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01 septiembre 2017 5:0
 
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Seguridad

Apenas el miércoles pasado fue la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para más detalle, el máximo órgano que tenemos en México para determinar las políticas y acciones en esta sensible materia. También fue mi última participación como uno de cinco invitados permanentes de la sociedad civil, un cargo honorífico que dura dos años.

Retomo algunos de los puntos principales que le compartí en la sesión al Presidente de la República, a su gabinete de seguridad, a los representantes de los tres Poderes de la Unión y a los gobernadores del país, para convocar a la reflexión sobre lo que cada uno puede hacer por la seguridad y por México.

Primero, creo que estamos en el momento más complejo y adverso. A los problemas internos se le han sumado amenazas del exterior, y ahora veremos si la renegociación del Tratado de Libre Comercio no se empata con el proceso electoral de 2018.

A pesar de ciertos avances que debemos reconocer, en particular el diagnóstico sobre los cuerpos policiacos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o el aumento en la calidad de los datos de Plataforma México, todavía tenemos pendientes relevantes.

Desde la definición sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden, hasta proporcionar derechos mínimos a los buenos policías, algo que hoy ni siquiera la Constitución contempla.
Ahora que las cifras sobre la pobreza en el país fueron publicadas, es importante señalar que mientras no se proporcionen servicios de salud y de educación de calidad, vivienda, trabajo y salarios dignos, la oferta del crimen organizado será más atractiva para muchos mexicanos que la del camino de la legalidad.

Si no comprendemos que el delito es un negocio que se nutre de las complicidades, de la impunidad, de las fallas de coordinación y de la corrupción en todos los niveles de gobierno, entonces no será posible combatirlo con eficacia.

Para muestra están los exgobernadores –y hasta un fiscal– que se sentaron en la misma mesa que nosotros y ahora enfrentan múltiples cargos penales por desvío de fondos y delincuencia organizada.

Falta poco más de un año para que cambie el gobierno actual. Son 15 meses que bien podrían utilizarse en consolidar el sistema de justicia penal y evitar la “puerta giratoria”, que tanto daño le hace a la confianza ciudadana.

Sin duda, este sistema político necesita una sacudida, pero por la vía de la democracia y la fortaleza de las instituciones. De otra forma, los obstáculos para garantizar un estado de derecho pleno, persistirán. 

Twitter: @LuisWertman

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