El gobierno que viola la ley
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El gobierno que viola la ley

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El gobierno que viola la ley

01/11/2018

La propuesta esgrimida por el Presidente electo en torno a otorgar contratos de obra en las anunciadas pistas de Santa Lucía a las constructoras que se les canceló obra en Texcoco, es simple y llanamente, ilegal.

Se viola la Constitución y la Ley de Obras Públicas por las siguientes dos causas:

1.- En materia administrativa, el gobierno sólo puede hacer lo que le está conferido por las leyes y reglamentos.

Es decir, no puede alterar, cambiar o modificar a su gusto, antojo y preferencia lo que las leyes y reglamentos dicen. O “doblarlos” para adecuarlos a su juicio y voluntad. Eso no se puede, es ilegal.

2.- Los contratos de obra pública –establece la ley en la materia–, como regla general, deberán asignarse mediante procesos de licitación pública abierta, y contempla excepciones: la convocatoria de tres postores específicos por su perfil y especialidad, o la asignación directa.

En ninguna de las excepciones califica el caso de la cancelada obra de Texcoco o la llamada obra de Santa Lucía.

No se pueden otorgar contratos a quienes se les haya cancelado otra obra a manera de compensación, de premio o de “lo perdido lo que aparezca”. Es ilegal.

El Presidente electo podrá declarar que se “respetarán los contratos” –lo que quiera decir con eso–, lo cual es ya una contradicción porque al cancelar los contratos sin justificación aparente, más que su voluntad, ya los afectó de hecho. La afirmación de trasladarlos con un volumen de obra semejante a Santa Lucía, resulta ilegal.

Este mismo líder político que sostuvo toda su carrera que los contratos los negociaban “en lo oscurito” para beneficio y moche de contratantes y contratados, pretende ahora negociar los contratos y al hacerlo viola la ley.

No ha explicado tampoco los términos de liquidación de los contratos, bajo qué términos jurídicos dará por terminados los contratos en Texcoco. Y como no existen dentro del marco de ley, la indemnización será exorbitante.

AMLO se reunió ayer con algunos empresarios. Declaró que el Grupo ICA (Bernardo Quintana) y el Grupo Hermes (Ing. Carlos Hank Rhon) le brindaron su apoyo.

¿Y? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que todos estarán de acuerdo en violar la Ley de Obras, los concursos ganados, las licitaciones otorgadas, los contratos firmados? ¿Vamos a hacer todos como si eso nunca existió?

Resulta gravemente preocupante que el próximo Presidente de México otorgue tan poco o nulo respeto al Estado de derecho.

El mejor ejemplo es la consulta misma, que no cumple con ninguno de los requisitos que establece la ley para considerarse realmente válida y representativa.

Aunque el ilustre diputado Delgado sostenga en televisión que no es ilegal, pues tampoco es legal, porque no cumple con los criterios de ley. Se hizo la consulta, AMLO pretende hacerla vinculante –ilegalidad máxima por carecer de sustento legal y representativo– y justificar con ello una decisión política.

Este modelo de consulta al vapor, sin metodología, representatividad, independencia de quien la realiza, certeza en los resultados, confiabilidad en el manejo de los datos, amenaza con convertirse en un mecanismo para justificar decisiones al margen de la ley.

Tendremos un gobierno proclive a bordar decisiones y afirmaciones al margen del marco jurídico, porque de entrada, como AMLO dijo mil veces, las leyes están mal, entonces se las salta, les da la vuelta, porque a su buen entender lo legislado está equivocado.

¡¡¡¡¡¡Alarma!!!!!!

Alguien tiene que defender el marco de derecho. Claramente no serán los legisladores, diputados y senadores que se plegaron sumisos al mandato del caudillo, aunque sea irracional y defenderlo con argumento resulte imposible.

Yeidckol Polevnsky dijo en televisión, el domingo, que todas las encuestadoras avalaban la consulta. ¿Dónde? ¿Cuáles? Abundan los textos y opiniones de Consulta Mitofsky, Parametría, El Financiero y docenas más que señalaron la falta de solidez metodológica de la consulta.

Un gobierno que viola la ley borra todo marco de convivencia social, elimina todo criterio jurídico y aplasta los derechos de los ciudadanos, bajo la vaga creencia de que ellos, los que gobiernan, saben el camino correcto y adecuado para la nación.

¡Muy peligroso!

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.