Opinión

Limitar gobernadores

   
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SCJN

La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales los sistemas anticorrupción que los gobernadores de Veracruz y Chihuahua habían promovido, más buscando cubrirse las espaldas que realmente interesados en este tema, según todo indica. La Corte estimó que ambos sistemas fueron aprobados antes de que existieran leyes generales al respecto, por lo que las entidades no tenían atribuciones para legislar en ese tema. Tecnicismo, pero muy útil. Como usted sabe, el principal problema político que tenemos en México es el poder de los gobernadores, que no tienen contrapeso. Sus congresos locales sirven de muy poco, y la Federación no cuenta con herramientas concretas para actuar. En un mundo ideal, el Senado se sumaría al Congreso local para evitar despropósitos de un gobernador, pero estamos muy lejos de eso. Acá, un gobernador puede hacer prácticamente lo que quiera, y no hay forma de impedirlo. La decisión de la Corte en el caso de referencia es una excepción.

El tránsito a la democracia en México, en 1997, redujo sustancialmente el poder presidencial, pero sin contar con una Construcción institucional que lo sustituyera. Las leyes nunca se pensaron para esa eventualidad, de forma que había una gran cantidad de huecos que se fueron llenando de manera informal. A ese proceso se le ha dado en llamar el ascenso de los poderes fácticos, es decir, no formales: empresarios con poder de mercado que ampliaron sus fortunas, grupos sociales, sindicatos y centrales campesinas que se apropiaron de parcelas presupuestales o incluso de áreas enteras de la administración pública (como la educación), y gobernadores, que asumieron el control político que antes tenía el presidente, aunque sólo fuese en su entidad. No hay que olvidar el crecimiento del crimen organizado, precisamente a partir de este vacío.

La autonomía del Poder Legislativo, con todas sus virtudes, tuvo una seria desventaja: el Ejecutivo tenía que comprar la aprobación del Presupuesto incrementando los recursos destinados a los gobiernos estatales. La proporción del gasto ejercido por las entidades federativas prácticamente se duplicó, alcanzando 60 por ciento del gasto no programable y un tercio del programable (considerando provisiones salariales y pensiones). De entonces a la fecha, los gobernadores controlan mucho más dinero que el presidente. Pero año tras año, las discusiones públicas son acerca del dinero que gasta la presidencia, o alguna secretaría, o el INE. Es decir, discutimos acerca de una cuarta parte del gasto total, que es lo que cae en ámbito del Ejecutivo federal, y no del casi 40 por ciento que está en manos de los gobernadores, o de la otra cuarta parte que se va en las empresas públicas.

Peor aún, hasta antes del Sistema Nacional Anticorrupción, cerca de la mitad de los recursos que los gobernadores recibían no podían ser auditados por la Federación, de forma que podían utilizarse para cualquier cosa, desde comprar voluntades y votos, hasta patrimonio de la familia del gobernador. Y no había forma de proceder contra eso.

Creo que tenemos enfrente una oportunidad. Por un lado, aplicar la ley a los gobernadores salientes que flagrantemente han dilapidado, si no robado, los recursos públicos. Habrá que seguirles proceso, y lo que se guste, pero hay que hacerlo. Por otro, hay que meterlos en la discusión del Presupuesto de 2017 que, como sabe, no será nada sencilla. Ya se medio ordenó el tema del endeudamiento, ahora hay que controlar los recursos que reciben. El apretón no será pequeño, pero es indispensable para evitar mayores problemas. Si a eso le sumamos una vigilancia adecuada, creo que va a alcanzar para lo que el gobierno debe gastar. Tal vez ya no para financiar campañas ni cuatro generaciones de herederos, eso sí.

Profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey.

Twitter: @macariomx

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