Opinión

Los derechos humanos en México

 
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padres de normalistas (Alejandro Meléndez)

Delicado, muy delicado, es el reporte que acaba de presentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación que guarda México en la materia de su competencia.

La transcripción de algunas de sus conclusiones, solo de algunas, tomadas del Resumen Ejecutivo que presenta el informe de esta organización, lo dice todo, no requiere mayor explicación.

México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años. Durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país. Como respuesta al incremento de la violencia, las autoridades han optado por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Esta situación ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) valora las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente a la situación presentada en el informe. ..Sin perjuicio de estos avances, la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una “simulación”.

… son de especial preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos. México es considerado, además, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquéllos que están en guerra. 

Las desapariciones forzadas de personas han ocurrido en México en diferentes momentos y con diversas intensidades…actualmente ha aumentado en forma dramática en el país. Especialmente grave es la información amplia y consistente recibida por la CIDH a través de sus distintos mecanismos sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas. Cifras aportadas por el Estado a organismos internacionales apuntan a que en México sólo se han emitido seis sentencias en el ámbito federal por el delito de desaparición forzada.

La desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en el Estado de Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, hechos en los que también resultaron heridas y asesinadas otras personas, constituye una grave tragedia en México así como un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones en México, y en particular en el Estado de Guerrero. Asimismo, es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes. Este caso es además un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado.

…en los últimos años han tenido lugar incidentes trágicos de violencia con participación de agentes del Estado, los cuales han sido reportados ampliamente en los medios de comunicación: el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México en junio de 2014, algunas de ellas presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por miembros del ejército; la muerte de civiles presuntamente a manos de elementos de la Policía Federal en Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015; el presunto enfrentamiento en los límites entre Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán en junio de 2015 en el que perdieron la vida 42 civiles y un elemento de la Policía Federal, entre otros. En los tres casos mencionados, la primera versión de las autoridades – sin que haya una investigación de por medio - fue que las muertes de civiles eran resultados de enfrentamientos entre elementos de la fuerza pública y civiles. Con el paso del tiempo y la investigación, los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las fuerzas armadas, a la alteración de la escena del crimen a fin de presentar la situación como si se tratara de enfrentamientos, e irregularidades en las investigaciones. Estas situaciones requieren la revisión del uso de la fuerza en México en armonía con los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Asimismo, requiere la adopción e implementación de medidas de rendición de cuentas por un cuerpo independiente de todas las fuerzas de seguridad en relación a operativos y tareas de seguridad pública en donde haya privación de la vida.

El gobierno de Enrique Peña Nieto , vía la Secretaría de Gobernación, señaló que no acepta el informe por tendencioso y alejado de la realidad y que no toma en cuenta lo mucho que se ha avanzado en materia de derechos humanos.

¡Qué triste papel el de nuestro gobierno! Cómo me hubiese gustado que reconociese el problema en toda su magnitud y ofreciese no sólo a la CIDH sino también a toda la nación una disculpa por su pobre actuar y una propuesta sólida para corregir esta lamentable situación.

Mañana será otro día.

Presidente de Sociedad en Movimiento.

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