LA ALDEA: Presunto culpable
ESCRIBE LA BÚSQUEDA Y PRESIONA ENTER

LA ALDEA: Presunto culpable

COMPARTIR

···

LA ALDEA: Presunto culpable

14/11/2013

 
El documental que con este título retrató con crudo realismo los desatinos, deficiencias, carencias y torpezas del poder judicial en el Distrito Federal, está hoy sometido a múltiples procesos judiciales. Tres procesos son de orden civil, donde los demandantes exigen cantidades espectaculares de dinero –en un caso 3 mil millones de pesos- como indemnización a un supuesto abuso y daño moral por uso indebido de su imagen.
 
,
Una de las demandantes es la familia del fallecido personaje, que es el eje sobre el cual se construye el caso judicial que da pie a la película. La familia del personaje fallecido demanda que la fotografía de su hijo –presente en el filme- no fue autorizada por nadie.
 
 
Otro demandante es el inolvidable comandante judicial –extraído de película del Santo- quien afirma como testigo de cargo que Toño, el acusado, es culpable de asesinato. Este policía de octavo nivel, demanda que su imagen resultó perjudicada, perdió su empleo y su reputación personal fue dañada. Exige indemnización multimillonaria.
 
 
El tercer demandante es el primo del fallecido, quien también aparece brevemente en la película, y quien afirma que nadie le pidió autorización para usar su imagen.
 
 
Los directores y productores de la película, abogados Roberto Hernández y Layda Negrete, obtuvieron un permiso expreso por parte del Tribunal de Justicia del Distrito Federal para poder filmar en la sala de audiencias frente a la rejilla de prácticas, en el Reclusorio donde se desahogó la diligencia. Esas salas de audiencia y comparecencia son públicas, asisten familiares, abogados y representantes de acusados y reos, y también de testigos.
 
 
No existe Ley alguna en el Distrito Federal –no la había en ese entonces- que prohibiera el levantamiento de imagen para contenido de un documental, en cualquier juzgado capitalino. Los productores no violaron precepto alguno, ni cometieron ningún delito al filmar y levantar imagen para fines documentales en un lugar público, con los asistentes e implicados en ese proceso judicial.
 
 
Sin embargo alguien olfateó dinero como botín y el daño y perjuicio a los productores. La película tuvo éxito comercial en taquilla. Según cifras extraoficiales “Presunto culpable” pudo haber recaudado entre 65 y 70 millones de pesos, que a decir de los propios productores, buena parte de esa cantidad fue destinada a fundaciones, donativos, pago de servicios y equipos de producción. No es una cifra menor para una película de cualquier género de producción nacional, pero es una cifra récord e histórica para un documental nacional o extranjero.
 
 
Está claro que es el éxito comercial y el dinero que algunos suponen en las mismas cifras pero en dólares, el que motivó a los denunciantes y demandantes. Si algún juez –del mismo Poder Judicial del DF retratado por la película- considera en efecto, que la imagen, el prestigio o “el buen nombre” del comandante fue afectado por el documental, bien podría emitir un fallo que obligara a los productores a pagarle una cantidad considerable de dinero. Más aún, si algún juez o jueza como es el caso, aplica el criterio de sancionar a los productores por no haber obtenido autorización firmada de la familia de la víctima o de su primo, también podría fallar en contra de Roberto y de Layda.
 
 
Sin embargo, el debate de fondo es el de la Libertad de Expresión y el mensaje que se envía a cualquier documentalista, cineasta, investigador o comunicador de este país: si alguien retrata una realidad dolorosa, injusta, corrupta, ineficiente, indolente, ¿podrá ser castigado por los tribunales? ¿El aparato de justicia –en cuestión el señalado y retratado con precisa objetividad- acusará y sancionará a los productores por señalar sus deficiencias?
 
 
Hay indicios que señalan la asesoría, el patrocinio –se pagan cuotas de abogados- y la orientación jurídica que los demandantes han recibido para presentar sus demandas. Alguien se ha tomado el trabajo de diseñar la estrategia jurídica, convocar las voluntades y la participación de todos los involucrados. El presidente del Tribunal, Licenciado Elias Azar afirma que toda demanda debe ser atendida, y que él no conoce a los abogados de los demandantes.
 
 
Pero la evidencia, el tono recriminatorio de la juez para con los productores, la persecución de un tribunal consignado en una película, señala clara y manifiesta animadversión por parte del aparato de justicia capitalina. Se respira, aunque lo nieguen, una atmósfera de venganza en contra de quienes, “los pusieron en evidencia” ante millones de mexicanos.
,

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.