Opinión

Legitimar aumentos

 
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Protestas contra el gasolinazo. (Cuartoscuro)

El aumento de precio en las tarifas de los bienes y servicios públicos genera de manera automática un rechazo por parte de la sociedad que percibe estas medidas como un robo a su patrimonio por parte del gobierno, el cual intenta justificar los incrementos a partir de los beneficios que la sociedad recibiría en el futuro a cambio de estos sacrificios. México es uno de los países en donde el pago de impuestos como proporción del PIB sigue siendo muy bajo, y por ello la necesidad de elevar la recaudación de una u otra forma. La reforma fiscal y la agresiva actitud del SAT durante la gestión de Aristóteles Núñez hicieron gran parte de este trabajo, aunque insuficiente ante la caída de precios y producción petrolera y el aumento de la deuda pública.

La necesidad de importar la mitad de la gasolina que consumimos revivió de facto el subsidio a este energético cuando los precios internacionales repuntaron y la devaluación del peso hicieron incosteable el precio fijado por Hacienda. Por ello la necesidad de adelantar la liberación y la competencia, en un acto abrupto de vinculación de las gasolinas a los mercados internacionales. Por supuesto que hubiese sido ideal liberar el energético en un momento de precios bajos, pero la realidad no lo permitió. El alto impuesto que se paga por el combustible le permitirá a Hacienda una mayor recaudación y reducir así la presión sobre el crecimiento de la deuda.

El problema es que esto incide de manera importante en el poder adquisitivo de grandes sectores de la población. Pasar de una inflación de 3.0 a una de 5.0 por cieno, aunque parecería un incremento menor, representa un fuerte golpe para aquellos grupos que habían aumentado su poder de compra gracias a la baja inflación y a un limitado pero constante ascenso en su salario por encima del alza de precios. Suponer que podríamos entrar en una espiral de aumentos salariales y como consecuencia incremento en precios de bienes y servicios, sólo sería en perjuicio de los asalariados como sucedió en el pasado.

Contener los abusos que se generan a consecuencia del alza energética es prioritario para evitar no sólo el desbordamiento social, sino un efecto adicional que presione precios más allá de lo normal y pueda dañar la estabilidad macroeconómica alcanzada tras largos años de disciplina y esfuerzo. El otro elemento a considerar radica en la necesidad urgente de impedir que estos recursos adicionales procedentes del incremento a los combustibles terminen en manos de los gobernadores, sin que exista vigilancia o supervisión alguna en el manejo de los mismos. La presión social debe ejercerse sobre diputados y senadores y también sobre el gobierno federal para evitar que el saqueo del erario continúe impunemente como hasta ahora.

Por supuesto que es importante explicar los motivos de dejar de subsidiar la gasolina en el marco de la reforma energética, pero nada podrá convencer a una ciudadanía enojada que no sean resultados tangibles de la honestidad gubernamental, la rendición de cuentas y el fin de la impunidad como sistema. En este 2017 con elecciones en tres entidades, pero principalmente en el Estado de México, la tentación por embarrar dinero a diestra y siniestra para asegurar el triunfo puede resultar contraproducente en la medida en que esta combinación de malestar social, producto de factores como la inseguridad y la impunidad, aunado al aumento de los precios de los energéticos, podría generar el efecto inverso beneficiando más a la oposición que al mismo partido en el gobierno. Hoy hay que legitimar medidas que si bien son necesarias, no pueden ser aceptadas por la sociedad si no existe un cambio en la forma y el fondo de la aplicación de las mismas. México no es el mismo de hace unas décadas y el gobierno debe entenderlo así.

Twitter:@ezshabot

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