Opinión

Libertad de expresión
y conflicto de interés

 
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Cabina de radio

La Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) dice que la ley electoral restringe la libertad de expresión de los medios de comunicación, pues limita los contenidos de los programas noticiosos y de debate y fomenta la autocensura por temor a sanciones.

Algunos partidos como el Verde dicen que el llamado modelo de comunicación política aprobado por unanimidad en 2007 es causa del problema. Por su parte, el presidente de la CIRT argumenta que una prueba fehaciente de que el modelo es malo es que México ocupa el último lugar en América Latina respecto a satisfacción con la democracia.

Sugieren que para detonar la libertad de expresión se permita nuevamente que los partidos compren tiempo aire para transmitir spots de radio y TV y que se levanten las restricciones a la línea editorial y cobertura que dan los medios a las campañas. (En este punto no hay ninguna restricción legal, aunque diversos procedimientos sancionadores en los últimos años han multado a medios electrónicos por la presunción de que algunas entrevistas o cobertura informativa podría ser resultado de pagos ilegales de partidos y candidatos).

¿Qué se requiere para que estas medidas realmente fueran un acicate a la libertad de expresión y no una vuelta a un mercado discrecional de compra y venta de spots al mejor postor? Que los gobiernos clarifiquen su relación comercial con los medios electrónicos. Que se sepa cuánto asigna cada gobierno estatal o dependencia federal a cada concesionario y cuáles criterios usa para determinar los montos por estación.

Libertad de expresión no sólo significa que se pueda decir lo que se quiera, sino que no haya conflicto de interés que límite los contenidos o cobertura informativa de los programas noticiosos o de opinión. Si una radiodifusora, por ejemplo, recibe pagos de un gobierno estatal de millones de pesos al año, difícilmente podrá cuestionar o revelar información negativa de candidatos afines al gobernador. Es práctica frecuente que gobiernos estatales den contratos de publicidad a medios locales, incluida la prensa escrita, con la consigna de recibir cobertura favorable y, en periodos electorales, que den un trato favorable a los candidatos del partido del gobernador.

Si los medios exigen libertad de expresión, deben eliminar cualquier sospecha de conflicto de interés. La vía para lograrlo es doble: por una parte, el requisito de que todos los medios, incluida la prensa escrita, revelen los ingresos que reciben de gobiernos y entidades públicas. Por la otra, que la asignación de publicidad sea por criterios de mercado: rating, audiencia, circulación o penetración, a fin de evitar el trato discrecional que da lugar a arreglos de cobertura favorable, la llamada integración vertical de servicios.

Detonar la libertad de expresión de los medios de comunicación es un paso necesario y correcto. Requiere levantar cualquier restricción o amenaza de sanción respecto a sus posturas editoriales. Pero también requiere de forma urgente evitar cualquier conflicto de interés que pueda sesgar la cobertura informativa para beneficiar o afectar a actores políticos. Que los medios digan lo que quieran, pero que no lo hagan como resultado de algún negocio, contrato o beneficio económico.

El expresidente Carlos Salinas de Gortari propuso hace pocas semanas durante un seminario de la revista The Economist que para evitar que sean grupos de presión, los medios debían abstenerse de participar en licitaciones de obra pública y cualquier trato comercial con los gobiernos a quienes deben vigilar y dar cobertura. Cuando los medios forman parte de transacciones comerciales y de negocio con los gobiernos a los cuales dan seguimiento, el periodismo se vuelve en un instrumento de negociación y de presión y carece de libertad para ejercer su vocación. Por eso las cantidades ingentes de dinero público que se transfieren a medios de comunicación para publicidad oficial son uno de los mayores obstáculos a la libertad de expresión.

Twitter: @LCUgalde

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