Opinión

Los enojos que vienen

Federico González Luna Bueno

En la víspera de la presentación de la iniciativa de la nueva legislación secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión por parte del presidente de la República ante el Congreso de la Unión, se percibe en varios medios de comunicación la tensión propia de lo que seguramente será un gran cambio en la regulación de estos importantes sectores de la industria del país.

Previamente habría que destacar el hecho de que el presidente Peña haya decidido decidió que la iniciativa no tendrá carácter preferente.

¿Qué significa que una iniciativa tenga carácter preferente? Implica que cada Cámara que integra el Congreso hubiera contado con un plazo de 30 días naturales para analizar y, en su caso, aprobar la legislación propuesta. Es decir, en alrededor de 60 días naturales se tendría cumplido el trámite legislativo de la aprobación, en su caso, de la iniciativa y de los términos en que ello ocurriera.

La decisión del Ejecutivo Federal en el sentido de que la iniciativa de mérito no tenga carácter preferente, a pesar de su evidente importancia, puede interpretarse como un gesto de cortesía política entre poderes, que permitirá que el Legislativo pueda seguir el procedimiento correspondiente sin necesidad de que exista un plazo límite para ello. Lo anterior, claro está, no significa que las discusiones se vayan a prolongar indefinidamente en el tiempo, dado su carácter prioritario.

Lo más importante de la iniciativa reside en el fondo de la misma, es decir, en su contenido, pues éste sí permanecerá indefinidamente vigente en el tiempo y de ahí la necesidad de que su orientación en cuanto a políticas públicas corresponda y acate los objetivos de la reforma constitucional aprobada en el primer semestre del año 2013.

El asunto de las telecomunicaciones en ocasiones es tan polémico que la iniciativa del Ejecutivo aún sin haber sido presentada ya ha levantado alguna polémica. Ya se observan ciertos medios de comunicación y analistas que inexplicablemente ya hablan hasta de una “contrarreforma” y no sé cuántos calificativos adicionales. Existe tensión y algunos medios ya hacen ver que velan armas en un sentido o en otro.

En este contexto previo a la presentación de la iniciativa, el tema más destacado, que no el más importante para la población en general, ha sido el de la retransmisión de los contenidos de la televisión abierta por parte de los operadores de televisión de paga, señaladamente los de televisión restringida satelital. Pero habrá muchos otros -y más relevantes- en los que seguramente habrá una abundante polémica en diversos medios de comunicación y ante la opinión pública, situación que inevitablemente habrá de ser recogida en el proceso legislativo a cargo del Congreso de la Unión.

Entre el torrente de temas que se avecina no deberemos perder de vista lo verdaderamente importante y que será, sin duda, el motivo real de muchas de las discusiones: el hecho de que la iniciativa, en observancia de la Constitución, tiene que ser una iniciativa decididamente a favor de la competencia. En pocas palabras, que pegará duro y por muchos lados. El mero desarrollo de los temas contenidos en la Constitución implicará la destrucción de privilegios, mercados cerrados, prácticas anticompetitivas, ganancias desproporcionadas, ausencia de pluralidad, perjuicios a los consumidores.

Y todo lo anterior cuesta dinero, y mucho, lo que provocará reacciones fuertemente críticas, inevitablemente sesgadas en ocasiones. Romper intereses creados es difícil, máxime cuando ha existido una zona de confort a lo largo de muchos años que parecía destinada a perdurar aún a costa de la mayoría.

Es claramente previsible que el tema central de la iniciativa será la promoción de la competencia en los sectores de las telecomunicaciones y de la radiodifusión. Estamos ante un cambio de fondo que desatará reacciones enconadas.

Bien vista, lo extraño sería que esta transición se diera en un escenario de calma.