Opinión

Limitar al Estado

1
    

     

Gonzalo Hernández

El estado de Derecho exige un Estado fuerte, porque de otra manera es imposible aplicar la ley de la misma manera a todos. Pero si el Estado es fuerte, y nada más, entonces no tardará en abusar de todos. El gran avance de la democracia consiste en que se puede tener un Estado fuerte, y al mismo tiempo limitado.

La limitación del Estado ocurre de la misma manera, a través de la ley, que debe aplicarse a los funcionarios igual que se aplica a todos los demás. En ese sentido, la lucha contra la corrupción es algo que supera, por mucho, el simple tema de los dineros. En casi todos los lugares donde escucho algo contra la corrupción, sin embargo, la única preocupación es que se roban el dinero, no que viven bajo un fuero distinto al nuestro. Por eso mi impresión de que toda la preocupación con la corrupción es porque no está bien distribuida, y no porque se trata de un grave mal social.

En México, las leyes no se han usado prácticamente nunca. A partir de la Independencia, no tuvimos realmente un Estado estable sino hasta la llegada de Juárez, quien prefería gobernar a golpe de decretos, y no era tan afecto a la ley. De ahí el aforismo que se le achaca: a los enemigos, justicia; a los amigos, justicia y gracia. Bueno, pues eso es lo contrario al estado de Derecho. Con Porfirio no creo que hayamos avanzado mucho, pero tampoco en los tiempos del régimen de la Revolución, que si bien promulgó la “primera Constitución social del siglo XX”, rara vez la utilizó.

La ley en México empieza a resultar indispensable con el derrumbe del viejo régimen, es decir, a partir de 1997. Fue entonces cuando el presidente dejó de ser poderoso, porque en la ley no lo era, y al aplicarse ésta, dejó de ser el jefe de gobernadores, corporaciones, empresarios y de todo el sistema. A partir de ese momento, corporaciones y empresarios se transforman en poderes fácticos, y los gobernadores reproducen en sus entidades el viejo poder presidencial. Obviamente, haciendo caso omiso de la ley. Ni su Congreso ni su Tribunal sirven de algo.

Limitar al Estado, entonces, implica construir un sistema de contrapesos políticos que evite tal concentración que las leyes no puedan aplicarse. En las condiciones actuales de México, los contrapesos locales no existirán por su cuenta. Es necesario obligar a los gobernadores desde fuera, y para eso será de gran utilidad el Sistema Nacional Anticorrupción (recuerde, el Presidente no puede obligarlos, aunque quisiera).

El equilibrio entre poderes, a nivel federal, mejorará conforme la reelección de legisladores permita la existencia de legisladores profesionales. Una mejor estructura de apoyo al Congreso sería también de gran utilidad. En donde estamos muy mal, y urge actuar, es en el Poder Judicial: hay pocos jueces, no los estamos vigilando, hay control familiar en las entidades federativas de los Tribunales, es un problema mayor. El gran avance de la Suprema Corte a partir de su reforma de 1994 (y del cambio referido de 1997) no parece haberse trasladado al resto del Poder Judicial. En estos dos poderes, no tenemos la transparencia indispensable.

En suma, más allá de seguir presionando y criticando al Ejecutivo, que es necesario, tenemos que empezar a atacar en serio al Congreso, al Poder Judicial y, sobre todo, a los gobernadores. Los problemas son estructurales, no de personas. Hay casos en que las personas evidencian la debilidad institucional de formas incluso grotescas, pero no se fije en las personas. Son las instituciones lo que importa, hay que actuar sobre ellas.

El autor es profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey

Twitter: @macariomx

También te puede interesar:
Empecemos
Imaginemos
Estado de derecho