados no dependen de la actividad económica ni del crecimiento de la misma. Ante esta situación, como lo he planteado en numeras ocasiones, una solución es que los estados tengan mayores potestades fiscales y puedan recaudar recursos de un impuesto de base amplia como el impuesto al ingreso (ISR en México) o el impuesto al consumo.

Pero si la solución anterior parece extrema, podríamos empezar por modificar la forma en que se distribuyen las transferencias del Ramo 28. En la actualidad, y a pesar de lo que menciona la Ley de Coordinación Fiscal o de lo que se pueda observar en la fórmula, las transferencias recibidas por cada entidad están sumamente correlacionadas con la población, rompiendo el principio filosófico y económico de este tipo de transferencias y que establece que la distribución debe reflejar la actividad económica de cada entidad, caso contrario a las transferencias del Ramo 33 que buscan contribuir a la igualdad entre las regiones por lo que su distribución si debe seguir un principio redistributivo.

El afán centralizador de la clase política podrá poner más controles a los estados pero si de verdad queremos gobernadores que busquen el crecimiento económico, debemos cambiar algunas reglas básicas del federalismo mexicano. Empezar por modificar la fórmula de distribución del Ramo 28 es una de ellas. Dato curioso: el Estado de México es una de las entidades más favorecidas con el actual arreglo, recibe alrededor del 13% de las participaciones del Ramo 28 pero sólo produce un poco más del 9% del PIB nacional (datos de 2014).

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