Opinión

Los cómplices

 
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Duarte. (Cuartoscuro)

La información disponible en el caso de Javier Duarte es hoy abundante, y con vergonzoso cinismo del sistema, crece día a día.

Nuevas propiedades, casas, ranchos, viajes, cuentas y empresas. Es como si de repente alguien en las esferas del poder, esa distinguidísima dependencia que es la Secretaría de la Función Pública –por demás omisa e irrelevante– o la muy pasiva Procuraduría General de la República, se hubiesen decidido –de pronto– a revelar el abultado expediente del exgobernador de Veracruz.

Si damos seguimiento puntual a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 2011, encontramos que durante los dos primeros años del gobierno de Javier Duarte, la ASF encontró 'inconsistencias', cuentas no comprobables o gastos inexplicable por apenas 57 millones de pesos.

A partir de 2012, año del regreso del PRI a la presidencia de la República, las observaciones se disparan a miles de millones de pesos por año. El total que hoy se publica en los diarios, los 34 mil millones de pesos, proviene justamente de esos años: 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 (que aún no se hace pública). Javier Duarte sintió, con la llegada del PRI a Los Pinos, que su actuación criminal y delictuosa estaba –permítame señalarlo así, aunque es sólo una hipótesis– amparada, que nadie lo iba a perseguir, por más excesos, abusos, desvíos o desfalcos.

Su contribución a la campaña electoral que condujo al hoy presidente Peña Nieto a la victoria fue tan contundente –existe la evidencia de las maletas de millones en efectivo incautadas en el aeropuerto de Toluca y provenientes de Veracruz–, que le hizo creer a Duarte que era intocable.

Lamentablemente la historia y los hechos le dan la razón a Javier Duarte. Fue en efecto intocable por seis años. Ni la Secretaría de Hacienda y su muy pomposa pero ineficaz Unidad de Inteligencia Financiera, ni el Congreso local, ni la propia Auditoría Superior, fueron capaces de detener, advertir, elevar luces de alerta ante el tamaño del delito. Duarte declaró ante pregunta expresa de reporteros que lo cuestionaban sobre su futuro: “yo estoy amarrado”, a mí nadie me toca.

Perdone usted mi insistencia, y de verdad lo pregunto por todas partes y a todos los expertos, pero me resulta inexplicable que esas cantidades de dinero puedan desaparecer sin dejar rastro, sin encender luces rojas en el sistema financiero. Entiendo que no transfieren miles de millones a las mismas cuentas, sino sólo de poco en poco, con empresas fantasma, con adquisición de propiedades a través de prestanombres y testaferros. Pero, ¿de verdad nadie se dio cuenta? ¿Dónde estaban los funcionarios de Hacienda que transferían miles de millones a las cuentas del estado? ¿Dónde la observancia de la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Dónde los bancos, los notarios, los fedatarios que necesariamente testimoniaron el desfalco, o incluso participaron de él?

La red de complicidades es enorme. No sólo de sus colaboradores directos, sus secretarios de Finanzas, el supervisor del Órgano de Control, sino de también de diputados, senadores, funcionarios del gobierno federal.

Muchos supieron, se hicieron de la vista gorda. Muchos tuvieron evidencia de los excesos y desvíos de Duarte y su –inexplicablemente inocente– esposa.

Nadie actuó, nadie hizo nada; los dejaron hacer como en un festival de latrocinio y corrupción sin límites que hoy estalla en el rostro de Veracruz y de México entero.

¿Y el Congreso local? ¿Y la oposición? No existe una sola denuncia en contra durante cinco años de abusos y desvíos. Sólo la de Miguel Ángel Yunes al arranque de su campaña, con fines político-electorales.

¿Todos fueron corrompidos por Duarte? ¿Compró a todos y por ello se sentía intocable?

El festival es inenarrable. Imagine usted los volúmenes de dinero en efectivo que estos señores del gobierno de Veracruz manejaron para campañas, candidatos, opositores, legisladores y demás cómplices.

¿Un banco entrega decenas de millones de pesos en efectivo a funcionarios estatales y no se enciende una alerta? ¿No está obligado a notificar a la Comisión Bancaria y de Valores?

¿Hasta dónde llega la complicidad en este caso emblemático? ¿Llega al gobierno federal?

¿Llega a Pemex en Veracruz? ¿Llega a docenas o cientos de empresas que participaron en licitaciones y concursos ficticios para simular adjudicaciones legales? ¿Dónde están las empresas que ganaron los contratos? ¿Dónde están los socios, las actas, los notarios?

No somos Brasil, que goza del sólido avance democrático de un Poder Judicial independiente, con tribunales y cortes auténticamente autónomos. No somos ni siquiera Guatemala, que ofreció una lección histórica al procesar a su vicepresidenta y presidente de la nación con resultados por todos conocidos. ¿Seremos capaces en México de llegar hasta el fondo? ¿Los jueces y magistrados tendrán la estatura moral y jurídica para hacer un caso ejemplar de combate a la impunidad y la corrupción?

Si yo trabajara en la Secretaría de Hacienda, en la Presidencia, en el PRI veracruzano, estaría urgido por lavar mi nombre, porque nadie pensara que soy parte de una extensa red de impunidad que encubrió, protegió y muy probablemente se benefició del reparto multimillonario de Duarte en Veracruz.

Twitter: @LKourchenko

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