Durante la presente administración una serie de reformas estructurales en la economía mexicana están viendo la luz, consolidándose como iniciativas que tienen un camino favorable para su aprobación gracias al apoyo del Pacto por México ante el Congreso de la Unión.
No es reciente el diagnóstico y tampoco la necesidad de reformar aspectos torales para una economía emergente como la mexicana en materias educativa, financiera y de telecomunicaciones, entre otras. Pero el verdadero reto a las reformas estructurales y al mismo Pacto por México, se avecina con la reforma energética.
Será ésta, sin duda alguna, la iniciativa más complicada y trascendental en la cual los principales partidos políticos friccionarán para lograr escasos acuerdos.
Durante los primeros meses del actual gobierno federal fue relativamente sencillo hacer converger a las fuerzas políticas en las reformas aprobadas, ¿quién no estaría de acuerdo en elevar los estándares de calidad en la educación o en modernizar al sector telecomunicaciones para hacer más justa la escasa o nula competencia?
Pero las ideologías e intereses nacionalistas divergirán al ponerse en discusión el tema energético, ya que no se ha podido encontrar una fórmula adecuada para comunicar a la ciudadanía con claridad a quién y en qué medida beneficiará la reforma en este campo.
La alta dependencia de los ingresos públicos en relación con el precio internacional del petróleo, la baja en el subsidio que mes a mes afecta y eleva el precio al público de las gasolinas, el incremento sostenido en el precio del gas LP y los crecientes costos de la energía eléctrica, deben convertirse en los principales factores de análisis para que, en el mediano plazo, la reforma tenga algún beneficio directo para el grueso de la población, que no tiene claro cómo es que teniendo una buena provisión de recursos energéticos propios se pagan precios tan elevados por los combustibles y energía de uso final.
La llegada de capital nacional, extranjero, gubernamental o privado es secundario siempre y cuando se garantice que el beneficio de esta actividad alcance a los propietarios de los recursos energéticos y que los precios finales al consumidor frenen su espiral de crecimiento y, en algunos casos, la falta de abasto.
Es el momento de mirar al capital como un insumo fundamental para hacer que el sector se reactive e impulse a la economía nacional, generando beneficios tangibles para el consumidor final y no sólo utilidades para las empresas nacionales o extranjeras que decidan arriesgar su capital y esfuerzos en un sector que es por demás rentable.
La sustentabilidad en la explotación de los recursos, el abatimiento de los elevados precios, y la generación de beneficios económicos para la nación deben ser las prioridades. De no lograrse cuando menos estas metas fundamentales, esta oportunidad histórica para potenciar el crecimiento económico de México se estaría comprometiendo al fracaso.
Opinión