El reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a favor de Jaime Rodríguez, El Bronco, derrama una vergonzante sombra sobre el sistema electoral mexicano. Esta institución, hipotética garante de la ley y del marco jurídico en materia de elecciones, arguye un criterio 'garantista' y de 'maximización' en aras de defender los derechos del aspirante a candidato. En términos ralos, 'estira la ley hasta donde se pueda' para que el tramposo y charlatán quepa dentro de lo legítimo y válido. Lamentable.
El Bronco no sólo violó la ley al desviar fondos del gobierno de Nuevo León para poner en marcha una operación proselitista de dimensiones mayores que le permitiera el acopio de las firmas requeridas (se calculan, o por lo menos el INE señala unos 17 millones de pesos), sino que además presentó como respaldos ciudadanos una cantidad significativa de irregularidades: firmas falsas, credenciales con datos erróneos, miles de copias fotostáticas para comprobar un apoyo que, en los hechos, se fabricó.
El Tribunal hace a un lado las irregularidades –cuestionable criterio jurídico– para enfocarse únicamente en 'garantizar' los derechos políticos del ciudadano y aspirante a candidato. Señala en su fallo que el INE –la autoridad electoral– le negó el derecho de audiencia para demostrar la supuesta autenticidad de las firmas y los apoyos.
El voto resultó dividido, y aún más, la magistrada presidenta Janine Otálora –quien votó en contra– declaró al día siguiente la inconsistencia del fallo por la contradicción de criterios: el TEPJF había determinado en fallos previos la no aceptación de las copias fotostáticas como elementos probatorios de respaldo ciudadano para la candidatura presidencial independiente. La magistrada Otálora, al momento de emitir su voto el lunes por la noche, señaló con precisión que ningún derecho de audiencia se había violado en el caso del Bronco, porque estuvo en estrecho contacto con el INE en reuniones y sesiones de revisión, durante los meses de diciembre, enero y febrero. Es decir, los otros cuatro magistrados votaron sobre un hecho inexistente.
Una vez más el TEPJF contradice al INE y provoca, de facto, una grave desconfianza entre el electorado y los candidatos. ¿A quién le creemos? ¿Quién dice la verdad? ¿El INE mintió y 'atropelló' los derechos del señor Rodríguez, y de paso del señor Ríos Piter, al revisar la autenticidad y veracidad de sus firmas?
Tiene graves consecuencia el fallo del Tribunal: provoca una razonable duda sobre el procedimiento para obtener las firmas, sobre el comportamiento de los candidatos independientes y, sobre todo, en torno a la independencia y transparencia de las autoridades electorales.
Imagine usted el siguiente escenario: noche del 1 de julio, las elecciones más grandes, complejas, competidas en la historia de México. El ganador a la presidencia –quien quiera que sea– obtiene una victoria de entre 2.0 y 3.0 por ciento del total de los votos; el segundo lugar impugna, esa misma noche, desconoce el resultado y protesta contra un hipotético fraude electoral. El INE se ve rebasado por la inconformidad de los partidos, crece el descontento del electorado, los candidatos se declaran ganadores –por lo menos un par de ellos– y todo recae en un Tribunal cuestionado, desprestigiado, señalado por imparcial, incapaz de otorgar credibilidad al proceso y a la imprescindible auscultación y recuento de los votos. Resultado: una grave crisis institucional en México, con serias consecuencias a nuestra economía, a nuestra imagen internacional y nuestra presencia y respaldo en mercados internacionales. De ese tamaño es la irresponsabilidad de los señores magistrados.
Corren versiones en los círculos políticos de que el Tribunal recibió presión de la casa presidencial; los magistrados fueron 'invitados' a impulsar la candidatura del Bronco.
Si esa versión tiene sustento, quien hace los cálculos comete un error descomunal: los independientes son todos, por definición, votos antisistema, antiestablishment, como lo es de forma más que probada el puntero en las encuestas y principal candidato de oposición. ¿Quién considera en su sano juicio que El Bronco le roba votos a AMLO? ¿Quién piensa, en una barroca estrategia electoral, que sumando independientes a la boleta debilitan a López Obrador? Los independientes, a juicio de muchos analistas, minan la base electoral de los partidos, de los candidatos tradicionales, convencionales.
El TEPJF produce una crisis de desconfianza, incredulidad, erosión y desgaste al proceso electoral de 2018, al avalar a un tramposo comprobado –según la propia autoridad– a un aspirante que manipuló respaldos, falsificó firmas y, según señalamientos –en proceso de investigación–, desvió recursos públicos para aceitar su maquinaria de promotores. Impresentable.
Si la noche del 1 de julio alguien desconoce el resultado y a las autoridades electorales, que nadie se diga sorprendido por las causas de dicho pronunciamiento.