Opinión

Los estados del Estado

La resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la autodeterminación del municipio de Cherán, Michoacán, al considerarse comunidad indígena merecedora de un tratamiento diferenciado por parte del Estado, no es cosa menor si se le suma al complejo panorama que ya vive esa entidad y otras muchas de la geografía mexicana y, sobre todo, si se toma en cuenta la posibilidad de que otras comunidades acudan a reivindicaciones similares, cuya expansión haría mucho más complicado el tratamiento segmentado que hoy se erige como la estrategia gubernamental para atender los problemas derivados de la violencia del crimen organizado.

De acuerdo con la Constitución, la nuestra es una República, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y estos a su vez se componen de municipios libres, esto es, existen de acuerdo a nuestra Magna Carta tres órdenes de gobierno, si bien con características particulares, con una estructura más o menos homogénea y unidos indefectiblemente a la federación. Pero en la práctica, esa bien ordenada estructura ya no es tan clara ni tan precisa. La dinámica social, las condiciones de inseguridad y violencia, han motivado el surgimiento de actores, individuales y colectivos que se ubican al margen de la organización estatal tradicional y gozan, aún en la confusión, de un alto índice de legitimidad.

Al menos durante los últimos veinte años, las reivindicaciones indígenas han cobrado fuerza y han obligado al reconocimiento de una serie de derechos en las leyes. De manera simultánea han desarrollado una organización interna autónoma. Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán son ejemplo de ello.

Los grupos comunitarios armados en diversas partes del país (no sólo en Michoacán) en tareas de policía o de “autodefensas”, hoy convertidas en fuerza rural, con sus propias normas y procedimientos, incluso judiciales, ostentaron, en su momento, una autoridad, un poder de facto no estatal, que la autoridad formal ha tratado de canalizar de manera institucionalizada.

La organización comunitaria se sigue reproduciendo en zonas tanto urbanas como rurales, por más que su existencia no sea notoria salvo en casos graves que llegan a enfrentamientos e incluso linchamientos como el sucedido hace unos días en Atlautla, Estado de México.

Un caso más: la estrategia seguida por la Federación para poner orden en Michoacán -más allá de las fracturas producidas entre los dirigentes de las autodefensas-, por los extraños mecanismos empleados, ha producido una migración de liderazgos hacia un movimiento que no sólo se pretende nacional, el Frente Nacional de Autodefensas, sino aglutinador de demandas y actores diversos, con mayor o menor legitimidad, con cuestionable o incuestionable imagen pública, pero con el denominador común de su activismo social que pone en tela de juicio la eficacia gubernamental, factor fundamental de la gobernanza, de la gobernación de un país.

El Estado no puede concebirse en los tiempos modernos sólo como el detentador del monopolio de la violencia legítima, lo que para el caso mexicano ya no es tan puntual. El Estado se legitima de manera natural con su acción eficaz y eficiente en la solución de las más elementales demandas sociales. De otra manera está siempre latente el riesgo de que el hartazgo social se desborde y active mecanismos que impliquen la existencia autónoma de pequeños estados dentro del Estado.

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