Opinión

Lo bueno y lo mejor

   
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Desfile (Cuartoscuro)

La discordia que ha prevalecido en las últimas semanas puede reventar cualquier tema en la agenda pública. Hay quienes ven en las iniciativas que se discuten en el Congreso en materia de seguridad interior un avance hacia el autoritarismo impulsado por un gobierno que se sabe impopular, y que hace frente a una creciente movilización social. Se habla incluso de una 'ley golpista'. No creo que reprimir movilizaciones sociales esté en la mente de la cúpula militar, ni de quienes actualmente impulsan las iniciativas de Ley de Seguridad Interior en el Congreso, entre ellos el senador panista Roberto Gil y el diputado priista César Camacho.

Abonaría a exorcizar el fantasma de la represión que en la ley se dejara en claro que las Fuerzas Armadas no tendrán dentro de sus funciones la contención de manifestaciones. En particular, ha causado preocupación la redacción del artículo 3 de la iniciativa del PRI, que señala que las Fuerzas Armadas podrían intervenir en cualquier “acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en el territorio nacional o en áreas geográficas específicas del país”. Sin embargo, para evitar excesos y tragedias como la ocurrida el año pasado en Nochixtlán, la prioridad es que la Policía Federal invierta en la capacitación y el equipo necesario para contener manifestaciones.

Ahora bien, varias de las críticas a la Ley de Seguridad Interior son más complejas. Inevitablemente con el debate han salido a relucir los vicios que han envuelto la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de combate al crimen organizado: las recurrentes violaciones a los derechos humanos, la impunidad ante dichas violaciones y la negligencia generalizada de las autoridades estatales y municipales (que saben que en última instancia los militares acudirán en su auxilio) para profesionalizar a sus policías. Coincido plenamente en que estos son vicios muy graves, y en que ni el gobierno ni las Fuerzas Armadas han tenido la voluntad para atenderlos de forma satisfactoria.

Por otra parte, los críticos de las iniciativas en muchos casos también sugieren que –con el simple hecho de regular las tareas que las Fuerzas Armadas ya desempeñan desde hace varios años– de alguna forma se propicia que los vicios se multipliquen y se perpetúen en el tiempo. No coincido con esta conclusión. El propósito de la Ley de Seguridad Interior no es ni reprimir manifestantes, ni conceder inmunidad a los militares que cometen abusos contra civiles (que los hay), ni perpetuar los operativos militares. El tema central es regular un despliegue militar que seguirá siendo indispensable en el mediano plazo y que hasta ahora se ha llevado a cabo de forma completamente discrecional.

Algo se avanza en este sentido con el planteamiento de “declaratorias de afectación a la seguridad interior” contemplado en las iniciativas que se discuten. Con estas declaratorias se podrán establecer, entre otros factores, los objetivos de la intervención, el plazo y el número de elementos necesarios. Con las declaratorias tendríamos un mecanismo de rendición de cuentas que nos permitiría, por lo menos, evaluar cuáles intervenciones cumplieron con sus objetivos y cuáles fracasaron.

No coincido con quienes confunden el desarrollo de actividades de inteligencia que las Fuerzas Armadas deben desarrollar, con la investigación de delitos por parte del Ministerio Público. Por el contrario, contar con información detallada permite planear y ejecutar operaciones más eficaces, de menor riesgo y con un menor uso de la violencia.

Ahora bien, que la presencia militar en las calles continúe aumentando o disminuya gradualmente, como sería deseable, depende fundamentalmente de factores ajenos a la Ley de Seguridad Interior. Una mención especial requiere el tema de los recursos. Como cualquier organización, las Fuerzas Armadas se encariñan con el presupuesto. Ya sea para la compra de armamento (una oportunidad inmejorable para el gasto discrecional), para el pago de viáticos o sobresueldos, o para cualquier otra de las partidas que se han incrementado en la última década. Una forma sensata de evitar que las Fuerzas Armadas busquen perpetuar su presencia en las calles es topar los incrementos que se pueden hacer a su presupuesto anual.

Asimismo, si verdaderamente se busca el regreso del Ejército a los cuarteles, es fundamental que se contemplen mecanismos para presionar a los estados y los municipios a depurar y profesionalizar en serio sus policías. El espacio para lograr este objetivo es la reforma constitucional en materia de seguridad pública, conocida como mando mixto.

Todos los mexicanos de bien quisiéramos que nuestras policías tuvieran la capacidad para garantizar niveles aceptables de seguridad. Desafortunadamente, no hemos hecho la tarea. Incluso si hoy las autoridades toman las medidas necesarias, faltarán algunos años para que el Ejército pueda regresar a los cuarteles. Por lo pronto, esperemos que los legisladores aprueben una Ley de Seguridad Interior que no genere suspicacias innecesarias, pero que sí establezca un marco legal para la participación militar en el combate al crimen organizado. No dejemos que lo mejor sea enemigo de lo bueno.

Twitter: @laloguerrero

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