Opinión

Los diarios financieros, la inclusión financiera y las remesas de México

 
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Telecomm

A pesar de los avances, la exclusión financiera en México sigue fuertemente marcada por la brecha urbano – rural en donde el porcentaje de personas mayores de 15 años con una cuenta en institución financiera formal para 2014 cae de 38.7% a 28.7%. Con esto, la exclusión financiera se une a otra serie de carencias sociales tal que en las zonas rurales se concentra mayor porcentaje de pobreza (61.5%) y pobreza extrema (20.6%) (Coneval 2014).

En las zonas rurales converge también el fenómeno de la migración. La falta de dinamismo económico en las comunidades rurales, el bajo crecimiento de la economía mexicana y con ello la escasez de fuentes de empleo obligan a muchas familias a seguir emigrando hacia Estados Unidos. A pesar del incremento en deportaciones, murallas y endurecimiento de la política migratoria en el país vecino, un promedio de 300,000 mexicanos se va anualmente a los Estados Unidos desde 1994; asimismo muchas familias emigran a zonas de jornaleo agrícola, centros turísticos o ciudades grandes como la Ciudad de México, Guadalajara, Cancún, entre otros, en la búsqueda de empleo.

La migración viene acompañada del envío de dinero a los familiares pero la mayoría de estos no tienen acceso a los servicios financieros. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, el 24.8% de las personas rurales reciben recursos del extranjero y de estos, el 59.5% no tiene cuenta en institución financiera formal y 95% de las remesas se utilizan en efectivo. Asimismo, el 54.6% de los envíos de dinero ocurren a través de remesadoras y tiendas departamentales vinculadas con remesadoras; el 19.4% utiliza la orden de pago en sucursales de banca múltiple, 9.5% vía correo SEPOMEX-Telecomm; en tanto que 6.3% utiliza una cuenta bancaria y solamente 1.3% realiza transferencias. Asimismo, el 78.9% de las personas que reciben remesas no tiene acceso a crédito formal.

El no captar las remesas a través de cuentas en institución financiera formal es una limitación no sólo en términos de mayores costos de transacción, sino que es un obstáculo para acceder a mecanismos de ahorro e inversión, de manera que las remesas pierden la posibilidad de convertirse en un medio para el desarrollo de las familias, o en inversión que permita al migrante retornar a su comunidad en condiciones diferentes de las que lo obligaron a salir. De esta forma, el 68.4% de los recursos recibidos se destinan a gastos de comida, personales o pago de servicios y el 22.4% para gastos de enfermedades, imprevistos o emergencias y solamente el 2.6% se destina a negocios, 5.9% a gastos de educación y 7.9% a remodelar o ampliar la vivienda.

Asimismo, la migración y los envíos de dinero a las zonas rurales involucran un tema de género que es importante considerar, porque del total de personas que reciben remesas, el 35.5% son hombres y el 64.5% son mujeres. Esto es, son las mujeres las que se quedan al frente del hogar y son las receptoras de los recursos. Curiosamente en el medio rural, la inclusión financiera de mujeres supera a la de los hombres; sin embargo, los mecanismos de atención y los productos financieros que se acercan a las mujeres no necesariamente las empujan al crecimiento económico y vuelven a quedar encasilladas o confinadas a microcréditos grupales acotados que les permiten desempeñar actividades económicas marginales no capitalistas, de medio tiempo, ubicadas en el hogar y que generalmente tienen baja rentabilidad (Guérin, 2006:29).

Hay una apuesta fuerte del Gobierno Federal a lograr inclusión financiera por la vía tecnológica y en este mismo sentido, existe evidencia empírica nacional en donde la tecnología para realizar operaciones financieras tiene impactos en términos de la dinamización de las economías locales y el aumento en el volumen de las transacciones.

Un ejemplo muy concreto es el proyecto piloto de Telecomm (empresa paraestatal) en el municipio de Santiago Nuyóo, (Mixteca de Oaxaca) en donde se dio acceso a servicios financieros a través de banca por celular entregando de forma gratuita un teléfono de bajo costo. La inversión se recuperaría por medio de las comisiones cobradas por transacción y una renta mensual del teléfono de $100 pesos, con acceso limitado a llamadas locales y mensajes de texto. Dentro de los resultados inmediatos fue un incremento en el número de cuentahabientes de 30 a 150 cuando se abrió la sucursal y 350 al tener acceso al teléfono celular.

Además el ahorro promedio pasó de 7.5 a 11.6 dólares por persona y se observó una marcada eficiencia en el gasto del hogar a través de la reducción del gasto en energéticos, combustibles, transporte público que presumiblemente se tradujeron en ahorro, asimismo se documentó un incremento de las ventas locales por un mayor número de pedidos a distancia, menos riesgo y menor gasto de tiempo en traslados (Rentería, 2016).

Estos resultados son interesantes a la luz de los recientes Diarios Financieros de México en donde se encontró que el 89% de las compras y el 87% de las operaciones financieras se hacen dentro de la comunidad (a una distancia no mayor a 30 minutos a pie), en cambio, sólo 44% del valor de todas las transacciones financieras ocurre dentro del ámbito de la comunidad. (Sanford, 2016). En cambio, con la tecnología, es de esperarse que tanto el volumen como el valor de las transacciones aumente toda vez que al haber más ahorro, con los productos adecuados, es posible que se incremente el crédito y la inversión en actividades generadoras de ingreso (Daryl Collins et al., 2011)

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