Opinión

Ley convergente, divergente a la Constitución

Con más de tres meses de retraso -9 de diciembre de 2013 era la fecha límite-, el Ejecutivo federal envió el paquete de leyes secundarias para la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. De entrada, la llamada “ley convergente” provocó divergencias claras.

Los dirigentes del PAN y del PRD establecieron el mismo día de su presentación al Senado -lunes 24 de marzo- su oposición a esta iniciativa por ir en contra de muchos de los postulados de la reforma constitucional promulgada el año pasado.

Las organizaciones sociales como la AMEDI o la Red por los Derechos de la Neutralidad de la Red consideraron también que pervierte lo aprobado por el Congreso constituyente y la mayoría de los especialistas autónomos del poder del duopolio televisivo advirtieron que esta iniciativa revive la pretensión expresada en la Ley Televisa de 2006 por defender sus intereses y prolongar su monopolio en el espectro, en los contenidos, en los servicios y en la publicidad dentro del sector de radiodifusión.

Tras un análisis riguroso de la iniciativa formada por más de 300 artículos, 29 transitorios y una Ley de Sistema Público de Radiodifusión en México es claro que no se trata de una ley convergente sino divergente, que no defiende los auténticos derechos de los usuarios de las redes de telecomunicaciones y minimiza el alcance de los derechos de las audiencias, que retoma el viejo control del gobierno sobre los medios para privilegiar una relación cupular con los concesionarios y favorece ampliamente a Grupo Televisa, a sus filiales y a sus asociados.

La ley es divergente a la Constitución en puntos fundamentales como los siguientes:

1.- Establece una regulación en materia de agentes económicos preponderantes contraria al texto de la Constitución. Claramente, en el artículo octavo transitorio de aquella reforma se estableció que para definir la preponderancia se debían tomar en cuenta “servicios” y “audiencias” en el sector de radiodifusión. En esta iniciativa del Ejecutivo federal se pretende regular este mercado por “sectores” y excluye los servicios y la preponderancia mayor al 50 por ciento en audiencias o suscriptores. Esto significa que se excluye a Grupo Televisa como agente económico preponderante en el área de televisión restringida, donde esta compañía tiene más del 60 por ciento de los servicios y de las audiencias.

2.- En materia de competencia económica, diluye el alcance de lo dispuesto en el artículo 28 constitucional que obliga a establecer límites a la concentración de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada, bajo la premisa de que una regulación de este tipo constituiría “un abuso de control sobre los medios de comunicación que configura una forma de censura previa indirecta”. Curiosamente, este criterio que protege la alta concentración de Grupo Televisa no se aplica en materia de regulación de contenidos. Se le otorga todo el control a la Secretaría de Gobernación, pero los redactores no consideran este hecho “una forma de censura previa indirecta”.

3.- Contrario a la configuración de un órgano constitucional autónomo fuerte, la ley secundaria del Ejecutivo federal configura un Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) débil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se le regresan a la Secretaría de Gobernación todas las facultades en materia de supervisión, vigilancia, monitoreo y sanciones en materia de contenidos. Incluso, se intenta que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) opine previamente sobre los proyectos regulatorios del instituto.

La tutela excesiva sobre el IFT simplemente anula la convergencia de la radiodifusión y las telecomunicaciones. En el artículo 221 tenemos un claro ejemplo de esto. En tres renglones se establece:

“El Ejecutivo federal, por conducto de la dependencia facultada para ello, dará vista al Instituto de aquellos asuntos, actos y circunstancias que ameriten su intervención para efectos legales procedentes en términos del Decreto.”

4.- El eje de la propuesta del Ejecutivo federal ignora la definición constitucional de la radiodifusión y la de telecomunicaciones como “servicios públicos”. No es casual ni es un descuido que lo hubieran hecho así. Al hacerlo, se privilegia un modelo comercial, de alta concentración y se ignoran derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de acceso a internet, los derechos de las audiencias.

En otras palabras, los ciudadanos no existimos en esta ley más que como consumidores, usuarios o sujetos a los que hay que controlar e intervenir en sus comunicaciones privadas.