Opinión

Lo bueno y lo malo de la reforma político-electoral


 
Dos aspectos positivos de la reforma política: la reelección legislativa y de presidentes municipales, y la autonomía de la Procuraduría General de la República (PGR) que se transformará en Fiscalía General de la República.
 
La reelección es una de las trasformaciones más relevantes del sistema político en varias décadas. Puede detonar dos procesos virtuosos: la profesionalización de los congresos y una mayor atención de los legisladores a las demandas de sus votantes. No obstante, hay un riesgo creciente que puede convertir a la reelección en una oportunidad de cacicazgo: que los legisladores y los alcaldes usen los recursos a su alcance para “comprar” elecciones y reelegirse. Cada vez crece más el fenómeno del clientelismo legislativo y del tráfico de influencias y cobro de comisiones para asignar recursos presupuestales en el Congreso mexicano y en muchas legislaturas estatales. No es un problema causado por la reelección, pero ésta puede agudizarlo.
 
Que la PGR se convierta en un órgano autónomo puede ayudar a despolitizar la procuración de justicia y propiciar una aplicación más pareja de la ley. Ayudará a profesionalizar la labor de los ministerios públicos. Y desde una fiscalía autónoma se puede construir una lucha más eficaz contra la corrupción, en lugar de crear una Comisión Nacional, que sin duda se convertiría en un elefante blanco.
 
La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de la Estrategia Nacional de Seguridad por parte de las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente, me parecen malas fórmulas. El mandato del Poder Ejecutivo es plantear una ruta de navegación y la del Congreso supervisar que se ejecute con eficacia e integridad. Se corre el riesgo, por ejemplo, de que el PND se convierta en un documento “políticamente correcto” para agradar a los diputados pero sin congruencia interna.
 
 
La autonomía del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), que podría ser positiva en principio, presenta el riesgo de politizar el nombramiento de sus directivos cuando la institución ha funcionado correctamente y con altos estándares de calidad, además de que el tema central —no abordado en la reforma— es que los resultados de la evaluación deben tener impacto presupuestal. Finalmente, respecto a la posibilidad de gobiernos de coalición, tengo dudas de su relevancia.
 
En el caso de la reforma electoral, los aspectos negativos son muchos. La creación del Instituto Nacional Electoral es una política populista: no ataca problemas de fondo pero genera expectativas. El problema de la inequidad de los procesos electorales en las entidades se llama dinero, dinero y más dinero. Sin que haya contrapesos al ejercicio discrecional del presupuesto, el problema seguirá existiendo. Asimismo, se establecen causales de nulidad en caso de rebasar topes de campaña, lo cual dará lugar a más conflictos poselectorales sin atacar las causas del problema. La mayor parte de los gastos de campaña son indetectables porque son en efectivo, no se reportan a la autoridad y en ocasiones ni siquiera los paga el partido o la campaña. De tal forma que se trata de una norma ineficaz porque no habrá forma de comprobar jurídicamente el rebase pero habrá todo el estímulo para protestar.
 
La propuesta presenta otros problemas: que se sobrecargue de funciones al nuevo INE y que se estimule un mal desempeño (Principio de Peter); que el INE nombre a los consejeros electorales de los estados sin contar con la información apropiada y ello genere conflicto al interior de la autoridad electoral; y que se dilapide la marca “IFE” —ampliamente conocida— por otra nueva, “INE”, cuyo conocimiento y confianza llevará años —no era necesario cambiar de nombre para hacer la misma reforma.
 
La propuesta de paridad de género 50-50 en candidaturas me parece insensata. No porque desdeñe la igualdad de oportunidades, sino porque ella se logra cuando hay piso parejo para competir y para acceder a oportunidades, no cuando se establecen candidaturas por decreto. Hoy en día el único país en el cual las mujeres sobrepasan a los hombres en el parlamento es la República de Ruanda con más del 51 por ciento, y ese país no es ejemplo ni de democracia ni de respeto a los derechos humanos. En contraste, naciones con una historia de equidad de género tienen una presencia menor de mujeres en su parlamento, por ejemplo Francia (24.6 por ciento) y Estados Unidos (18.9 por ciento).
 
Me gustan dos cosas de la reforma electoral: el proceso de nombramiento de los 11 consejeros del INE que combina un método de preselección más profesional, una fase de construcción de consenso e incluso la insaculación. La otra positiva es que la resolución de los procedimientos especiales sancionadores pase a manos del Tribunal Electoral.
 
Desdeñar a la reforma político-electoral en aras de alcanzar una reforma energética me parece un trueque indebido. Qué bueno que haya reforma energética, pero qué malo que tenga que ser a costa de una reforma electoral que causará muchos problemas y estimulará el conflicto en cada elección. Si el Congreso no rectifica, y todo indica que no lo hará, podemos ya anunciar no sólo el conflicto de la elección de 2018 sino una nueva reforma electoral en 2019. Es una lástima.