Protestas contra el gobierno de Nicaragua
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Protestas contra el gobierno de Nicaragua

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Protestas contra el gobierno de Nicaragua

11/06/2018

El 18 de abril pasado se iniciaron protestas callejeras en Nicaragua en respuesta a una reforma de la seguridad social que implicaba recortes de la misma; el presidente Daniel Ortega la había impuesto sin consenso, empero, ante las presiones populares fue cancelada. El descontento de la población fue brutalmente reprimido por las fuerzas policiales y grupos paramilitares, que hasta la fecha han causado 80 muertos, más de mil heridos y decenas de desaparecidos. Ortega desató una matanza contra los manifestantes, empero, también se asesinaron a civiles que no participaban en las protestas. En un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han recogido testimonios que afirman la presencia de francotiradores en las acciones represivas, “lo que abre la interrogante de si hubo ejecuciones extrajudiciales”.

Cabe destacar que la agitación social no solo ha respondido al recorte de programas de seguridad social, sino que también busca combatir el autoritarismo de la “oligarquía económica y financiera” encabezada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, nombrada vicepresidenta en 2017. Los nicaragüenses están hartos del nepotismo, el tráfico de influencias, la corrupción y la impunidad, “ya no queda huella del Ortega revolucionario marxista que activó el apoyo de los trabajadores, de los movimientos sociales progresistas intelectuales, y que fue figura clave del Frente Sandinista de Liberación Nacional que derrocó a Anastasio Somoza Debayle, último de su clan en el poder, que duró 40 años”. Ahora Ortega se apoya en alianzas tácitas con la élite empresarial y el liderazgo conservador de las iglesias Católica y Evangelista.

Ortega ha sembrado las semillas del actual conflicto desde su regreso al poder en 2007 y cuya estancia en el mismo se ha prolongado hasta su actual tercer mandato 2017-2022. Ortega se ha apropiado de las instituciones del Estado y de las fuerzas de seguridad; se ha mantenido en el poder a través de un sistema electoral de partido único luego de romper los candados constitucionales a la reelección. La paraje presidencial ha repartido entre sus hijos y allegados los puestos de confianza y el manejo de sus negocios; asimismo, han concentrado los medios de comunicación, sobretodo la televisión y la radio, que solo difunden información sobre el gobierno y proyectan que no existen problemas en el país.

Un caso emblemático de la corrupción rampante es el referido al expresidente del Consejo Electoral, Roberto Rivas, quien en diciembre pasado fue sancionado en EUA al incluirlo en la denominada lista de la ley Magnitsky, que establece penas por violación de derechos humanos y corrupción. Rivas ha acumulado una considerable riqueza que incluye aviones privados, vehículos de lujo y un yate; igualmente se le atribuye un fraude electoral que socavó a las instituciones.

Una fuente importante de irregularidades del presidente Ortega deriva de la cuantiosa ayuda que Venezuela otorgó a Nicaragua entre 2008 y 2015, estimada en 4 mil millones de dólares que no se incorporaron al presupuesto, sino que se manejan a través de la empresa Albanisa de capital nicaragüense y venezolano. La ayuda cesó a raíz de la profunda crisis que Venezuela ha vivido en los últimos tres años.

El impacto de los disturbios ya se están resistiendo en la economía de Nicaragua, poco diversificada y con un bajo ingreso per cápita que apenas supera 2 mil dólares anuales. El turismo, una de las principales actividades, está declinando rápidamente ante la inestabilidad reinante; en el presente los establecimientos turísticos están operando al 20 por ciento de su capacidad y varios de ellos han cerrado en el área conurbado de Managua, la capital donde habitan 2.3 millones de personas de un total de 6.3 millones en todo el país.

La economía de Nicaragua avanzó con dinamismo el año pasado, 4.9 por ciento, con un PIB de 144 mil 532 millones de dólares; y con una baja inflación de 3.8 por ciento; por el daño que ya resiente y en virtud de que se prevé que los conflictos podrían prolongarse, se afectará la atracción de inversión extranjera, disminuirá el crédito, aumentará el desempleo y la inflación a una tasa superior a 6 por ciento, el PIB solo se incrementaría 3 por ciento, o menos en 2018, comparado con la proyección inicial del Banco Central de 4.5 por ciento a 5 por ciento.

La inseguridad en Nicaragua era manifiesta previo a las manifestaciones iniciadas en abril pasado, bandas criminales en motocicletas y camionetas recorrían las calles de la capital disparando y matando a la gente, principalmente en las noches, se prevé que los actos delictivos cobren fuerza en los próximos meses.

El presidente Ortega ha desmantelado todos los pilares de la institucionalidad democrática. De aquí que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Nicaragua que cese de inmediato el hostigamiento y represión en todas sus formas en contra de la población; “se precisa buscar una valoración de su actuar para que sea el pueblo, en su legítimo derecho, quien elija sobre el futuro de su gobierno”.

En este contexto, se recomendó la instalación de una Comisión de Investigación para determinar y llevar ante los tribunales de justicia a los asesinos de más de 80 ciudadanos. Por otra parte, los principales grupos empresariales de Nicaragua han pedido al gobierno que implemente las reformas necesarias para adelantar las elecciones de manera ordenada y con un Consejo Electoral renovado.

Mateo Joaquín Chamorro, nieto del periodista y líder social, asesinado por la dictadura de la familia Somoza el 10 de enero de 1978, considera que los recientes disturbios que se registran en Nicaragua son una evidencia de que el país nunca volverá a ser el mismo; Ortega y Murillo tendrán que reconocer que cualquier solución realista y sostenible a la crisis, tendrá que contemplar el fin de sus pretensiones de establecer otra dictadura dinástica, como lo que asesinó a su abuelo.

Chamorro afirma que, para romper el ciclo de autoritarismo, guerra civil e intervención extranjera, todo diálogo que surja como resultado de esta crisis debe responder a la nueva realidad y orientarse hacia el retorno de la democracia. La imagen presente de Nicaragua es de una nación en guerra, el régimen de Ortega está en entredicho.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.