Opinión

Los cuestionamientos de un Nobel

Gracias por su felicitación pero…. ahí le van diez preguntas para dejar en evidencia que la economía de los mexicanos no mejora. ¿Cuándo va a bajar la luz y la gasolina? Alcanzar la gracia de Hollywood y obtener un premio Oscar le concede a uno prestigio suficiente para desenvolverse como Nobel. Es la muestra que nos ha ofrecido Alfonso Cuarón el día de hoy, con el cuestionamiento que, si bien legítimo y firme, no puedo dejar de calificar como arrogante y descortés hacia el Presidente de la República.

No quiero bajo ningún motivo conceder que el comentario que habré de compartir con usted se interprete como una comparación personal, pero la semana pasada, al darse cuenta del proceso para la santificación de Juan Pablo II, algún comentarista radiofónico habló de los pecados que se le atribuían al Papa polaco, relacionados con la pasividad que debía reprochársele ante la falta de disposición para ordenar el juicio eclesiástico que debió abrirse en su momento en contra de sacerdotes y religiosos pedófilos; una persona de entre el auditorio se comunicó para reclamarle al periodista una participación de esa naturaleza, que descarrilaba el sentimiento generalizado de fe y empatía con relación a la resolución que así había decretado ya el Papa Francisco. El sentimiento de ese miembro del auditorio era perfectamente cierto y válido, por más objetiva y razonable que fuera la decisión del conductor de dar a conocer todos los puntos de vista alrededor de ese mismo tema. Una cuestión de formas, coincidirán muchos.

Nadie puede remediar que el Presidente de la República, cualquiera que este sea y Enrique Peña Nieto en lo particular, sufra los efectos que acarrea la antipatía del electorado, --normalmente, los servidores públicos no son “monedita de oro”, y menos cuando se trata del primer mandatario--; sin embargo, eso no obsta para que reflexionemos sobre la calidad pública de la que goza cualquier Presidente por el solo hecho de haber sido el ciudadano que más votos logró obtener del electorado, así sea que se trate de una mayoría relativa de quienes integran el padrón. Una descortesía hacia quienes están a cargo de velar por nuestras instituciones, puede ser ofensivo también para quienes decidieron llevarlos a poder. ¿Era necesario que el cineasta empezara su carta con ese bufón “agradecimiento?”.

Pero dejando a un lado los aspectos banales de esta interpelación que ha publicado periodísticamente el Director de “Gravity” y la apreciación subjetiva de su introducción que me he permitido compartir con usted, déjeme referirme a un fondo que ha dejado en evidencia y que debe llevarnos a una seria reflexión sobre el rumbo de las políticas que ha emprendido el Gobierno de la República.

La publicación comienza con la aclaración en torno de una falta de información relacionada con la reforma más trascendente de las últimas décadas, sigue con una primera pregunta encaminada a forzar la respuesta sobre cuándo habremos de palpar los primeros resultados, y a poner en entredicho la operatividad del proyecto en función de la calidad de las personas que se encargarán de materializarlo.

Una reforma de esta relevancia difícilmente se pudo haber discutido con la profundidad y objetividad que hoy se exige. Son más de setenta años en los que el país ha estado inmerso en un discurso oficial que se ha empeñado en glorificar los méritos del General Lázaro Cárdenas alrededor de la expropiación petrolera, la defensa de los derechos de los trabajadores y la defensa del campo. ¿Consideraría usted políticamente factible terminar con el ejido? Entonces eso significaría que usted está de acuerdo en que la política agraria nacional es un éxito. Las premisas del silogismo petrolero se apoyan en la misma base, y el rumbo que debía emprender el país para lograr la justa explotación de sus recursos no permitía un viraje ligero del timón. ¿Cabría en una decisión necesaria valorar la elusión de lo retóricamente deseable?

Una respuesta muy sencilla puede ofrecerse a cualquiera que desee saber cuándo habrá de cambiar el país, cuándo mejorarán los precios de las cosas o cuándo se generarán los empleos que se necesitan: cuando se cumpla la ley. Y es que dentro del mismo cuestionario se hace especial referencia a la importancia que tiene el respeto por el Estado de Derecho como requisito indispensable para que cualquier cambio de las normas surta los efectos que persigue. No importa cuántas leyes se cambien para mejorar el país, que dicha transformación jamás se habrá de lograr sino antes se logra implantar un auténtico respeto por la legalidad.

El precio de los bienes que generan las empresas productivas del Estado o, inclusive, aquellas que conforman el sector privado, no se regulan por la ley. El mejoramiento de la economía depende de la inversión, y ésta de la certidumbre del retorno y una ganancia. Si queremos precios más accesibles, necesitamos más empresarios dispuestos a invertir en México y a competir sobre bases sólidas, que propicien una sana lucha por el mejoramiento de sus precios a favor del consumidor, para asegurar una posición de mercado que los consolide en el largo plazo. En este sentido, la aprobación de las leyes constituye un presupuesto para que los ciudadanos realicen aquello que es debido para lograr ese fin que a todos nos interesa; no significan el cambio de la realidad de un día para otro.

El reto más importante, sin embargo, tiene que ver con uno de los últimos planteamientos contenidos en el cuestionario, que también se relaciona con lo anterior. ¿Cómo asegurar el cometido en manos de personas que han sido tachadas por corrupción? El gran reto del proceso de reformas que se han emprendido no se halla en la adecuación de las normas, sino en el de su observancia y en la de la correcta elección de las personas para desempeñar un cargo de confianza cuya viabilidad depende de su honorabilidad.

México está ávido de retomar los valores sociales sobre los que fue fundado, de encontrar la escala adecuada en la que el trabajo sea la medida única para encontrar la justa retribución y, con ella, la satisfacción que brinda el reconocimiento público del desempeño honesto del deber.