Opinión

Los desafíos del sistema de aseguramiento agropecuario en México

Del 5 al 8 de noviembre pasados, la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social y la Fundación Grameen-Crédit Agricole de Francia, llevaron a cabo un seminario internacional sobre el Seguro Agrícola de México.

El seminario presentó el modelo mexicano por parte de aseguradoras, reaseguradoras, consultores, el sector público y la banca de desarrollo. Asimismo se realizaron visitas a productores del campo en Puebla y Tlaxcala. A este evento asistieron decenas de interesados provenientes de tres continentes en cuyos países la agricultura y la ganadería, al igual que en México, demandan sistemas de aseguramiento más sofisticados, debido al cambio climático y la necesidad de contar con instrumentos financieros para combatir la pobreza rural.

El caso mexicano es interesante para otras latitudes por sus elementos de autogestión como son: los fondos de aseguramiento agropecuario; así como una importante voluntad del gobierno federal y gobierno estatales por apoyar esquemas de aseguramiento que lleguen a un mayor número de productores, tal es el caso del programa CADENA, que apoya el 100% de la prima del seguro agropecuario, con el objetivo de proteger a todos aquellos productores que no tienen posibilidad de acceder a un seguro individual. Asimismo, es interesante el subsidio a la prima del seguro agropecuario que canaliza AGROASEMEX y que el riesgo de la agricultura mexicana se diversifique en el mercado internacional, a través del reaseguro, tanto por el lado del sector privado, como por parte del gobierno federal.

A pesar de esto, lo que se constata en campo, es un mercado altamente concentrado y con poca competencia, ya que de catorce aseguradoras que cuentan con el producto, solamente tres lo están operando. Asimismo, de más de treinta reaseguradoras a nivel global, sólo dos se interesan, hasta ahora, por el mercado mexicano, a pesar de que somos el 2º mercado de seguros agrícolas más grande de América Latina, tan sólo después de Brasil.

La concentración también es territorial, ya que, al igual que ocurre con el crédito y los subsidios a la producción; las aseguradoras privadas y los fondos de aseguramiento operan fundamentalmente en el norte del país, por las ventajas de una agricultura comercial que les representa menor riesgo. Por ello,no es sorpresa que en 2014, el 60.3% de la superficie asegurada se ubique en doce Entidades del Bajío y Norte del país, mientras que sólo el 20.8% de la superficie asegurada se ubicó en Estados del Sur-sureste.

Por su parte, el programa CADENA operado por SAGARPA es el instrumento de política pública para llegar a los productores de bajos ingresos que no pudieran, por sí solos, comprar un seguro individual. Este programa ha logrado asegurar 11.98 millones de hectáreas en 2014 con un presupuesto que oscila los 251 millones de dólares. A pesar de estos logros, el CADENA tiene un riesgo elevado de clientelismo, toda vez que el asegurado es la Entidad Federativa y no el productor. En este sentido, el acceso a las indemnizaciones queda en función de la forma en la que cada Estado provee la información a sus productores. Así, el programa carece de la participación involucrada del productor, quien puede percibir este seguro como una dádiva y no como un producto financiero para protegerse del riesgo.

Asimismo, la política de aseguramiento no contribuye a la inclusión financiera, ya que la obligación del seguro (a excepción de los créditos provenientes de banca de desarrollo) está desvinculada de otros programas de financiamiento. En este sentido, por ejemplo, el nuevo programa de acceso al financiamiento para pequeños productores podría estrechar su operación con CADENA y obligar a los gobiernos estatales a asegurar, entre otros, a todos los productores con crédito, de tal suerte que más productores accedan al seguro por la vía del crédito y viceversa.

En resumen, esta experiencia abrió una ventana de oportunidad para analizar y proponer una mejor articulación de la política de seguros agropecuarios con aquella de desarrollo rural e inclusión financiera, en aras de lograr una mayor cobertura de productores de bajos ingresos, incrementar la competencia y la innovación, cerrar los vacíos de información y elevar la resiliencia de los productores frente al cambio climático.