Opinión

Los corruptos

 
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Javier Duarte

El reiterado problema de la corrupción en el país está llegando a límites difíciles de aceptar, incluso para la propia clase política mexicana en su conjunto, la cual ha identificado desde hace años este fenómeno como parte integral del ejercicio del poder en el país. La democratización sólo trasladó y potencializó la corrupción desde la presidencia de la República hacia los estados y sus gobernadores. Es cierto, la posibilidad de enriquecimiento ilícito de los mandatarios estatales pasa por lo menos por la complacencia, e incluso con la complicidad de autoridades federales, las cuales les dan los recursos y la autorización para disponer de ellos de forma discrecional.

Es una realidad que durante los últimos 20 años no han existido mecanismos legales de control sobre los gobernadores, y que en algunos casos como los de Moreira en Coahuila y Duarte en Veracruz, sobrepasaron los límites del endeudamiento y el robo. ¿Hasta dónde existe el temor porque una figura como Duarte descubra los secretos que involucren a las más altas esferas del poder? En todo caso, los excesos de Duarte ya no permiten esconder bajo el tapete el saqueo del erario como sucedió con otros gobernadores. Además, el hecho de que el exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, se haya entregado a la justicia y se encuentre tras las rejas, representa una presión adicional para el PRI y el gobierno federal en lo relacionado a Javier Duarte y al resto de sus gobernadores acusados de abusos.

Los miles de millones de pesos desaparecidos de las arcas del estado veracruzano se traducen de manera automática en un deterioro brutal de la calidad de vida de los habitantes de esa entidad, quienes hoy sufren carencias significativas en todos los servicios básicos y principalmente en la seguridad, en la medida en que la Policía Estatal terminó por convertirse en otro cuerpo de apoyo a la delincuencia organizada patrocinada por el gobernador Duarte. Son estos ejemplos de despilfarro, endeudamiento, y por lo tanto corrupción extrema, los que han derivado en la necesidad de ponerle alto a este fenómeno porque el daño social ocasionado rebasa ya la capacidad de contención por parte de las autoridades federales.

Seguir intentando tapar los cráteres presupuestales de gobernadores rapaces es hoy imposible, tanto por la magnitud del desfalco como por la exposición pública de estos delitos que aumenta la presión mediática sobre el gobierno federal. Ya no hay dinero en la administración de Peña Nieto que pueda calmar las aguas del asalto de Duarte, ni tampoco justificación alguna para impedir el encarcelamiento del mandatario estatal prófugo y protegido por grandes intereses políticos y económicos. El no haber actuado a tiempo por parte del presidente de la República en relación a los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, tuvo consecuencias electorales adversas para el PRI, pero también para un erario público devastado por los excesos insaciables de funcionarios corruptos.

El tema del funcionamiento inmediato del Sistema Nacional Anticorrupción es una prioridad nacional para intentar contener los efectos adversos de una corrupción incontenible que dejó de ser funcional al sistema, y se convirtió en un cáncer capaz de desatar eventos de violencia difícilmente contenibles, pero también problemáticas de orden económico en donde no existan recursos suficientes para satisfacer necesidades básicas de segmentos sociales desatendidos ante la falta de dinero robado y sin posibilidades de ser repuesto.

El régimen de gobernadores saqueadores está a punto de poner en riesgo el propio equilibrio financiero logrado después de muchos años de disciplina, esfuerzo y sacrificio, ante la pasividad de autoridades centrales que por una u otra causa parecen creer que esto también puede ser resuelto dándole vuelta a la hoja. Se equivocan.

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