Opinión

Litigio contra Roku cuestiona marco legal

 
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La reclamación que Cablevisión ha llevado a los tribunales en contra del sistema Roku, del que se ha polemizado ampliamente en medios, tiene serias implicaciones en la concepción genérica de la protección de los derechos de autor en nuestro país.

Podríamos decir, que lo que está sentado en el banquillo de los acusados es el sistema normativo, y lo que aquí se decida sentará precedentes relevantes en cualquiera de los sentidos en que se falle.

El punto clave de la controversia, pasa por la interpretación que el IMPI y los tribunales puedan dar a la responsabilidad que los fabricantes de Roku tienen como facilitadores instrumentales de la posible violación de derechos de autor.

En sí, lo que Cablevisión imputa a Roku y a quienes lo comercializan, es que permita alojar programas que retransmiten la señal de 
televisión de contenidos por los que Cablevisión paga licencias. Como suele suceder en materia de derechos de autor, uno de los primeros criterios para juzgar una infracción es precisamente ese, que no se puede disponer gratuitamente una obra que impone para su disfrute el pago de regalías.

Aunque Roku alega no tener participación alguna en las infracciones que se cometen por terceros, que emplean el mecanismo para ofrecer ilícitamente películas y otros contenidos audiovisuales, parece quedar claro que son múltiples las acciones que desde la manufactura podrían tomarse para inhibir estos usos.

Claramente, las aplicaciones de Roku para transmitir programación que coordinan grupos ilegales están impulsando sus ventas de manera vigorosa.

Es esta otra de las maneras de entender el enredo: yo no lo hago, pero no lo impido y obtengo grandes beneficios de que alguien más lo haga.
El asunto arrincona a las leyes de derechos de autor que tenemos, en particular porque casos de nuevas tecnologías deben ser analizados al amparo de normas creadas hace 20 años, escasamente reformadas en estos temas medulares.

No es que con cada nueva forma de producción y disfrute de obras se deba enmendar la ley, pero es claro que desde la irrupción de internet al campo de los derechos autorales, todos los principios han sido sometidos a crecientes tensiones.

En este particular caso, debe recordarse, nuestro país se ha resistido, desde el acta de 2011, a implementar en su legislación interna mecanismos que permitan interrumpir servicios de sitios de Internet que trafican abiertamente con obras musicales y audiovisuales abiertamente.

De hecho, ante las inminentes renegociaciones que México deberá desahogar, tanto del TLCAN como de los acuerdos de libre comercio con Europa, diversas decisiones de modernización de nuestras leyes deberán tomarse.

Comprobar que nuestra ley, sin cambios ni adiciones, puede resolver casos complejos sería novedoso y hasta cierto punto sorprendente.

Correo: mjalife@jcip.mx

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