En temporada electoral es común que los gobiernos estatales, sin distinción de partido, retiren importantes sumas de dinero en efectivo. Sucursales menores en ciudades secundarias, Boca del Río, Fresnillo, Tlalnepantla y muchas más, registran actividades inusuales como movimientos extraordinarios con montos que van de 10, 20, 30 y hasta 50 millones de pesos. Más de una vez esas sucursales, carentes de montos líquidos de esa magnitud, deben solicitar con urgencia a sus direcciones regionales y sus cabeceras de distrito, traslados en camionetas blindadas de millones de billetes para cumplir el retiro de sus clientes.
Los bancos, en cumplimiento a la ley, están obligados a notificar a la Convención Nacional Bancaria y de Valores. La CNBV registra los movimientos y protege la información.
Se trata de una red de sobreentendidos, de tácitos acuerdos que de fondo rompen la ley, porque todos saben que toda o buena parte de esas maletas de billetes van a dar a las campañas y al proceso electoral. La ley en la materia lo considera un delito, dinero no registrado, comprobado y utilizado en temporada electoral. Sin embargo, todo el mundo cierra los ojos y voltea para otro lado porque ni la CNBV ni los bancos cuentan con herramientas para hacer mayor cosa.
Los bancos saben que un retiro de una secretaría estatal en cualquier entidad en pleno proceso electoral, tiene altas probabilidades de terminar en operadores partidistas, en representantes de casilla, o peor aún, de forma llana y vulgar en compra de votos. La CNBV lo sabe también, pero no están obligados a dar parte al INE o al Tribunal Electoral. Sólo si un juez o magistrado solicita la información. Y para que eso suceda, la historia lo demuestra claramente, pueden pasar años en un juicio ante el TEPJF, cuyas sanciones pueden retrasarse mucho tiempo. El caso Monex emitió sanciones a los responsables… cinco años más tarde de los hechos en cuestión.
Pero el efectivo no deja rastro a diferencia de las tarjetas bancarias, los monederos electrónicos y demás. Mencionábamos Monex, pero más recientemente Bansefi participó también, de forma oscura y sospechosa, en desvíos de cientos de miles de pesos destinados a la reconstrucción de viviendas damnificadas por los sismos, y el dinero fue a parar a sabe Dios dónde.
Las tarjetas utilizadas en procesos electorales anteriores dejaron rastro y señales de cuentas dispersadoras, destinatarios, montos. El efectivo es tan limpio como sucio es el proceso de coerción, compra y sometimiento del voto.
El punto es que si el sistema electoral mexicano, sus autoridades del INE y del TEPJF, y la ciudadanía en general determinaran con vehemencia y compromiso acabar con el multimillonario desvío de fondos públicos para campañas y operación electoral, debiéramos modificar este proceso y obligar a las entidades bancarias a detenerlo.
Imagine usted el caso hipotético en que la Secretaría de Desarrollo o de Transportes de cualquier estado con comicios, pretendiera retirar a mediados de abril o de mayo, en plena campaña, decenas de millones de pesos de una sucursal bancaria. En ese momento se activa un protocolo, se congela el movimiento y se notifica a las autoridades electorales y bancarias. Como nadie tiene certeza, ni mucho menos credibilidad en la 'honesta' y 'responsable' conducta de dicho gobierno para realizar pagos a trabajadores, a proveedores, a beneficiarios de programas sociales –cada vez menos en efectivo–, se congela el movimiento hasta pasadas las elecciones. Ningún gobierno, municipio, alcaldía o dependencia federal o estatal puede realizar multimillonarios movimientos en efectivo entre el 30 de marzo y el 10 de julio. ¿Suena inverosímil? ¿Es imposible impulsar una votación extraordinaria en el Congreso que modifique la ley y apruebe un protocolo extraordinario en temporada electoral?
Esto supondría una suprema voluntad política por transparentar los dineros y las campañas. Supondría una actitud de auténtico compromiso de honestidad de los partidos –¿será posible?– y de los legisladores. Un acuerdo nacional entre bancos –que no traicionan a ningún cliente ni secreto bancario alguno, sino que protegen la democracia y la transparencia electoral de México– y una actitud responsable y de apego a derecho por parte de la CNBV.
Pero no todo termina aquí, porque sabemos de empresas –reales o ficticias– que podrían hacerles el servicio a gobernadores y funcionarios. Pues el protocolo también aplicaría a empresas privadas, con montos establecidos y retiros con tope. Todo movimiento mayor de una empresa se realizaría en cheque o transferencia, perfectamente legal y rastreable por el sistema.
Los Duartes y los Borges, los hampones al servicio de un sistema, no se llevaron todos esos miles de millones a una bóveda secreta y subterránea al estilo MacPato. Muchos de esos dineros se utilizaron para aceitar el aparato político electoral de México, un acto mayúsculo de corrupción electoral al que nadie, absolutamente nadie (partido, organización, coalición o candidato) quiere poner fin.
#EleccionesSinDinero
Tal vez descubriríamos una extendida abstención, o el triunfo inusitado de un independiente que no pagó a sus votantes o a sus representantes de casilla o a sus operadores del voto. Nadie está exento.