Opinión

Los 31 días clave del sexenio


 
 
Hoy inicia el mes más importante para el destino de la agenda reformista de México. Como el 31 de octubre es la fecha límite para que ambas cámaras del Congreso hayan aprobado la Ley de Ingresos, eso significa que la reforma hacendaria debe aprobarse antes para que aplique a partir de 2014. Pero PAN y PRD han amenazado que no votarán ninguna reforma —ni ésta ni la energética— hasta que se apruebe una en materia político-electoral.
 
 
Si esa amenaza es real y se materializa, significa que en octubre se deben concluir las negociaciones de las tres reformas más trascendentes de la agenda pendiente del Pacto por México.
 
 
En las reformas hacendaria y energética, el gobierno optó por una negociación bifronte: pactar la primera con la izquierda (que abiertamente ha expresado su apoyo) y coincidir con la derecha en la segunda (incluso se argumenta que el gobierno podría acercarse a la postura del PAN en materia de concesiones luego de que su táctica de seducción cardenista fallara). Esa ruta dual puede ser muy exitosa si el PRI está dispuesto a dar sus votos para la reforma político-electoral que piden sus opositores.
 
 
PAN y PRD presentaron sus propuestas la semana pasada. Coinciden en dos asuntos medulares: la reelección legislativa y la creación de un instituto nacional de elecciones que sustituya al IFE y a los 32 órganos estatales que actualmente organizan las elecciones locales. Tan grande es la necesidad de la reforma energética que muy probablemente el gobierno ceda en esos dos temas, aunque al PRI y al propio presidente Peña Nieto no les agraden. La segunda vuelta que propone el PAN difícilmente pasará y carece de la fuerza porque el PRD no la apoya.
 
 
La última experiencia de un quid pro quo de esta magnitud ocurrió en 2007, aunque los roles estaban invertidos. En aquella ocasión el gobierno panista de Felipe Calderón quería una reforma fiscal y el PRI aprovechó esa urgencia para condicionar su apoyo a cambio de una reforma electoral. Entonces el gobierno rehusaba tal condicionamiento y argumentaba que cada negociación debía correr por caminos separados, de la misma forma que hoy lo hacen algunos legisladores del PRI. Hace seis años la presión surtió efecto y se obtuvo una reforma fiscal parcial y limitada, y una electoral que también lo fue (tanto que hoy se exige una nueva).
 
 
Hasta hoy el esquema negociador del Pacto por México ha producido buenas reformas, algunas de menor profundidad a la deseable, pero todas ellas en el sentido correcto. Temo que en los próximos 31 días el Pacto pueda generar algunas malas reformas: la hacendaria ha sido ya criticada acremente por especialistas y sectores afectados, mientras que la político-electoral contiene un elemento sumamente positivo (la reelección) pero otros irrelevantes que no atacan problemas de fondo y la propuesta de un instituto nacional electoral que, en mi opinión, sería un error.
 
 
Todavía puede lograrse el propósito de concluir octubre con tres buenas reformas: si en materia energética el PRI y el gobierno se acercan a la postura del PAN en el tema de concesiones e incorporan las propuestas del PRD en materia de gobierno corporativo de Pemex y de combate a la corrupción al interior de la empresa; si el gobierno compone su propuesta hacendaria e introduce además un capítulo de transparencia y calidad del gasto público; y si se modifica la idea de crear un instituto nacional de elecciones y se ataca el problema central de la democracia electoral que es el costo creciente de las campañas. (El problema de las elecciones no son los institutos electorales de los estados, sino las enormes sumas de dinero de que disponen los gobernadores por falta de controles, así como las contribuciones no registradas).
 
 
Si el gobierno ya pagará el costo político de una reforma energética a pesar de haber envuelto su propuesta con un ropaje cardenista, ¿por qué no ir por el paquete completo? Si el gobierno ha cedido al reclamo de la izquierda de no IVA en alimentos y medicinas, ¿por qué no corregir otros aspectos de la propuesta hacendaria, moderar el déficit previsto y compensar por la vía de mayor eficacia del gasto? Y si el PAN obtiene la reelección —una verdadera reforma estructural— ¿por qué no plantear una reforma de fondo en materia electoral y dejar de lado la idea atractiva y populista de crear instituto nacional que poco hará para erradicar las causas de la inequidad y excesivos costos de las campañas electorales? Si todo eso sucediera, octubre puede ser recordado como un mes de 31 días que cambió la historia de México (para bien).
 
 
Twitter: @LCUgalde