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Para quienes vivimos y recordamos el terremoto de 1985, los momentos en los que la ciudadanía se volcó a las calles a remover escombros y rescatar vidas, el momento político impedía el nivel de crítica y de señalamiento público. No había redes, no habían celulares, no existía esta sensación plural y democrática de que la ciudadanía de a pie puede y tiene voz, acción, poder y capacidad de movilización.

Los tiempos en 1985 eran todavía los de una sociedad sumisa y temerosa del poder y quienes lo ejercían.

Pero los hechos, la historia, los registros y por supuesto la memoria, nos permite hoy hacer comparaciones y establecer métricas.

El entonces gobierno de Miguel de la Madrid fue brutalmente arrollado por el sismo, que además de los daños, los muertos, el extendido impacto del temblor, se sumó la inacción y torpeza del gobierno. La primera decisión equivocada fue rechazar la ayuda internacional, en un sentimiento absurdo de soberbia nacional que después tuvo que reconsiderar. Pero la reacción fue lenta, tardía, como pasmosa o pasmada por la aplastante realidad. Edificios derrumbados, hospitales, oficinas, talleres de costura que exhibieron los excesos y abusos. Para muchos, fue el gran despertar de la sociedad mexicana.
Por ello, ahora que recibimos el reporte general de la atención del gobierno federal ante la emergencia, resulta nada menos que gratificante.

La respuesta, la organización, el operativo dirigido y coordinado desde la Presidencia ha representado, tal vez, la movilización más grande de funcionarios, servidores públicos, efectivos de fuerzas federales, médicos, paramédicos, ingenieros y múltiples profesionistas diversos para atender a la población en crisis.

Algunos números: 90 mil elementos de fuerzas federales, desde la CFE, la Policía Federal, las secretarías de Marina, Defensa, Comunicaciones, Sedesol, Sedatu, SEP, Pemex y Conagua. Literalmente “el gobierno” en pleno, salió y movilizó todos o muchos de sus recursos para atender a la población.

La estrategia consistió en dividirse 5 estados críticos bajo la tutela o coordinación de dependencias, para hacer más eficiente y precisa la acción.

Calcule usted que entre los dos sismos (7 y 19 de septiembre) 9 millones de personas se quedaron sin agua en el país; 6 millones sin luz eléctrica; más de medio millón de estudiantes sin escuela, y tantos daños más. El gobierno desplegó todos estos efectivos para reponer en tiempo récord servicio de luz eléctrica, revisión de inmuebles, registro y censo, desalojo de sedes en riesgo, más la operación de 187 albergues que alojaron a más de 14 mil personas.

Somos un país grande, de números gigantes y de cifras que a veces nos hacen perder la proporción. Pero reflexione usted por un momento lo que significó la movilización, atención y despliegue de efectivos en Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México, primordialmente.

Hoy sabemos que más de 16 mil planteles educativos en el país requerirán mejoras, trabajos y adecuaciones que están ya en marcha. Sabemos también que se prestaron 226 mil atenciones médicas por más de 31 mil profesionales de la salud en el país. Se visitaron más de medio millón de viviendas para prevenir y evitar epidemias.

El trabajo no ha terminado, si bien apenas concluyó la etapa de atención a la crisis y el censo de daños y pérdidas. En total perdieron la vida 471 personas, 102 el 7 de septiembre, y 369 el 19 de septiembre. Cifras minúsculas –lo digo con profundo respeto a las víctimas– en comparación con los miles de muertos –desconocidos con precisión– hace 32 años.

Hay sin duda lecciones aprendidas. Mejores reglamentos y tecnología para construcción, violada por cierto en algunos inmuebles capitalinos que tendrán que ser investigados y castigados sus responsables. Hay lecciones de cultura de sismos, operativos, desalojos, aprendidos en cientos de simulacros a lo largo de los años. El comportamiento fue ejemplar por miles de ciudadanos que supieron –en su mayoría– qué hacer y cómo comportarse ante la crisis.

Una de las lecciones más valiosas es la de un gobierno activo, emergente, con capacidad organizativa y logística, frente a un gobierno (1985) pasmado y congelado por la tragedia. Los tamaños difieren y el nivel de impacto es distinto –afortunadamente. Pero la capacidad de respuesta y sensibilidad de atención –compare usted a Mr. Trump con los huracanes recientes– es enormemente positiva.

Según las cifras comunicadas por el Presidente, cerca de 48 mil millones de pesos costará la reconstrucción, de los cuales la Secretaría de Hacienda está confiada en reunir cerca de 30 mil al plazo más corto.

Mucho trabajo queda por hacer, especialmente en Chiapas y Oaxaca, donde se pondrá la atención máxima. Una etapa corta e intensiva de reconstrucción veremos en los siguientes 4 meses.

También hay que contar lo bueno, cuyo impacto y trascendencia es infinitamente mayor en la vida de las personas, sus mercados, sus locales comerciales, que cualquier campaña, mensaje o promesa. Bien hecho.

Twitter: @LKourchenko

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